Las sombras del voto por correo resurgen al inicio del ciclo electoral y tras el robo de papeletas en Extremadura

En la madrugada del miércoles 17 al jueves 18 de diciembre se produjeron tres robos en sendas oficinas de Correos de Extremadura, y en una de ellas se sustrajeron 124 votos por correo, que se encontraban en una caja fuerte junto a 14.000 euros. La Guardia Civil encontró después las papeletas quemadas y esparcidas, mientras que el dinero había desaparecido.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseveró que la situación era de una «extraordinaria gravedad» y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de «no ofrecer garantías en un aspecto tan básico para preservar la salud democrática de nuestra Nación». A su vez, el líder de Vox, Santiago Abascal, advirtió que «estamos ante una mafia corrupta» que es «capaz de cualquier cosa, incluso de alterar el censo electoral y de manipular resultados electorales para permanecer en el poder». «La debacle del PSOE va a ser de tal magnitud que van a ser muchas las papeletas que van a tener que robar», añadió.

Los ‘populares’ también plantearon una ofensiva parlamentaria exigiendo a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y al presidente de Correos, Pedro Saura, que comparezcan de forma urgente en el Congreso de los Diputados para que expliquen los hechos.

En lo que se refiere a la custodia de los votos emitidos por correo, hasta su entrega en la correspondiente Mesa electoral el día de las elecciones, ésta se efectúa con las máximas garantías de seguridadCorreos

El pasado 12 diciembre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró en Correos –además de en los Ministerios de Transición Ecológica y Hacienda– por presuntas irregularidades en contrataciones públicas de la SEPI y en un caso que está investigando bajo secreto de sumario la Audiencia Nacional. En el marco de esta misma causa agentes del Instituto Armado detuvieron dos días antes a Leire Díez, la fontanera de Ferraz que supuestamente trabajó bajo las órdenes de ex número 3 del PSOE Santos Cerdán para conseguir pruebas contra fiscales y miembros de la UCO, cuerpo encargado de las pesquisas en los casos de corrupción que afectan al entorno más cercano de Sánchez.

Antes de esto, el Gobierno designó a Díez, que entonces era militante socialista, en 2018 jefa de comunicación en la empres pública ENUSA, cargo que ocupó hasta 2021. Después entre 2022 y 2023 trabajó en Correos, llegando a ocupar el puesto de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales. En su mensaje de despedida de la compañía –que la ‘fontanera’ colgó en su perfil de Facebook– escribió: «¿Os acordáis del voto por correo de las pasadas elecciones generales? Pues ahí estuvimos mano a mano todo este equipazo junto a la inestimable ayuda del resto de compañeros y compañeras de sede central».

El mismo día que la UCO se personó en la empresa postal, la consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha y dirigente del PSOE regional, Sara Simón, denunció que durante las primarias de 2017 que llevaron a Sánchez a liderar el partido hubo «comportamientos que llamaban mucho la atención». De esta forma, aseveró que «cuando estábamos en el proceso de primarias para elegir a nuestro secretario general, en el que se enfrentaba el compañero Pedro Sánchez con la compañera Susana Díaz y el compañero Patxi López, veíamos en nuestra provincia cómo había agrupaciones en las que, de repente, en los censos aparecían 30 o 40 personas que no sabíamos de dónde venían».

«Obviamente, eso en ese momento no se pudo denunciar porque no sabíamos cómo habían ocurrido estas cuestiones ni tampoco quién era el responsable, pero eran comportamientos que llamaban mucho la atención. Y ahora, con todo lo que está pasando, con todo lo que está saliendo a la luz, con todo lo que estamos viendo, pues a lo mejor se explican muchas cuestiones de cosas que pasaban en ese momento. En agrupaciones en las que había cinco personas militando, de repente había 40», añadió, aunque unos días después retiró las palabras y aseguró que se arrepentía «profundamente».

El caso Leire, la postura del PP y la custodia

Después del estallido del caso Leire, Alberto Núñez Feijóo expresó en una entrevista en esRadio que «está acreditado que Sánchez, con sus compañeros, amañaron –en parte al menos– las primarias que le hicieron secretario general» del PSOE, al igual que «está acreditado que detrás de un biombo intentó modificar que no le echasen de secretario general». «Está acreditado que les gusta el fraude y lo han cometido», apostilló.

El jefe de la oposición resaltó que en el caso del voto por correo «el sistema puede tener algunas lagunas» debido a «que utilizado de forma torticera el sistema no está completamente blindado». A su vez, Feijóo indicó que «hay que extremar las garantías al máximo» a la vez que puso el foco en la «custodia», ya que solicitó saber «dónde se mantienen» las papeletas cuando son entregadas por los electores que votan por correspondencia. «Aznar hizo un ejemplo bastante bueno y sensato, si uno ha robado una joyería, por qué no puede robar un banco», añadió.

Por consiguiente, manifestó que desde el PP «hemos propuesto en la Junta Electoral Central (JEC) constituir un grupo de trabajo para revisar todo el sistema» del voto por correo. De hecho, el PP presentó un escrito a esta institución «la elaboración de un estudio sobre las garantías existentes y posibles mejoras en el traslado y custodia del voto por correo hasta su entrega a las mesas electorales el día de las elecciones».

En conversación informal con periodistas durante la copa de Navidad del PP de este mes de diciembre, Feijóo señaló tras la polémica de Extremadura que «la custodia se tiene que intensificar» debido a que «el voto es un documento público» que no se puede «dejar tirado en las oficinas». El jefe de la oposición, que fue presidente de Correos de 2000 hasta 2003, solicitó que las papeletas se manden «al centro de tratamiento postal», donde «sí hay seguridad 24 horas».

Los protocolos de Correos

En su respuesta al escrito del PP del mes de junio, la JEC señalaba que «la Administración electoral debe aplicar los procedimientos dispuestos en la legislación electoral en tanto no sean modificados por el legislador» ya que «a la Junta Electoral Central únicamente le corresponde aplicar la Ley Orgánica del Régimen Electoral y normativa de desarrollo, sin que tenga competencia normativa en la materia».

Por su parte, el 15 de diciembre el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden ministerial que establece las «obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones a la Asamblea de Extremadura que se celebrarán el día 21 de diciembre de 2025, y en las elecciones que se convoquen durante 2026». Esta norma recoge que «las Oficinas de Correos conservarán, hasta la misma jornada electoral, cualesquiera envíos dirigidos a las Mesas electorales, entregándolos a las nueve horas de dicho día a las Mesas respectivas con las formalidades correspondientes, según el tipo de envío».

«Correos adoptará las medidas oportunas y suficientes para la custodia de la documentación electoral que contenga los votos hasta su entrega a las Mesas o a las Juntas Electorales. De estas medidas se dará cuenta detallada a la Junta Electoral Central y al Ministerio del Interior tan pronto entre en vigor este acuerdo y también con motivo de cada proceso electoral convocado. La Junta Electoral Central podrá solicitar las modificaciones que estime oportunas en estas medidas, así como exigir otras adicionales», agrega sobre la custodia, aunque no concreta cómo son los protocolos por los que se guardan los votos por correo.

Tras las generales de 2026, la empresa postal se vio obligada a explicar «los procedimientos seguidos por el Servicio de Correos para la custodia de la documentación referente a los votos emitidos por correo». En este escrito, la compañía pública destacó que «esta Sociedad lleva un registro exhaustivo de toda la documentación certificada relativa al voto por correo, soportado por diversas aplicaciones informáticas, con las máximas garantías de seguridad y vigilancia continua».

Además, subrayó que «los envíos que contienen la documentación del voto por correo circulan registrados y cerrados, y su inviolabilidad se encuentra amparada por el secreto de las comunicaciones postales previsto en el artículo 18 de la Constitución española». «En lo que se refiere a la custodia de los votos emitidos por correo, hasta su entrega en la correspondiente Mesa electoral el día de las elecciones, ésta se efectúa igualmente con las máximas garantías de seguridad», apostilló.

En este contexto, Correos también reseñó que «las Juntas Electorales tienen la 'potestad disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con carácter oficial en las operaciones electorales'», y que «en el artículo 139 de la LOREG se dispone sobre ello que 'serán castigados con las penas de seis meses a dos años y de multa de seis a veinticuatro meses (...) los funcionarios públicos que incumplan los trámites establecidos para el voto por correspondencia'».

Todas estas sombras sobre el voto por correo resurgen justo cuando se ha iniciado un nuevo ciclo electoral. Además de Extremadura, en los próximos meses está previsto que se celebren elecciones autonómicas en Aragón, Andalucía y Castilla y León, sin que se pueda descartar la posibilidad de que se lleven a cabo unas generales.