El Gobierno oculta sus llamadas y whatsapps durante la dana mientras exige la dimisión de Feijóo tras hacer públicos los suyos

Sánchez esconde mensajes cruciales sobre la dana, pero la maquinaria socialista ha puesto el foco en las conversaciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Carlos Mazón, unos whatsapps que intercambió con el expresidente valenciano aquel fatídico 29 de octubre de 2024 y que ya puso a disposición de la jueza de la dana, pese a no tener ninguna responsabilidad a la hora de gestionar recursos. Sin embargo, la postura de los socialistas, especialmente, de los valencianos, no es más que un ejercicio de cinismo, pues el Gobierno ha escondido de forma reiterada las comunicaciones y conversaciones que mantuvo durante las horas más críticas, tal y como consta en la documentación a la que ha venido accediendo El Debate a lo largo de las investigaciones realizadas desde la tragedia.

El primero de todos ellos ha sido el propio Pedro Sánchez, pues el departamento jurídico de Moncloa se ha negado a desvelar la documentación que remitieron al presidente del Gobierno, valorando la situación y descartando la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional, precisamente porque, a su juicio, esta información «se refiere a informaciones internas entre órganos administrativos que no constituyen trámites en ningún procedimiento».

De hecho, concluye que «se trataría únicamente de intercambios de información inicial entre órganos administrativos, que no revestirían carácter decisional alguno», negándose de esta forma a hacer públicas unas conversaciones que serían fundamentales para entender por qué Sánchez se echó a un lado a la hora de gestionar la catástrofe, pese a que estaba obligado a ello, y dejando toda la responsabilidad en manos de la Generalitat Valenciana.

Del mismo modo, también se ha negado a hacer públicas las conversaciones que mantuvo el presidente con las comunidades autónomas afectadas, más en concreto con la Generalitat Valenciana, poniendo a su disposición los medios disponibles para paliar las consecuencias de la dana, ni tampoco aquellas en las que los líderes autonómicos solicitaban su ayuda.

En este caso, la excusa esgrimida es diferente, pues desde Moncloa aseguran que «el Gobierno de España manifestó de forma reiterada su apoyo en declaraciones públicas a los órganos competentes la emergencia, las comunidades autónomas afectadas, –aquel tristemente famoso 'si necesita más recursos «que los pida»'– siendo los diferentes departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, especialmente el Ministerio del Interior y el de Defensa, quienes atienden sus solicitudes». Sin embargo, no hay ni rastro de estas comunicaciones.

Marlaska esconde las comunicaciones de Protección Civil porque son «internas»

De hecho, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska también se negó a hacer públicas las conversaciones que mantuvo con Presidencia para decretar la emergencia nacional, además de las instrucciones que recibió de Sánchez, porque, según consta en el escrito oficial en poder de este periódico, el jefe de Gabinete del ministro considera que no deben ser públicas, aunque, finalmente terminan por confesar que «no constan en poder del ministro del Interior ninguna documentación ni comunicaciones en el sentido indicado», lo que demuestra la negligencia y la desidia por parte de Interior.

Además, Moncloa realizó una auténtica confesión de dejación de funciones en cadena, pues Sánchez eludió su responsabilidad al respecto, dejándola en manos de Fernando Grande Marlaska, al señalar que «por tratarse de la DANA o gota fría de una emergencia o catástrofe natural», se debe gestionar aplicando la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, cuyo artículo 28 prevé para situaciones como esta que sea el ministro del Interior quien declare la emergencia de interés nacional.

Por su parte, al respecto de las comunicaciones que Marlaska mantuvo con las comunidades, el escrito únicamente señala que se realizan «de manera centralizada desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil», aunque se niega a desvelarlos, ya que se trata de «comunicaciones e informes internos».

Esta respuesta es idéntica a la ofrecida por la delegación del Gobierno en Comunidad Valenciana, cuando se le solicitaron las «comunicaciones mantenidas con el Ministerio del Interior informando de la gravedad de los hechos el día 29 de octubre», pese a que ahora, la delegada, Pilar Bernabé, utiliza las conversaciones entre Feijóo y Mazón para sacar rédito político, asegurando que «esconden una estrategia política».

De hecho, sigue la misma senda que Diana Morant, ministra de Ciencia y candidata a la Generalitat Valenciana, que cargó contra el líder del PP describiendo los mensajes de Feijóo como un movimiento «centrado en el relato y no en las víctimas» orientado a «liderar la mentira» como «su prioridad», mientras oculta los avisos que recibió sobre la «preocupante situación que se avecinaba y el previsible desbordamiento de barrancos y ríos» y «las medidas inmediatas que adoptó al conocer tales informaciones», agarrándose a la excusa de que se trata de «informes internos o entre órganos».

Además, cabe recordar que en el momento en el que se desataron las lluvias torrenciales que anegaron gran parte de la provincia de Valencia, Sánchez estaba en una visita oficial a India y, por tanto, la máxima responsable del Ejecutivo en suelo español era la vicepresidenta María Jesús Montero. Sin embargo, ella también ha mantenido en el más absoluto secreto las comunicaciones y conversaciones que tuvo en las horas más críticas y que permitirían conocer cómo y cuándo fue avisada de la situación y qué medidas tomó al respecto, cuestiones ignoradas por la jueza de Catarroja.

De nuevo, el argumento es similar al del resto de miembros del Gobierno, ya que considera que no es una información de interés público, pues «ni los avisos pueden tener la consideración de documento «final», ni las comunicaciones internas forman parte de ningún procedimiento concreto, ni tampoco se elaboraron informes preceptivos que se incorporaron como motivación de una decisión final».

Esta excusa también la esgrimía la exvicepresidenta Teresa Ribera, entonces al frente del Ministerio de Transición Ecológica, para negarse a informar de sus conversaciones con las comunidades para ofrecer recursos y material, mientras, ahora, el PSOE carga contra Feijóo, llegando incluso a asegurar que «es parte de la infamia de lo que pasó en Valencia», según el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, al mismo tiempo que defienden el borrado de los mensajes del móvil del fiscal general.

Sánchez gastó 90.000 en la India mientras España se anegaba

Pero a este silencio en pleno del Gobierno al respecto de las comunicaciones que mantuvieron en aquellas horas, hay que añadir que ninguno de los socialistas ha pedido explicaciones a Sánchez sobre el viaje a la India que realizó aquellos días, en el que a la agenda oficial le sumó el placer personal con una cena privada con su esposa, Begoña Gómez, y un gasto cercano a los 90.000 euros en degustar la gastronomía local, hospedarse y desplazarse, según publicó este periódico.

En concreto, costó a las arcas públicas, al menos, 83.876 euros, de los que 57.838 euros fueron a parar al alojamiento del presidente, mientras que los gastos de desplazamiento ascendieron a 26.038 euros, aunque el coste real del viaje pudo ser más alto, pues el escrito en poder de este periódico solo hacía mención a «las facturas recibidas y validadas» y a ellas, hay que sumar, evidentemente, el coste del desplazamiento a la India, que, tal y como explica Moncloa, se realizó en aeronave de la Fuerzas Aéreas y del Espacio, el famoso Falcon.

De hecho, Sánchez tenía a su disposición este avión para poder regresar a España de inmediato, pero no lo hizo evitando ponerse al frente de la gestión de la catástrofe y cometiendo una serie de omisiones y errores que, tal y como ha venido publicado El Debate y sin perjuicio de los evidentes fallos de Carlos Mazón, tuvieron un coste altísimo, 238 víctimas mortales.

Las negligencias del Gobierno en la dana

Este reguero de negligencias se sustentan en la gran cantidad de documentación que ha venido recabando este periódico desde entonces, pese a que el Gobierno ha tratado de poner todo tipo de trabas, y se centran, fundamentalmente, en que Sánchez obvió decretar como jefe del Ejecutivo la situación de emergencia nacional, competencia exclusivamente suya, según dispone el artículo 15.c de la LSN, por lo que cabe concluir que Pedro Sánchez omitió a sabiendas aplicar el régimen legal porque así lo quiso.

Sin embargo, esta declaración de emergencia nacional nunca tuvo lugar, mientras que la vicepresidenta Montero, también se puso de perfil pese a que tenía las facultades máximas para activar el protocolo de seguridad, pero no solo no hizo nada, sino que también se negó a explicar su abandono considerando que carece de interés público conocer cuál fue su papel en las horas decisivas.

De hecho, el afán de colocar la responsabilidad en la Generalitat Valencia por parte del Gobierno es tal, que ni siquiera explica nada acerca de las ofertas de ayuda internacional que recibieron durante aquellos días y que el Ejecutivo rechazó en un primer momento, pese a que los vecinos clamaban ante el desamparo y el abandono. Presidencia se limitó a decir, una vez más, que «la aceptación o rechazo de ofrecimientos de ayuda internacional corresponde a las Comunidades Autónomas». Sin embargo, los afectados tuvieron que esperar dos semanas más para tener noticias de la llegada de la ayuda internacional, cuando llegaron efectivos de Portugal, Francia y Marruecos, aunque algunos de estos efectivos ya habían llegado a Valencia y vieron de primera mano la desolación.