La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional
El juez retira el pasaporte a Leire Díez y la deja en libertad como había pedido la Fiscalía
También han quedado en libertad el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso
El juez ha dejado en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE, Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán, tal y como había solicitado la Fiscalía.
Fuentes jurídicas han informado de que la fiscal ha solicitado la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado para los tres tras comparecer ante el magistrado en una causa abierta por presuntas irregularidades en contratos públicos. El juez ha aceptado estas medidas cautelares y ha puesto a los tres cargos en libertad.
Todos ellos están siendo investigados por los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, en el marco de una causa secreta en la que se investigan irregularidades en contratos públicos.
Díez, Fernández y Alonso fueron arrestados este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de sendas órdenes de detención del juez, que mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario.
La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
El instructor ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que –según las pesquisas de la UCO– está vinculada a Cerdán.
Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Asimismo, se personaron en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información.
También se personaron para solicitar documentación en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que precisó que la Guardia Civil acudió a su sede para reclamar dos expedientes administrativos que han sido facilitados a los uniformados «con total colaboración», agregando que «fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos».
Además de ellos tres, en la causa se encuentra investigado el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, según anunció este viernes el PSPV. Fuentes elevan los investigados en estas pesquisas a más de una docena.
La exmilitante del PSOE también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, por presuntamente ofrecer favores a cambio de información sobre miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.
El juez Artuzo Zamarriego considera que la exconcejal socialista «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para «recabar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».
Díez declaró el pasado 17 de noviembre ante el juez que mantuvo dos reuniones con Cerdán, aunque señaló que fue como periodista y que no tiene ningún vínculo con el partido ni ofreció favores. E hizo un repaso por su vida laboral.
Servinabar pagó a Fernández
Por su parte, Fernández fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018, cargo del que dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar, por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina, pero del que fue absuelto este año.
Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo sobre la información tributaria de Servinabar.
En esos documentos se detalla que Fernández recibió de la empresa un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022.
Alonso, administrador único de Servinabar, está siendo también investigado por el Supremo en la pieza del caso Koldo relativa a la presunta trama de amaños de obra pública.
