La nueva fiscal general salva la expulsión de García Ortiz, que podrá ascender a jefe de Medioambiente

Mientras Fiscalía y Abogacía del Estado abonan el terreno para que el Constitucional anule, o al menos corrija, previo incidente de nulidad, la sentencia condenatoria del Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz –como autor de un delito de revelación de datos reservados del artículo 417.1 del Código Penal–, la nueva titular del cargo, Teresa Peramato, ha dado carpetazo al expediente gubernativo por el que se planteaba la posibilidad de que su predecesor perdiese, para siempre, la condición profesional.

Tal y como avanzaba El Debate, este martes, en primicia, Peramato ha firmado el decreto de la Inspección Fiscal en el que se recomendaba el archivo del asunto, en régimen interno, alegando que al no haberse impuesto en el fallo una pena de prisión, por interpretación análoga del artículo 379 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en la que se determina que los jueces y magistrados quedarán definitiva e irremediablemente apartados, cuando hayan sido condenados «a pena privativa de libertad por razón de delito doloso». Algo que no se cumple en el caso de García Ortiz, de acuerdo con el criterio favorable de 'Fortuny', a quien la Sala Segunda le impuso una multa de 7.200 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de fiscal general del Estado, durante dos años.

Además, en el debate previo que se produjo en la cúpula de la Fiscalía, tras conocerse el fallo anticipado de la Sala Segunda contra el ya depuesto fiscal general, tal y como ha venido adelantando este diario, desde fuentes oficialistas se apuntaba que la cobertura por la que el artículo 32.1 del Reglamento establece que la pérdida de la posición de fiscal se desprendía únicamente de la «pena principal o accesoria de inhabilitación» para el ejercicio del cargo público, que no se da en el caso de García Ortiz al que el tribunal impuso una inhabilitación especial y concreta.

Por extensión, los partidarios de la tesis continuista de García Ortiz ya anticiparon la corrección del artículo 44 del Estatuto Orgánico (EOMF) que faculta al designado titular del Ministerio Público para reemplazar el castigo máximo por la suspensión «en los casos en que la pena» carcelaria, que no se da en este supuesto, «no fuera superior a 6 meses».

Así las cosas, el ya destituido titular del Ministerio Público de Pedro Sánchez, se incorporará a la plaza de fiscal de la Sala Cuarta del Supremo, en la jurisdicción Social. Un puesto que, sin embargo, no parece el destino definitivo para García Ortiz, una vez plenamente rehabilitado en el escalafón de la Carrera. Tal es así que, algunas fuentes ya apuntan a la posibilidad de que opte a la plaza de jefe de la Fiscalía de Medioambiente, Urbanismo y Patrimonio, vacante desde la jubilación de su último titular, Antonio Vercher, el pasado mes de septiembre.

No en vano, cabe recordar que cuando García Ortiz fue reclutado por su mentora y antecesora Dolores Delgado, como número dos de la Fiscalía, el salmantino era el delegado de Medioambiente en Galicia. Un desconocido, a grandes rasgos, en la Carrera, cuya mayor proyección profesional, hasta entonces, había sido la de intervenir, en representación del Ministerio Público español, en el juicio del 'caso Prestige'.