La Audiencia Nacional pone el foco sobre Zapatero y complica el horizonte del ex presidente por sus vínculos con Maduro

Un auto dictado este viernes por el magistrado Antonio Piña en la Audiencia Nacional (AN) hacía saltar todas las alarmas en el entorno del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. No era para menos, la resolución del juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 del órgano judicial central justificaba el arranque de las diligencias preliminares sobre el socialista por su presunta «colaboración con la estructura criminal» del ya ex presidente venezolano, Nicolás Maduro, detenido por EE.UU. y acusado, formalmente, por la Fiscalía americana de narcotráfico, entre otros graves delitos.

Pendiente de la posición de la Fiscalía, preceptiva aunque no vinculante, en la que será la primera afrenta de la nueva fiscal general Teresa Peramato –que tendrá que visar, en último término, la posición del departamento Antidroga, dirigido por Rosana Morán– el juez parece estar determinado a esclarecer los indicios que apuntan a un presunto vínculo de Zapatero, más allá de lo deseable, con una «organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo» facilitando su «operativa internacional» durante el régimen de Maduro.

No en vano, en la demanda 140825 presentada el 14 de agosto del año pasado que busca sentar al dictador venezolano ante un jurado, en Miami (Florida), en paralelo actuaciones del Ministerio Público de la Administración Trump, se acusa a Maduro y a una red de cooperadores, con distintas responsabilidades, de operar criminalmente en el ámbito transnacional, desde al menos 2013, con un doble objetivo: sostener el control autoritario sobre Venezuela y financiarlo mediante narcotráfico, lavado de dinero y prácticas sistemáticas de terrorismo y violaciones de derechos humanos.

Tal es así que, en el escrito, al que ha tenido acceso El Debate, los demandantes, todos ellos ciudadanos estadounidenses, describen secuestros, torturas y detenciones arbitrarias de ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades, sosteniendo que esos hechos forman parte de una política deliberada de toma de rehenes destinada a obtener concesiones de Estados Unidos, incluida la liberación de presos chavistas en suelo estadounidense, como Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro, preso en una cárcel federal de Florida, y liberado para volver a su país, en octubre de 2024, como ministro de Industrias y Producción Nacional para gestionar relaciones estratégicas con los socios del régimen del horror en Asia (China), Oriente Medio (Irán) y Europa (principalmente Rusia).

El relato apunta, incluso, que en alguno de los casos, los secuestros injustificados se prolongaron durante un total de 560 días (entre junio de 2022 y diciembre de 2023).

Tras el rastro del dinero

Sin embargo, el núcleo gordiano del caso pasa por conectar los secuestros y la tortura con una estructura financiera basada en el narcotráfico: la demanda sostiene que los demandados vendieron cocaína en Estados Unidos y lavaron dinero —incluyendo actividad aparente en la propia Florida— con la intención de que esos fondos alimentaran actos de terrorismo del régimen.

Y es aquí, precisamente, en el campo del 'blanqueo' donde de acuerdo con la información disponible y la que está siendo facilitada a la DEA (Administración para el Control de Drogas) por el ex militar y ex jefe de la inteligencia chavista, Hugo Armando 'el Pollo Carvajal', lo que más podría complicar el futuro del ex presidente español que, sin embargo, fuentes judiciales consultadas por El Debate aseguran que es «imposible» que acabe extraditado.

Pero nada impide a la Justicia española, en este caso a la Audiencia Nacional, ordenar las pesquisas necesarias para determinar si la fortuna de Zapatero —y, en concreto, el aparente incremento patrimonial injustificado del ex presidente del Gobierno, desde que dejase el cargo— proviene, o no, de un origen lícito.

Sobre él y su conexión con Venezuela sobrevuelan muchos interrogantes y sospechas, y las confesiones que se han ido conociendo de El Pollo Carvajal, tanto durante el tiempo en el que permaneció bajo la tutela de la Audiencia Nacional en España, como recientemente en la Fiscalía de Nueva York, no han hecho sino acrecentar más las incógnitas. La pregunta clave, todavía sin respuesta, es si su papel como mediador con el régimen chavista, y sus negocios en el país sudamericano, tuvieron una contraprestación económica indebida. De acuerdo con el principal comisionista del 'caso PSOE', el empresario Víctor de Aldama, la intervención de Zapatero en el rescate de Plus Ultra, habría sido remunerada a través de Panamá; y, tampoco escaparía de la la opaca visita de Delcy Rodríguez a España, pese a las prohibiciones impuestas por la Unión Europea a la que, entonces, era la número 2 del depuesto Maduro.

Así las cosas, señalado en nuestro país, desde los partidos de la oposición, pero también ante la Justicia, cuya causa tendría que estar resuelta o archivada, antes de atender a cualquier petición de entrega en el país norteamericano, cada vez es más factible que Zapatero tenga, como mínimo, que dar explicaciones y detalle de la procedencia de sus ingresos y dónde tributa por ellos. Si el procedimiento penal avanza, además, una vez denegada su extradición, al tratarse de un ciudadano español y dada su condición de ex presidente, la Audiencia Nacional podría requerir, eso sí, toda la documentación, testimonios y evidencias recabados en la jurisdicción Trump para incorporarlos al expediente doméstico.

Mientras, congresista y senadores republicanos preparan una declaración contundente contra los negocios del exdirigente socialista en Venezuela, en España aumenta la presión para que se aclare su posible complicidad con el chavismo. De hecho, recientemente, el subsecretario de Estado de los EE.UU., Christopher Landau, llegó a plantear en sus redes sociales la necesidad de retirarle el visado por sus vínculos con el régimen autoritario de Maduro. Y, el pasado verano, se hablaba ya de que el Gobierno estadounidense podría imponer llegado el momento a Zapatero varias sanciones, desde retirarle la visa a aplicar mecanismos que afectaran a su patrimonio americano o aplicarle bloqueos a sus transacciones financieras en la UE.