Pedro Sánchez y Salvador Illa, en una imagen de archivo
Cuela una cesión «soterrada» en el 'decretazo' de la subida retributiva
Sánchez usa a los funcionarios locales de Cataluña como «moneda de cambio» para recuperar el favor de Junts
El Gobierno ha transferido las competencias de los Habilitados Nacionales a la autonomía cogobernada por ERC y Salvador Illa, a través de una nueva «operación sin diálogo» y un «uso instrumental de la legislación»
A través de un mecanismo de urgencia, que no existe, y en pleno intento del presidente Pedro Sánchez por recuperar el favor de Junts y los separatistas catalanes, para el resto de la legislatura, el Gobierno ha 'colado' en el decreto aprobado para la subida de la retribución de los empleados públicos una nueva cesión de competencias para Cataluña, en materia de Administración Local, a través del cambio de régimen de los funcionarios adscritos a dicha jurisdicción «con habilitación de carácter nacional»
Una maniobra «legislativa» orquestada sin el «diálogo» del Ejecutivo con los funcionarios afectados y que permitirá a la Generalitat de Salvador Illa y ERC, así como a los alcaldes del partido de Carles Puigdemont –que siguen teniendo una presencia mayoritaria en ámbitos municipales– controlar a los secretarios, interventores y tesoreros de los ayuntamientos catalanes, con la consabida «pérdida de independencia» de los mismos y la «fragmentación» de un Cuerpo que, hasta la fecha, actuaba en toda España bajo el paraguas del Estado.
Para ello, además, Sánchez ha incurrido en la inclusión de una materia «carente de conexión material con la materia regulada» en el 'decretazo' original, lo que «supone un grave menoscabo del régimen jurídico del Cuerpo y una vulneración frontal del marco constitucional que lo protege», tal y como han denunciado desde la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (APSITAL).
«El Gobierno ha decidido sacrificar la imparcialidad y la independencia de los habilitados nacionales para asegurar apoyos parlamentarios, convirtiéndonos, de facto, en moneda de cambio», han afeado en un comunicado emitido, esta misma tarde, por la entidad asociativa.
Llegados a este punto, cabe recordar que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 25/1983, ya estableció cómo la selección y adscripción de los cuerpos nacionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros es competencia exclusiva del Estado, por formar parte del núcleo de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. De manera que la medida aprobada por el Consejo de Ministros podrá ser recurrida ante la Corte de Garantías.
Desde el pasado día 14 de enero, tras el pacto alcanzado entre el Ministerio de Función Pública y la Generalitat, desde ASPITAL han venido anticipando «un vaciamiento competencial» de los funcionarios locales, «mediante una encomienda de gestión utilizada en fraude de ley».
«La forma escogida para materializar esta cesión», que ha sido incluida de forma «soterrada, en un Real Decreto-ley destinado a las retribuciones del personal público, añade »un elemento de gravedad institucional« a la evidente vulneración de los principios de »independencia, objetividad y profesionalidad que justifican la existencia del Cuerpo de Habilitación Nacional".
Los funcionarios ya han advertido que no se quedarán cruzados de brazos ante lo que califican de «un uso instrumental de la legislación de urgencia» que «contribuye a debilitar la seguridad jurídica, diluye las garantías del modelo y traslada a la ciudadanía la imagen de un Estado dispuesto a fragmentar cuerpos nacionales esenciales para el control de la legalidad en las entidades locales», a cambio de intereses políticos y partidistas particulares.
