La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano
La reacción de esta consejera extremeña que ha puesto los puntos sobre las íes al modelo de financiación de Sánchez
Extremadura denuncia que el nuevo modelo de financiación autonómica favorece a Cataluña y advierte que usará todas las armas legales para defender la igualdad territorial
La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, acusa al Gobierno de «consagrar la desigualdad» entre los territorios con el nuevo modelo de financiación autonómica. Según Manzano, Cataluña recibe 4.700 millones de euros y Andalucía sigue percibiendo más por motivos electorales, mientras que Extremadura no recibe nada.
La consejera extremeña denuncia además que se trata de un «pacto político adoptado además con una persona que no tiene legitimidad para ello, con el señor Junqueras, que no representa a un territorio que representa al separatismo, que representa la desigualdad entre todos los españoles». Manzano afirma que Extremadura aporta ingresos importantes y, aun así, el modelo le asigna 0 euros del reparto principal.
Manzano también señala que el fondo de compensación interterritorial, con 3.300 millones de euros, no está pensado para financiar los servicios fundamentales y que la región apenas recibe 216 millones, fuera del sistema principal. La consejera extremeña advierte que «si esto se materializa en una modificación de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) y en la aprobación de una ley reguladora de un modelo de financiación autonómica, vamos a utilizar todas las armas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico para combatir esta desigualdad».
La crítica de Extremadura se produce en el contexto del nuevo modelo presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aumenta la cesión del IRPF y del IVA a las comunidades autónomas y reformula la población ajustada. Sin embargo, varias comunidades gobernadas por el PP y algunos territorios socialistas expresan su rechazo, considerando que el sistema favorece a Cataluña y no garantiza la igualdad ni la justicia en la prestación de servicios públicos.