El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en las puertas del Tribunal Supremo
El exjuez Garzón, apartado por prevaricador, encabeza un manifiesto de juristas contra la condena de García Ortiz
El documento se ha titulado «Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia», y está suscrito por expertos en Derecho de ideología izquierdista como Manuela Carmena o José Antonio Martín Pallín
Más de 150 juristas, entre ellos exmagistrados del Tribunal Supremo, abogados, fiscales y catedráticos, han firmado un manifiesto contra la sentencia que condenó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelar secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Entre los firmantes figuran juristas –del bloque izquierdista– como José Antonio Martín Pallín, Manuela Carmena Perfecto Andrés, Joaquín Giménez o Alberto Jorge, así como el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que fue apartado de la carrera judicial por prevaricador.
El documento, titulado «Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia», critica la decisión del Tribunal Supremo de condenar a García Ortiz por la filtración de un correo de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El manifiesto será presentado públicamente este viernes en el Ateneo de Madrid.
Según el manifiesto, «la sentencia no descansa en pruebas directas, sino únicamente en indicios, es decir, en conjeturas basadas en hechos indirectos», y recuerda que en un proceso penal «no bastan las sospechas, ni las imaginaciones: es preciso acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, exigencia que, en este caso, no se cumple».
Los firmantes consideran especialmente relevante que la resolución prescindiera del valor de los testimonios de los periodistas que negaron categóricamente que el entonces fiscal general fuera su fuente. A su juicio, el resto de indicios utilizados para condenarle «no superan el umbral de la mera sospecha y admiten explicaciones normales y lícitas».
En este sentido, sostienen que convertir estos hechos en pruebas de culpabilidad supone, en la práctica, «invertir la carga de la prueba y exigir al acusado que demuestre su inocencia», algo que califican de «incompatible» con la presunción de inocencia.
El manifiesto también defiende que la nota de prensa difundida por la Fiscalía perseguía desmentir una acusación falsa e incluso delictiva sobre su funcionamiento, por lo que existía «un interés público» evidente en informar. En consecuencia, sancionar penalmente esa actuación «supondría atar de pies y manos a la Fiscalía General del Estado frente a bulos, mentiras y acusaciones falsas».
Por todo ello, los juristas subrayan que la condena no debió producirse, ya que no quedó probada la filtración del correo y la nota de prensa no constituye un delito de revelación de secretos. «Se imponía la absolución conforme a un principio básico de todo Estado democrático: nadie puede ser condenado penalmente sin pruebas claras y concluyentes», concluye el manifiesto, que reclama que la sentencia sea anulada en las instancias superiores correspondientes.