La UCO destapa nuevos pagos en efectivo de la trama hidrocarburos que salpica a tres ministerios y tuvo conexiones con Venezuela

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destapaba, este jueves, en un nuevo informe de situación sobre la trama de hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional, las maniobras orquestadas por los presuntos cabecillas de la operativa vinculada a la empresa Villafuel, de la que es propietario Claudio Rivas, socio de Aldama, para a través del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, influir en las carteras de Industria, Comercio y Turismo, durante el mandato de Reyes Maroto; y, Transición Ecológica y Reto Demográfico, de la que era titular Teresa Ribera, agilizando así la concesión de licencias de explotación de crudo, vinculado con Venezuela, a cambio de comisiones irregulares.

A lo largo de las cerca de 200 páginas que conforman el análisis de la metodología empleada, los agentes de la UCO describen cómo la «organización criminal¡» identificada en esta pieza judicial disponía de una «estructura» societaria que se encargaba del «perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas». Una red que apunta a altos cargos de los tres ministerios descritos y organismos públicos dependientes de los mismos, entre ellos, el jefe de gabinete de Maroto, que habría actuado como intermediario en las actuaciones indebidas para agilizar las «resoluciones administrativas» que concedieron a Villafuel el permiso para operar en el mercado mayorista del combustible, incumpliendo «los requisitos legalmente exigidos» a otras sociedades.

Una red que puso en marcha su operativa a finales de 2020 gracias a la ascendencia de Aldama en Ábalos y, a su vez, la intervención de este último en favor de los intereses de la operativa ilícita, a través del Departamento de Transición Ecológica, que era el competente para conceder o retirar la licencia de actividad a las empresas.

De hecho, la UCO describe cómo Aldama ofreció «sus contactos en el Gobierno» para ayudar a Rivas y sus socios, entre ellos las empresarias Carmen Pano y su hija Leonor González que reconocieron tanto ante notario, como ratificaron posteriormente en su declaración judicial, haber visitado Ferraz, hasta en dos ocasiones, portando 45.000 euros en efectivo, en cada una de ellas, por orden del comisionista, para facilitar la operativa.

Los jefes de gabinete de dos ministras

Según recoge el informe, «los contactos iniciales que dieron lugar a las primeras reuniones fueron dinamizados a través de Koldo, quien facilitó las gestiones con Juan Ignacio Díaz Bidart», entonces director de gabinete de Maroto, del que la UCO dice que «podría haber sido designado por Ábalos para mantener la interlocución institucional con los miembros de la organización criminal».

La Guardia Civil recoge una «reunión informal» a las 21:00 en el restaurante madrileño 'La Tragantía', «al menos», entre Díaz Bidart, Aldama, el entonces asesor de Ábalos, Koldo García, y «una cuarta persona cuya identidad se desconoce».

La «primera reunión» oficial con Industria se produjo poco después, ese 28 de diciembre. «Me ha llamado mi madre para contarme la reunión de hoy con Industria. Está todo hecho, que no nos preocupemos por los permisos, que está ya hecho», escribió la hija de Pano a su entonces pareja, Natán González.

De ello, la UCO deduce que «finalizó de modo bastante satisfactoria para los intereses de la organización criminal», que asegura que «era plenamente consciente de que no cumplían» los requisitos legales.

El Instituto Armado plasma que «el principal obstáculo que la organización criminal pretendía sortear» era la obligación de disponer de los tres millones de euros que necesitaban acreditar ante el MITECO.

Los agentes también recalcan que Koldo contactó con Marc Pons, director de gabinete de Ribera, durante la tramitación del expediente de Villafuel, y tras diversos requerimientos para subsanar «las deficiencias advertidas».

La UCO sostiene que el 8 de abril de 2021 Koldo reenvió a Pons una imagen con los datos de registro de la documentación sobre Villafuel. Dicha fotografía se la había reenviado Aldama a Koldo dos días antes, cuando ambos mantuvieron una reunión en el Ministerio junto a Rivas para «tratar temas relacionados con la validación del contenido de la declaración responsable que otorgar a la autorización de operador mayorista de hidrocarburos a Villafuel».

Los agentes aseguran que el hecho de que Koldo le enviara la imagen a Pons, «sin que mediara comentario alguno, sugiere que dicho envío obedeció al resultado de una conversación previamente sostenida entre ambos».

Según la Guardia Civil, el 8 de julio de ese año Koldo volvió a contactar con Pons para solicitar una reunión para entregarle unos documentos relacionados con una solicitud.

El Instituto Armado ve «llamativa» esta reunión al considerar que no parecía necesario el encuentro para recibir «papeles» porque ya sabía de la existencia del expediente y tenía «capacidad para disponer y tener acceso al mismo por los cauces ordinarios de su Ministerio». Dos días después, Ábalos fue cesado como ministro de Transportes.