Los efectos legales del 'decretazo' con el que el Gobierno regularizará a medio millón de inmigrantes

En plena crisis política del Gobierno por la gestión del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se producía a última hora del pasado domingo 18 de enero, dejando 46 fallecidos y decenas de heridos, el PSOE anunciaba, como una medida estrella, el pacto alcanzado con Podemos para regularizar la situación de medio millón de inmigrantes ilegales en nuestro país. Y lo hacía, además, esquivando el control parlamentario de la propuesta que, sin pasar por Congreso y Senado, entrará en vigor con el respaldo único del Consejo de Ministros, vía 'decretazo'.

Más allá de las críticas de los expertos a la herramienta que, el Ejecutivo ha utilizado, una vez más, para sacar adelante la norma de manera unilateral, pese a que no concurren motivos de extraordinaria y urgente necesidad, han trascendido las perversas consecuencias legales que tendrá la entrada en vigor del texto, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A partir de entonces, el polémico Real Decreto será de aplicación a todos los inmigrantes que, estando en situación ilegal en nuestro país, acrediten, como único requisito para ser incluidos en el paquete de 'papeles para todos', una permanencia superior a 5 meses. A partir de entonces tendrán, en primer lugar, acceso al sistema administrativo español completo. Esto es: empadronamiento estable, del que se extraen los censos para las convocatorias electorales (si bien, hasta la adquisición de la plena nacionalidad, salvo quienes previamente fueran ciudadanos europeos, no podrán ejercer el derecho al voto); sanidad completa; escolarización,...

En segundo término, a partir de dicho momento, no podrán ser expulsados, de acuerdo con la normativa aplicable a los nacionales de terceros países que delincan en suelo español, incluso aunque se trate de conductas tipificadas como graves o muy graves.

Y, además, se habilita el acceso, para todos ellos, a la reclamación de la reagrupación familiar, lo que les permitirá traer consigo a España a sus hijos u otros familiares que dependan de ellos. Por lo que la cifra final de llegados a nuestro país, será muy superior a los 500.000 iniciales.

Una imposición al margen del Congreso

Una inclusión sin precedentes en nuestra historia democrática. No en vano, hasta la fecha, todos los procesos de regularización masiva de inmigrantes ilegales siempre habían pasado por el filtro de las Cortes Generales que, una vez avalada la implantación, entregaba al Gobierno el mandato de ponerlo en práctica, a través de los correspondientes Reales Decretos.

La única excepción a dicha dinámica habitual llega de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2005, a través del Real Decreto 2393/2004.

Un precedente de iniciativa propia del Gobierno que, ahora, ha sido invocado por los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha dado origen a esta imposición, sin necesidad de ser convalidada, para salvar el bloqueo parlamentario, ante la falta evidente de apoyos del PSOE en el Congreso.

Sin embargo, entre ambos escenarios, el de Zapatero y el actual de Sánchez, se da una diferencia sustancial: en aquella ocasión, para la regularización de extranjeros ilegales se utilizó un criterio vinculado al mercado laboral, de tal manera que eran los empresarios quienes, presentando un contrato de trabajo firmado con el futuro trabajador extranjero, en situación irregular, quienes daban el paso para facilitar su legalización. Ahora, la única condición es la permanencia física en territorio nacional, durante 5 meses o más. Una diferencia de planteamiento jurídico que tiene efectos diferentes en los dos casos.

Y es que, mientras la regularización masiva apoyada en una relación de contrato laboral proporcionaba al Gobierno una base legal reglamentaria específica para ejercer sus competencias en materia de extranjería. la que se nutre de una declaración de estancia continuada queda desprovista del paraguas del Poder Legislativo del Parlamento.