Ábalos invoca el lawfare del Supremo para pedir su inmediata puesta en libertad

«Toda privación de libertad cautelar se sujeta al principio de excepcionalidad, siendo prioritaria la exploración de alternativas menos restrictivas. Cuando se pasa de una situación a otra sobre la base de vaguedades y excusas procesales, no se está respetando el artículo 17 de la Constitución española. El riesgo de fuga debe ser real, palpable y reconocible por cualquier tercero, incluso lego en derecho», defiende el recurso presentado por la defensa del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos para instar la inmediata puesta en libertad de su cliente, en prisión provisional desde hace una semana.

Al igual que ya sucediera en el caso de su sucesor en el cargo de secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán –y como también invocaran tanto la Abogacía del Estado, como la Fiscalía, en la causa que ha llevado a la condena del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al hablar de una «instrucción prospectiva», basada en una «presunción de culpabilidad»– Ábalos ha impugnado su entrada en la madrileña cárcel de Soto del Real, por el 'caso PSOE', señalando al magistrado Leopoldo Puente, tras acordar la medida cautelar solicitada por Anticorrupción, por lawfare. No en vano, en el escrito registrado por los abogados contra el auto que ordenó la pérdida temporal de su libertad, hasta la celebración del juicio, Ábalos afirma que Puente ha aplicado un «uso irrazonable del derecho» en «base» a una serie de «vaguedades y excusas procesales» que no se corresponden con la realidad.

Ábalos niega el riesgo de fuga que motivó la decisión judicial y, para ello, ha vuelto a utilizar los mismos argumentos exhibidos en la vista especial convocada para decidid sobre su actual situación procesal: sus «vínculos laborales, familiares y sociales» de Ábalos que continúa conservando su acta como diputado. Además, la representación letrada de Ábalos ha apelado a la responsabilidad que el exministro tiene sobre un «hijo menor que está a su cargo los fines de semana»; y, ha asegurado que el exdirigente socialista «tiene residencia fija en territorio español, sobradamente conocida por todos».

En este contexto, su defensa ha insistido en que «cuando se aleja la medida adoptada de los límites del sentido común, se acerca a un uso irrazonable del derecho, que es, cabalmente, lo que aquí ha ocurrido».

Fue el pasado jueves cuando el magistrado instructor, Leopoldo Puente, acordó enviar al exministro Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por el riesgo «extremo» de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel.