El Gobierno se desentiende de los fallos de las pulseras antimaltrato y pide a los jueces que verifiquen la cobertura

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente de la Secretaría de Estado de Igualdad, no ha tenido más remedio que reconocer la existencia de lagunas reales en la aplicación de los dispositivos telemáticos de geolocalización impuestos a los condenados por este tipo de delitos. O, lo que es lo mismo, el Ministerio que lidera Ana Redondo, asume su imposibilidad para garantizar la cobertura de las denominadas pulseras anti maltrato en el 100% del territorio español, como recoge una comunicación remitida por la institución al Observatorio contra la Violencia Doméstica y contra las Mujeres, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la que ha tenido acceso El Debate, en exclusiva.

En dicho documento, remitido el pasado 29 de diciembre, el Gobierno puso en conocimiento de los jueces y magistrados de nuestro país, a través del Consejo, «un aspecto determinante en la aplicación de medidas de alejamiento» en las que se utilizan «dispositivos telemáticos»: «el mapa de coberturas del conjunto de operadores existentes en España».

El doble objetivo del texto era «advertirles», por una parte, que el servicio del operador actual, Vodafone, «puede comprometer la eficacia del sistema de protección y generar efectos no deseados sobre la seguridad y el bienestar de las víctimas», al no alcanzar el 100% de radio de acción a nivel nacional. Por otra, solicitar, en base a lo anterior, la «colaboración» de las «autoridades judiciales» para que tengan en cuenta las limitaciones existentes a la hora de adoptar, modificar o revisar las órdenes de protección que impliquen el uso de pulseras para los agresores.

Es decir, el Ministerio competente en la materia ha pedido a los jueces que antes de decretar el uso de los dispositivos se aseguren de que estos disponen de la cobertura 4G, mínima requerida, ó 5G necesarias para funcionar.

Y, para ello, han puesto a su alcance una herramienta de consulta, online –a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO), que recopila anualmente información puntual de la cobertura de la banda ancha proporcionada por los diferentes proveedores activos en España– que les permita obtener datos, en tiempo real, de la cobertura activa en una zona determinada (tanto autonómica, como provincial o municipal) y la velocidad de la misma, en función del alcance «conjunto» proporcionado por todos los operadores.

Lo que significa que los jueces tendrán la responsabilidad adicional de acceder a la plataforma de mapas interactivos, publicada en el portal web de SETELECO, para verificar la situación de la cobertura, antes de imponer o confirmar, por ejemplo, una orden de alejamiento que implique el uso de una pulsera anti maltrato: https://experience.arcgis.com/experience/e97b58724a4c4e2e84470e733bd2746d/page/Cableada

Y, aunque desde el Gobierno insisten en que «la cobertura móvil utilizada en el marco del Servicio Integral del Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos del Cumplimiento de las Medidas Cautelares y Penas de Prohibición de Aproximación, en materia de Violencia de Género y Violencia Sexual, no se limita exclusivamente a la red del actual operador adjudicataria del servicio, Vodafone, sino que los dispositivos empleados están diseñados y permiten su conexión a las redes del resto de operadores nacionales», lo cierto es que no sólo las pulseras siguen fallando al quedarse sin cobertura sino que, además, según ha podido confirmar este diario, una consulta aleatoria cualquier confirma que la cobertura no alcanza el 100% del territorio, en ningún caso.

Así las cosas, se confirma que los dispositivos siguen fallando, se siguen generando lagunas de localización de los agresores, con lo que ello supone para la trazabilidad de las prohibiciones de acercarse a menos de una distancia de su víctima; se producen las denominadas «llamadas perdidas» en las que se activa la alerta prevista en caso de peligro pese a que no se haya producido incumplimiento alguno de los portadores de los dispositivos; condenando a la ansiedad y al encierro a muchas mujeres que temen salir de sus domicilios ante la incertidumbre de si las pulseras estarán correctamente operativas.

En definitiva, «se reduce la capacidad de la respuesta judicial frente a la violencia doméstica y de género», lamentan la mayoría de los jueces expertos en la materia, descargando en los miembros de la Magistratura, por si fuera poco, una responsabilidad que «no les corresponde»