El Gobierno inicia el trámite para indultar a García Ortiz tras la petición de dos particulares

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene sobre la mesa la primera petición de inculto para Álvaro García Ortiz, el que fuera fiscal general del Estado que fue condenado el pasado mes de noviembre por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos sobre Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además fue condenado a pagar una indemnización de 17.200 euros.

Según ha publicado el diario El País, esta petición la han presentado dos ciudadanos particulares y el Ministerio de Justicia, que es la institución que recibe este tipo de peticiones, ya ha iniciado el trámite legal pidiendo al Tribunal Supremo que emita un informe. Se trata del procedimiento habitual en este tipo de casos, por lo que el Ejecutivo activaría de esta forma la maquinaria.

Los dos ciudadanos que han presentado esta solicitud apelan a «razones de justicia, equidad y utilidad pública» que contempla la ley de forma genérica para conceder el indulto, según informa El País. El Ejecutivo de Sánchez es el encargado ahora de valorar si se procede o no a este indulto, debido a que le compete otorgar esta medida de gracia. La petición puede afectar a todas las penas, parcialmente o que se sustituyan por otras. Los firmantes, en este caso, piden el indulto total para Álvaro García Ortiz.

La ley establece que, una vez que se recibe la petición de indulto, el Ministerio de Justicia está obligado a tramitarla. Que se conceda finalmente o no es otra cuestión y se tendrá que decidir más adelante. El proceso habitual implica pedir un informe al tribunal que condenó, en este caso el Tribunal Supremo, para que pueda pedir opinión a la Fiscalía y a la parte agraviada, García Ortiz en esta ocasión.

La maquinaria ya ha sido activada y el Ministerio de Justicia, liderado por Félix Bolaños, ha trasladado esta solicitud de indulto al Supremo para que se pronuncie. El Alto Tribunal debe informar sobre la situación del condenado y de su causa, además de su «su conducta posterior y, especialmente, las pruebas o indicios de su arrepentimiento», además de informar sobre si la medida de gracia perjudicaría a terceras. Todo ello antes de que el Ministerio de Justicia se pronuncie sobre «la justicia o conveniencia» de conceder este indulto. El Supremo deberá además informar a la Fiscalía, que durante todo el proceso judicial defendió a García Ortiz, y a González Amador, al haber sido la víctima del delito.

Una vez recabado el expediente, el ministro de Justicia tendría que llevarlo al Consejo de Ministros, que no estaría condicionado por los informes emitidos, puesto que son preceptivos y no vinculantes.

La ley no establece plazos para estos procesos, pero la duración de este tipo de procedimientos suele durar seis meses, pudiendo dilatarse en caso de que se acumulen varias peticiones que pueden solicitar el condenado, sus cercanos o cualquier otra persona.

Álvaro García Ortiz no tiene como única opción el indulto para libarse de la condena. Su defensa ya presentó un incidente de nulidad en el Tribunal Supremo, un recurso que en rara ocasión se suele conceder pero que es necesario para pedir amparo posteriormente al Tribunal Constitucional, donde se prevé que acabe el proceso. En esta instancia, las peticiones de nulidad suelen tardar entre seis meses y un año.

Garzón y Pallín piden el indulto

Esta petición de indulto de dos ciudadanos particulares se une a un manifiesto firmado por más de 150 juristas que arremeten contra la sentencia condenatoria al que fuera fiscal general del Estado. Entre sus firmantes aparecen exmagistrados del Tribunal Supremo como José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés, Joaquín Giménez o el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, condenado por prevaricación en el año en el año 2012.

Con el título Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia, magistrados, abogados, fiscales y catedráticos critican la decisión del Supremo de condenar a García Ortiz por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

«La sentencia no descansa en pruebas directas, sino únicamente en indicios, es decir, en conjeturas basadas en hechos indirectos», alega el texto, que recuerda que en un proceso penal «no bastan las sospechas, ni las imaginaciones: es preciso acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, exigencia que, en este caso, no se cumple».