La Fiscalía activa todos los mecanismos para salvar a García Ortiz de la expulsión profesional

La número dos de la Fiscalía del Supremo, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, representante del Ministerio Público durante el juicio en el que el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, resultó condenado en firme por un delito de revelación de secretos, instaba hace unos días un incidente de nulidad ante el Alto Tribunal contra la sentencia condenatoria que impuso al acusado dos años de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo y a la pena de multa de 12 meses.

En su escrito, paso previo a un recurso de amparo ante el Constitucional (TC), Sánchez Conde acusaba al Supremo, nada menos que de ignorar pruebas relevantes para la inocencia de García Ortiz: «Toda la instrucción de la causa en el Tribunal Supremo y la prueba practicada en el plenario (el juicio) ha tenido como único objeto la acreditación o no de que la pública difusión de la información, esto es, del correo de 2 de febrero de 2024 (...), había sido realizada por el fiscal general». Una posición que ha llevado a muchas voces, dentro de la Carrera, a mostrar su malestar por el papel que ha jugado el Ministerio Público en este caso, adoptante ya «descaradamente, el papel de defensa» del ex titular del mismo.

No en vano, en el seno de la Institución son conscientes de que la decisión adoptada por la número dos del 'equipo de Fortuny' no ha podido tomarse «al margen del visto bueno» de la nueva fiscal general, Teresa Peramato -sucesora de García Ortiz- quien, «en un asunto de calado como el que supone desacreditar la labor del Supremo en defensa de un fiscal condenado, ha tenido que visar el escrito» de acuerdo con el principio de jerarquía que opera en la Fiscalía.

Sin embargo, éste no ha sido el único episodio que ha incomodado a los fiscales, tras conocer el contenido del fallo condenatorio de García Ortiz, que se preguntan si en el caso de que hubiese sido cualquier otro «compañero el que hubiese resultado» sentenciado en firme «por un delito doloso», la consecuencia directa, a nivel interno, «de acuerdo con el régimen reglamentario previsto», habría sido la «expulsión inmediata» de la Carrera profesional.

Para ello, habría sido necesario que la Inspección Fiscal hubiese abierto un expediente informativo, en el que se recogiese la situación procesal de García Ortiz, del que debería haberle dado traslado al afectado y que, una vez completo, se presentaría a deliberación en el Consejo Fiscal, que ostenta la competencia al respecto, para que determinase si la situación concreta debería derivar en el fin profesional del ex fiscal general.

Sin embargo, hasta la fecha, no se ha confirmado de manera oficial si existe dicho expediente y, en su caso, en qué punto de las gestiones se encuentra. Tampoco consta el asunto incorporado al orden del día del que será el primer cónclave del CF de este año, el próximo 30 de enero. Cabe recordar que la jefa de la Inspección, número 3 del organigrama, María Antonia Sanz Gaite, ya reconoció durante su declaración como testigo en el juicio a su ex jefe que tras la filtración de los datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, no inició ninguna investigación interna para depurar responsabilidades, al menos desde el punto de vista administrativo, porque «no dio tiempo».

Mientras tanto, y para normalizar la situación activa de García Ortiz la Fiscalía ha reingresado al inhabilitado fiscal general en la carrera fiscal ya se ha formalizado en lo que respecta a la Sección Social del Supremo.