Qué hay detrás del repunte migratorio sin precedentes en Ceuta mientras el Gobierno apuesta por la regularización

El repunte migratorio que está viviendo Ceuta en las primeras semanas de 2026 ha coincidido en el tiempo con la entrada en vigor de la reforma de regularización impulsada por el Gobierno, un proceso que ha generado debate político y que, según fuentes policiales consultadas, no puede atribuirse de forma directa a un solo factor, aunque sí influye en la percepción social y en la presión sobre las estructuras de control. Los datos oficiales del Ministerio del Interior reflejan que, solo en el mes de enero, se registraron 426 entradas irregulares en Ceuta por vía terrestre, lo que supone un aumento del 378,7 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se notificaron 89 accesos, y que sitúa a la ciudad como uno de los puntos de mayor presión migratoria del país, incluso cuando el conjunto de España experimenta un descenso global de llegadas.

La situación se ha agravado en las últimas semanas, con alrededor de 180 personas accediendo de manera irregular a territorio español en apenas diez días, ya sea mediante saltos del vallado fronterizo o a nado bordeando los espigones de Tarajal y Benzú, muchos de ellos aprovechando temporales y episodios de mala mar que dificultan la vigilancia y obligan a la Guardia Civil a dividir sus efectivos entre distintos puntos críticos del perímetro. Entre los recién llegados se incluyen decenas de menores extranjeros no acompañados, lo que incrementa la saturación de los centros de acogida.

Fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) describen la situación como de «máxima angustia» y advierten del riesgo humanitario que se vive especialmente en zonas como El Tarajal, donde en las últimas semanas se han producido escenas de inmigrantes, incluidos menores, pidiendo auxilio en el agua mientras trataban de alcanzar la costa española, y recuerdan que hasta la fecha se han registrado tres muertes en el entorno del perímetro y el litoral ceutí. En paralelo, la AUGC denuncia que la infraestructura fronteriza no cumple su función disuasoria ni de contención, ya que el doble vallado, de más de ocho kilómetros de longitud y coronado por peines invertidos, puede ser superado en menos de treinta segundos, los sensores de detección fallan por la acumulación de reparaciones provisionales y las vigas metálicas interiores facilitan el descenso, aumentando el riesgo de lesiones graves para los inmigrantes y dificultando la labor de los agentes.

La frontera marítima presenta vulnerabilidades similares, ya que los espigones de Benzú y Tarajal, concebidos para impedir los accesos a nado, precisan reformas urgentes que, según la AUGC, deberían garantizar un verdadero efecto disuasorio y reducir el riesgo tanto para los inmigrantes como para los agentes que intervienen en los rescates. Todo ello ocurre en un perímetro cuyo coste acumulado se estima en unos 30 millones de euros, con estructuras originadas en los años setenta y sucesivas modificaciones a lo largo de las décadas, incluida la sustitución de concertinas por peines invertidos en 2020, que no han logrado impedir que la ciudad autónoma registre cifras récord de entradas irregulares.

El repunte en Ceuta contrasta con la tendencia general de España, donde entre el 1 y el 31 de enero de 2026 se contabilizaron 2.267 entradas irregulares, un descenso del 58,4 % respecto al mismo mes de 2025, con una caída especialmente acusada en Canarias.