El grupo de Leire Díez se embolsó sobrecostes del 50 % de 2 contratos de Enusa con Acciona

El grupo criminal que supuestamente conformaban la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propietario de Servinabar, Antxon Alonso, se embolsó sobrecostes del 50 % de dos contratos de la empresa pública Enusa adjudicados a Acciona, empresa investigada en el caso Koldo, según sostiene la Guardia Civil.

En este caso, los tres investigados «habrían ideado un plan para viabilizar esta operación» y favorecer que Acciona se hiciese con dos explotaciones de Enusa: una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón. Una mediación por la que obtuvieron pagos por un total de 17.545 euros que fueron canalizados a través de un despacho de abogados.

Esta es una de las cinco operaciones bajo sospecha de las que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dado cuenta al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña y que motivaron las órdenes de detención de estos tres investigados por malversación, tráfico de influencias y organización criminal, y que posteriormente quedaron en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

Según consta en una diligencia de información que contiene los elementos esenciales de las actuaciones, emitida por el juzgado y a la que ha tenido acceso Efe, Díez, Fernández y Alonso conformaban un grupo autodenominado Hirurok ('nosotros tres', en euskera) que se habría dedicado a orientar «diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros».

Para ello, se aprovechaban de su «posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública» para obtener «el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones». En las cinco operativas analizas las mordidas para los tres sumarían al menos 750.614 euros.

Los fondos los canalizaban supuestamente a través de la mercantil Mediaciones Martínez «mediante contratación y facturación mendaz», según el citado escrito del juzgado. Esta actividad se habría prolongado entre 2021 y 2023.

Colaboración de distintos cargos

En esas cinco operaciones investigadas, los componentes del grupo habrían obtenido «decisiones favorables a sus intereses» de diversas Administraciones públicas y a través de diferentes cargos públicos. En concreto, en empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En lo que respecta a la mediación para que Acciona se hiciese con esas dos explotaciones, el grupo contactó con varios directivos de Enusa -dependiente de la SEPI y en la que Leire Díez tuvo un puesto como responsable de comunicación coincidiendo con Vicente Fernández al frente de la sociedad de participaciones-.

LA UCO considera que el grupo Hirurok tuvo la capacidad de decidir sobre la contratación por parte de Enusa del despacho de abogados SDP Carrillo Y Montes, «con la finalidad aparente de dar soporte jurídico al desarrollo de la operación».

Sobrecostes en las adjudicaciones

También observa que se habrían introducido una serie de sobrecostes del 50 % del importe del contrato -cuya cuantía no consta en este escrito- que, posteriormente, habrían sido canalizados hasta sociedades de la órbita de Hirurok.

En aparente correlación, se habrían materializado una serie de pagos por parte del referido despacho a Mediaciones Martínez por un importe total de 17.545 euros (IVA incluido).

Otra de las operaciones bajo la lupa de los investigadores es una «ayuda» por parte de la empresa pública Sepides a la sociedad Arapellet de 17,32 millones de euros.

El grupo Hirurok, a cambio de un pago de 200.000 euros, habría contactado con cargos de Sepides para que se aprobara dicha inversión en Arapellet, perteneciente al grupo Forestalia.

Otra de las adjudicaciones millonarias en la que supuestamente mediaron fue en la de un contrato público por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de la UTE Construcciones Y Excavaciones Erriberri y Afesa Medio Ambiente, por un importe de 2,8 millones de euros.

En este caso, a través del presidente de la Mesa de Contratación, los investigados habrían intervenido en el proceso de adjudicación a cambio de 400.000 euros, que fueron canalizados al grupo en algunos casos a través de operativas que tenían la aparente finalidad de encubrir el origen de los fondos y provocar una desconexión entre este origen y sus destinatarios finales.

También obtuvieron beneficios de la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a la sociedad Tubos Reunidos por un valor de 112,8 millones de euros. La UCO calcula que Hirurok consiguió por ello un total de 114.950 euros.

Finalmente, también se les investiga por la adjudicación de un contrato de 18.119 euros por parte de Mercasa en favor de Servinabar, de la que se considera que el exsecretario de Organización Santos Cerdán era copropietario junto a Antxon Alonso.

En este caso, los investigados en connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública, diseñaron una operativa, por la que justificaron de forma «mendaz» la necesidad de un cambio en la sede de Mercasa y con ese fin se contrató a Servinabar para que emitiera «un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa, cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede».