El CGPJ desmonta el relato de la izquierda: el 70% de los nuevos jueces son mujeres y el 80% sin familiares juristas

El perfil de los 121 integrantes de la 74ª promoción de la Carrera Judicial no deja lugar a dudas: ni fachas, ni machistas, ni 'hijos de', como asegura la izquierda política, para desacreditar a los miembros de la Magistratura, en el marco del conocido como lawfare. Los nuevos jueces que, este martes, tomarán posesión de sus plazas, tras finalizar su etapa de formación en la Escuela Judicial, serán mayoritariamente mujeres, un total de 85 –que representan ya el 70,25 %–, como viene sucediendo, sin excepción, desde 1997. La edad promedio del primer destino se sitúa en los 29 años, con una media de 5 años y cuatro meses invertidos en preparar la oposición, y sin familiares –hasta el segundo grado de consanguineidad– que ejerzan o hayan ejercido una profesión jurídica.

Lo que significa, según los datos estadísticos obtenidos a través de las encuestas de la propia Escuela Judicial, que ocho de cada diez nuevos jueces–el 78,45 %– no cuentan con ningún jurista entre sus allegados y solo el 6,03 % tiene a un/a juez/a o magistrado/a en la familia, mientras que el 15,52 % restante procede de entornos familiares en los que sí hay otros profesionales jurídicos, sobre todo abogados.

Además, cuatro de cada diez nuevos jueces y juezas –el 38,79 %– proceden de familias en las que ninguno de los progenitores tiene estudios superiores, porcentaje superior al 35,34 % de los casos en los que tanto el padre como la madre son licenciados. En el 25,86 % restante, solo uno de los dos progenitores posee un título universitario.

Teniendo en cuenta el lugar de residencia habitual, Andalucía vuelve a ser la Comunidad Autónoma que más jueces y juezas aporta (29). Le siguen Cataluña y Madrid, con 17; Castilla y León, 14; la Comunidad Valenciana que suma 11; Galicia, de donde son 7; Canarias, Extremadura y la Región de Murcia, 5; Aragón y Asturias, 3; La Rioja, 2; y Cantabria, Castilla-La Mancha y el País Vasco desde donde se incorporan uno por cada una.

El atractivo de la jurisdicción Penal

La jurisdicción penal –incluyendo violencia sobre la mujer, menores y vigilancia penitenciaria– es la opción más atractiva para los nuevos jueces y juezas, ya que seis de cada diez eligen este orden cuando se les pregunta por el área en el que les gustaría ejercer en el futuro.

En segundo lugar aparece la jurisdicción civil –dentro de la que se localizan familia y mercantil–con un 33,34 % de preferencias. Por el orden contencioso-administrativo se decanta un 2,88 % y por el social el 2,24 %.

En cuanto a las razones por las que decidieron ingresar en la Carrera Judicial, éstas son las respuestas con las que más de acuerdo se mostraron los miembros de la promoción: porque les gusta el Derecho, en cabeza, un 74%; por la función de los jueces como garantes de los derechos fundamentales, nada menos que un 72 %; por la independencia e imparcialidad de su función, un 69 %; y, porque la Administración de Justicia es un servicio público al que deben contribuir, el 66% del total.

Un total de 39 plazas en Cataluña

De los 121 integrantes de esta última promoción, 54 han obtenido destino como titulares de una plaza en un Tribunal de Instancia (TI) o como jueces/zas de adscripción territorial. Mientras, los 67 restantes serán nombrados jueces y juezas en expectativa de destino, según establece el artículo 308.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quedando a disposición de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, que determinarán dónde prestarán servicio.

Cataluña es la Comunidad Autónoma a la que irán destinados más miembros de la nueva promoción, pues contará con un total de 39 nuevos jueces, lo que supone el 32,2 % del total. Si bien, con el tiempo, la tasa de permanencia es de las menores, por razones vinculadas con la lengua, fundamentalmente, como ha venido contando El Debate en diferentes informaciones.

Los demás se repartirán del siguiente modo: 23 ocuparán su primer destino en Andalucía; 12 en Castilla-La Mancha y otros 12 en la Comunidad Valenciana; 9 en Canarias; 7 en la Comunidad de Madrid; 3 en Baleares, Castilla y León, Galicia y la Región de Murcia; 2 en Extremadura y en Navarra; y 1 en Aragón, Cantabria y La Rioja.