Aldama, Koldo y Ábalos
La UCO apunta que la trama de hidrocarburos se infiltró en la cúpula de Transportes, Industria y Transición Ecológica
Sitúa a Aldama y al dueño de Villafuel, Claudio Rivas, como máximos dirigentes de la presunta organización criminal
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas como presuntos cabecillas de la trama de hicrocarburos vinculada a Villafuel que investiga la Audiencia Nacional, indicando que no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico.
En un nuevo informe, la UCO describe «una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector».
Los investigadores precisan que, «de forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas».
La Benemérita no alberga duda de que «la máxima dirección de esta organización criminal» eran Aldama y Rivas, el dueño de Villafuel. «Ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras», afirma.
Y asegura que hay «indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico».
La infiltración se habría vehiculado a través de Aldama, «persona con acceso al entorno» de Ábalos, con la finalidad de «influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a la Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos». «Todo ello a cambio de una contraprestación económica», subraya.
El cabecilla de la trama Ábalos, Víctor de Aldama
Respecto a la «anuencia» de Ábalos y la contraprestación que habría pactado a través de Aldama con Rivas, la UCO destaca una conversación mantenida con Koldo García, el 27 de diciembre de 2020, «un día antes de la primera reunión de la organización criminal en el MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo».
La Guardia Civil recalca que Koldo le remitió «cuatro enlaces del portal inmobiliario Idealista relativos a propiedades en venta, entre las cuales se incluía la que, meses más tarde, la organización criminal entregó y puso a disposición de Ábalos, en La Alcaidesa (Cádiz)».
Asimismo, la UCO sostiene que dicha colaboración también «se evidenció de forma particularmente clara en los flujos financieros» que, partiendo de Rivas y «contando en algunos casos con la intermediación de (la empresaria) Carmen Pano», acababan «en poder» de Aldama y en alguna ocasión serían entregados a «terceros».
En este punto, los agentes recuerdan que Pano en sede policial y judicial «manifestó haber hecho entregas en efectivo en un marco temporal concurrente con las primeras reuniones formales» en la sede del Ministerio de Turismo.
Según recoge el informe, «los contactos iniciales que dieron lugar a las primeras reuniones fueron dinamizados a través de Koldo, quien facilitó las gestiones con Juan Ignacio Díaz Bidart, director de gabinete de la ministra de Industria, Comercio y Turismo», Reyes Maroto.
La Benemérita subraya que «parece» que Díaz Bidart «podría haber sido designado por Ábalos para mantener la interlocución institucional con los miembros de la organización criminal».
«En este punto, resulta pertinente señalar que la designación efectuada por Ábalos respecto al cargo político del MINCOTUR que se encargaría de ejecutar las órdenes del ministro habría obedecido, en un primer memento, a una confusión por parte de la organización criminal, al atribuir erróneamente al citado Ministerio la competencia sobre la gestión que requerían», apuntan los agentes.
