El jefe de Carreteras de Ábalos investigado por la UCO impulsó que una empresa de la trama ejecutara las obras de la zona del accidente de Córdoba

Javier Herrero, exdirector general de Carreteras durante la etapa del exministro José Luis Ábalos, fue uno de los altos cargos del Gobierno que impulsó que una de las constructoras ejecutara las obras ferroviarias en la misma zona donde se ha producido el trágico accidente de Adamuz (Córdoba), con decenas de fallecidos y más de un centenar de heridos. Herrero está siendo investigado por la Guardia Civil por su presunto papel en la trama de adjudicaciones amañadas a cambio de comisiones ilegales que salpica al PSOE que está siendo investigada por el Tribunal Supremo.

La documentación a la que ha tenido acceso El Debate sitúa a Herrero en el núcleo de las decisiones administrativas que permitieron que la constructora Azvi, una de las empresas que integró la UTE adjudicataria de esas obras, resultara beneficiada con contratos millonarios en el ámbito ferroviario. En concreto, este periódico ha tenido acceso a actas y resoluciones oficiales de organismos dependientes del Ministerio de Transportes en las que el nombre de Javier Herrero figura vinculado a la aprobación de adjudicaciones clave relacionadas con la red ferroviaria andaluza.

En uno de esos documentos oficiales, correspondiente a una sesión del órgano de decisión de ADIF celebrada en la primavera de 2022, consta que Herrero participó en la votación que dio luz verde a la adjudicación de varias actuaciones ferroviarias estratégicas. En esa sesión, Herrero votó a favor de la propuesta que permitió que esta UTE asumiera la ejecución de las obras en un tramo que incluía infraestructuras críticas de la línea del entorno del Puesto de Banalización de Adamuz.

La adjudicación se formalizó el 28 de abril de 2022 por un importe inicial de 52,5 millones de euros. El contrato fue concebido como una obra cerrada, sin modificaciones previstas y con un pliego que fijaba expresamente el importe máximo para ampliaciones en cero euros. Pese a ello, esa condición acabó siendo alterada. El ámbito operativo del contrato incluía de forma expresa la zona donde se produjo posteriormente el descarrilamiento, lo que sitúa a la denominada «zona cero» del accidente dentro del perímetro técnico del proyecto aprobado con el respaldo de Herrero.

Tal y como ha publicado este periódico, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, autorizó el 3 de marzo de 2025 una ampliación presupuestaria de 6,2 millones de euros y una prórroga del plazo de ejecución de doce meses. Esa modificación elevó el coste total de la obra hasta los 58,7 millones de euros. La ampliación se aprobó sin que se hiciera pública ninguna justificación técnica detallada que explicara qué imprevistos obligaron a alterar un contrato que, sobre el papel, no debía modificarse. Además, el modificado se quedó estratégicamente por debajo del umbral del 20 % del precio de adjudicación, un límite que habría obligado a recabar autorización adicional y a solicitar un dictamen del Consejo de Estado.

El «impuesto» del PSOE

La UCO sitúa a Herrero en el engranaje central de la presunta red de corrupción que salpica al PSOE. Según los investigadores, el exdirector general de Carreteras presionó a técnicos de las mesas de contratación para orientar concursos públicos hacia determinadas empresas a cambio de comisiones ilegales. Esa operativa se desarrolló en paralelo a la ejecución de grandes obras públicas, entre ellas las ferroviarias.

Uno de los elementos que añade gravedad al caso es la vinculación de Herrero con el denominado «impuesto» interno del PSOE. Las diligencias reflejan que desde la gerencia del partido se le solicitó una aportación económica cuando ocupaba el cargo de director general. Las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil muestran cómo fue advertido de esa petición y cómo recibió un formulario remitido desde Ferraz. Aunque Herrero sostiene que no llegó a efectuar ningún pago, los investigadores consideran acreditado que se le pidió esa contribución económica en pleno ejercicio de sus funciones públicas. En ese contexto, los mensajes intercambiados resultan especialmente reveladores, ya que en uno de ellos se le advierte expresamente de que «le van a pedir el impuesto», una expresión utilizada internamente para referirse a aportaciones de cargos públicos al partido. Esa petición se produjo en un momento clave de la adjudicación y ejecución de grandes contratos de obra pública.

A todo ello se suma la investigación patrimonial abierta sobre Herrero. La UCO ha constatado que el ex alto cargo utilizó una sociedad instrumental para adquirir al menos 29 hectáreas de terrenos en la provincia de Cádiz durante el periodo en el que la presunta trama estaba plenamente operativa. Las compras se realizaron mientras ocupaba responsabilidades públicas y se produjeron en enclaves de alto valor estratégico, próximos a zonas costeras y de desarrollo inmobiliario. Parte de esas adquisiciones se efectuaron en colaboración con sociedades vinculadas al sector de la construcción.

Herrero no es un desconocido en la estructura del ministerio. Ya ocupó la dirección general de Carreteras durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y fue recuperado para el puesto en 2018 tras la llegada de Ábalos a Transportes. Según el propio exministro, su reincorporación fue impulsada a petición del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.