El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis 'Alvise' Pérez, al salir de declarar en el Tribunal Supremo
Alvise declara en el Supremo por la querella de acoso de dos eurodiputados que abandonaron su partido
El líder de Se Acabó la Fiesta tiene tres causas más abiertas en el Supremo
El eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, declarará el lunes en el Tribunal Supremo por la querella de los dos eurodiputados que abandonaron su formación por considerarse víctimas de acoso tras ser elegidos en los comicios europeos de 2024 junto a él.
El líder de Se Acabó la Fiesta (Salf) ya ha declarado en tres ocasiones en el Alto Tribunal. En esta ocasión lo hace tras expresar al magistrado Manuel Marchena su disposición a declarar voluntariamente.
Alvise tiene tres causas más abiertas en el Supremo en las que ya ha declarado: por presuntos delitos de falsedad e injurias al difundir una PCR falsa del exministro y presidente catalán Salvador Illa en 202; por difundir los mensajes en Telegram dirigidos a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert; y por presunta financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por haber recibido supuestamente 100.000 euros para su campaña electoral.
Campaña de hostigamiento en redes sociales
La semana pasada, Diego Adrián y Nora Junco ratificaron su querella ante el juez por revelación de secretos y acoso a los dos eurodiputados. Después de ser elegidos, se integraron en el grupo Conservadores y Reformistas Europeos para querellarse poco después al denunciar tanto una campaña de hostigamiento en redes sociales —causada por unos mensajes publicados por Alvise contra ellos— como el miedo a ser agredidos por la revelación del lugar donde se encontraban y donde se dirigían.
Los querellantes son Diego Solier y Nora Junco, durante su declaración ante el juez, en el Tribunal Supremo, a 19 de enero de 2026
Del mismo modo, se filtraon sus direcciones de correo, sus números de teléfono y sus redes sociales, recibiendo una gran cantidad de amenazas, hasta el punto que «habrían visto compelidos a soportar una continua sensación de inseguridad, modificando sus hábitos o rutinas».
La querella recoge que esto «obstruye significativamente su labor parlamentaria y la propia de su ordinaria vida familiar» junto con «el miedo que les generaba el poder ser abordados en ese contexto por la calle por cualquier desconocido».