Hablan los juristas: «No hay alternativa a la España constitucional de la generosidad, el acuerdo y la concordia»

«Precisamente porque no vivimos los mejores momentos, lejos de apuntar sus insatisfacciones, y según algunos, hasta su pérdida de vigencia, es el momento de reivindicar, desde el justo agradecimiento y las incuestionables conquistas alcanzadas, sus incontrovertidas bondades y sus contrastados logros», reflexiona Pedro González-Trevijano, ex presidente del Tribunal Constitucional. «A saber: la forja de una España constitucional asentada en la generosidad, el acuerdo, la transacción y el espíritu de concordia que ha logrado un desarrollo institucional, político y económico desconocido frente a un histórico constitucionalismo de sectaria bandería cuando no de cainita enfrentamiento», añade.

«Lo que no quiere decir que sea perfecta, ninguna obra humana lo es, y de que presente con el transcurso del tiempo los inevitables problemas de acomodación que todas las Constituciones de nuestro entorno asimismo presentan. Pero muchas de nuestras desafecciones no encuentran su causa directa en sus imperfecciones y déficits, que los hay, como en la ausencia de cumplimiento e incluso de violación por parte de unos operadores políticos enfrascados en una indeseable confrontación y en un desprecio hacia los verdaderos intereses generales de una Nación hoy tan tristemente descreída como desvertebrada», señala Trevijano.

Y, así las cosas, «¿cuál es la alternativa?», se pregunta. «Ninguna», avanza. «¿Saben por qué? Porque no hay alternativa a la democracia constitucional asentada en el respeto a las minorías, el control político y la coparticipación de todas las sensibilidades en el gobierno de nuestra 'res publica'. Sólo cuando regresen, que llegarán, otros vientos de bendita normalidad, será el momento de abrir un proceso constituyente en el que participen las nuevas generaciones y de satisfacción a las realidades sobrevenidas», sentencia el ex magistrado.

Un «pacto democrático» de superación

Para Daniel Berzosa, doctor en Derecho Constitucional, la salud de nuestra Constitución «se reconoce en la firmeza con la que sigue articulando nuestra convivencia, más de cuatro décadas después». «Su vitalidad depende de que los poderes públicos observen con rigor sus límites, de que los procedimientos que establece se respeten sin atajos y de que los ciudadanos perciban en ella un marco seguro y neutral», advierte el profesor. Para quien, «cada vez que se fuerza una institución, se desnaturaliza una garantía o se relativiza un principio básico —sea la separación de poderes, el pluralismo político o la igualdad ante la ley—, la Constitución se resiente».

«Su fortaleza no es abstracta», por lo tanto, y «se verifica en el cumplimiento cotidiano de su letra y, sobre todo, de su espíritu. Poner en valor la Constitución española implica recordar que no es una reliquia, ni una simple acumulación de artículos, sino un pacto democrático que permitió superar fracturas históricas y consolidar derechos, libertades y controles del poder».

De tal manera que «su función es asegurar que ninguna mayoría coyuntural pueda reescribir las bases del sistema sin los consensos cualificados que la propia Constitución exige». Y, «defenderla es, en consecuencia, un ejercicio de responsabilidad institucional y cívica: significa respetar los procedimientos de reforma, salvaguardar la independencia judicial, cuidar el pluralismo territorial y proteger el marco de garantías que nos ha permitido vivir en la etapa más prolongada de libertad y estabilidad de nuestra historia contemporánea», reflexiona Berzosa.

«Necesaria, acertada y adecuada»

De hecho, analizar la Constitución «a toro pasado, como se suele decir» nos condenaría a un «sesgo retrospectivo» de la misma, declara José María Macías, magistrado del TC. Para el jurista, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «las decisiones que se adoptaron en el año 78 sobre cómo debía ser la Constitución no pueden evaluarse con el conocimiento que se tiene hoy de los hechos». Y, mucho menos, «en una materia constitucional en la que la construcción de la norma era compleja en sí misma porque suponía, después de 40 años de dictadura, intentar construir un marco participativo de los ciudadanos que no había sido ensayado con carácter previo en España, que no se sabía cómo iba a resultar, ni cómo iba a ser acogido por la población».

«Eso explica, por ejemplo», apunta Macías, «que determinados aspectos de la Constitución, como su Título 8.º, sean tremendamente abiertos» y que haya sido la Corte de Garantías, «con su jurisprudencia», la que ha ido« acotando», más o menos, algunos aspectos. Aún así, «nuestra opción en el 78 para mí era la necesaria, la acertada y la adecuada», sostiene el magistrado.

En cambio, si «hablamos de lealtades, pues no todo el mundo es leal con la Constitución y quizás sí que sea necesario un texto ya más claro, más definido, más decidido, en el que la lealtad constitucional sea una exigencia que se imponga a todos los niveles y con límites al alcance de esa lealtad y consecuencias claras en el caso de que ese esa lealtad se defraude». «Mejorando, en todo caso, los mecanismos para que si las reacciones contra la Constitución se producen desde dentro del propio Estado –y el Estado es el Gobierno, es el Congreso, son parlamentos de las Comunidades Autónomas,... –pues se pueda reaccionar de una manera más adecuada a la que ha permitido el texto de 1978 hasta ahora», sugiere Macías.

Sus «límites se están debilitando»

En relación con esta última reflexión, y coincidiendo con el 47º aniversario de su aprobación, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) advierte del deterioro sostenido del Estado de Derecho que afecta, de manera especialmente preocupante, a las democracias consolidadas, las cuales están sufriendo «un retroceso global y acelerado en ámbitos como la independencia judicial, la calidad normativa y el equilibrio de poderes».

«La Constitución nació para poner límites al poder», subraya el decano del ICAM, Eugenio Ribón. Límites que, según su último informe técnico sobre la Constitución Española, «se están debilitando dentro y fuera de España», donde "la defensa del Estado de Derecho ya no es una cuestión académica, sino de plena actualidad informativa y social”.

Ante este escenario, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid reivindica el papel de la abogacía como garante democrático y lanza una llamada de atención sobre los riesgos de deslegitimación institucional, cuyas dinámicas analiza de manera exhaustiva en un número especial de su revista Otrosí dedicado al Estado de derecho.

«El objetivo es ofrecer una radiografía sintética, documentada y comparada de la recesión democrática que describen los principales índices internacionales y dimensionar el deterioro normativo e institucional en los últimos cinco años en todo el mundo», explica la Diputada del ICAM y presidenta del Consejo Editorial de Otrosí, Roberta Poza.

De ahí que para el decano Ribón: «La defensa del Estado de Derecho en este contexto no es una tarea delegable. Nos interpela como juristas, como ciudadanos y, especialmente, como institución colegial comprometida con la democracia y el servicio público». «La calidad de las leyes, la independencia de la justicia, la garantía de los derechos y libertades o la existencia de contrapesos reales no son», para Ribón, «cuestiones abstractas. Son la base misma de nuestra convivencia».