El periplo internacional de Conde-Pumpido que indigna al TC: Turquía, Egipto y visita al TJUE en marzo

El Tribunal Constitucional de España recibía, el pasado martes a una delegación del Tribunal Constitucional de Turquía, encabezada por su presidente Kadir Özkaya, para una estancia de trabajo programada con el objetivo de reforzar la cooperación institucional entre ambas Cortes y promover los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Un a cita en la que el presidente Cándido Conde-Pumpido intervenía como ponente en una de las sesiones de trabajo, destacando que «las resoluciones que dicte el Tribunal Constitucional no pueden ser meras declaraciones de intenciones, sino que son títulos ejecutivos».

Resaltando, además, que «todos los poderes públicos deben respetar y ajustarse a las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución y máximo garante de los derecho y garantías fundamentales», precisamente, en un momento en el que el órgano español está siendo ampliamente cuestionado por desbordar sus competencias para rectificar sentencias del Supremo y de la Sala Segunda del Alto Tribunal, más en concreto.

Finalizada la cita doméstica, de ámbito internacional, Conde-Pumpido ponía rumbo a Egipto, en una visita de varios días, hasta este próximo martes, que ha suscitado todo tipo de comentarios en diferentes sectores jurídicos que no ven con buenos ojos el periplo del titular interino del TC, mientras está pendiente de renovarse el Pleno de magistrados, del que tendrá que salir, en el turno de designaciones del Senado. La opacidad de algunos de sus desplazamientos, de los que se desconoce si las motivaciones son institucionales, o no, ha provocado un cierto malestar en la Corte.

No sólo porque hace unos meses recibió a una delegación del Alto Tribunal de la República comunista de China de la que no dio cuenta al Colegio de Magistrados sino porque, además, mientras no ha asistido a la apertura del Año Judicial en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, donde envió en su lugar a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán –quien le acompañará en unas semanas al Tribunal Constitucional de Lisboa–, sí tiene prevista una próxima visita Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, según varias fuentes consultadas por El Debate, tendrá lugar en el mes de marzo y no ha hecho más que alimentar las críticas.

¿Para qué viaja Conde-Pumpido a Luxemburgo cuando la Justicia europea está a las puertas de resolver las cuestiones judiciales planteadas por varios juzgados españoles sobre la amnistía?.

No en vano, cabe recordar que fue el veterano jurista gallego el impulsor de una polémica interpretación de dichos mecanismos de consulta, sobre el encaje y la aplicación de normas nacionales con el Derecho de la UE, con la que se trató de impedir, entre otros, a la Audiencia Provincial de Sevilla (APS), elevar a nivel europeo la anulación de la sentencia firme de los ERE de Andalucía.

En aquella ocasión, haciendo uso de su mayoría aritmética, el bloque izquierdista estimó los recursos de amparo y revocó, o como mínimo rebajó, las condenas impuestas por la APS, posteriormente ratificadas por el Supremo, por el fraude más de 680 millones de euros públicos malversados a los parados andaluces, entre 2000 y 2010, bajo la Junta del PSOE. Una maniobra que los más críticos consideraron un «borrado» partidista de la sentencia dictada contra uno de los mayores casos de corrupción socialista.

Pese a que, en su momento, Conde-Pumpido defendió la decisión adoptada y la independencia del tribunal, lo cierto es que se le acusó de contradecirse a sí mismo, dado que como fiscal general del Estado, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se opuso a que el TC anulara sentencias del Supremo.

Tampoco ha corrido mejor suerte, bajo su presidencia, la declaración constitucional de la Ley Orgánica de Amnistía, aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en 2024. Una resolución que los más críticos, entre los que se encuentran el 90% de los jueces y magistrados españoles, consideraron no sólo que blanqueaba delitos muy graves de corrupción, como la malversación o la desobediencia del separatismo catalán, entre otras, a las prohibiciones expresas de la propia Corte de Garantías que, en su día, anuló todos los acuerdos de la Mesa del Parlamento autonómico que daban luz verde tanto al referéndum ilegal del 1-O como a la posterior Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Un «perdón político» a cambio del apoyo parlamentario de Junts y de Esquerra (ERC) a la investidura de Sánchez contra el que Conde-Pumpido defendió en público que quien estuviese «políticamente contra ella, tiene muchos argumentos». Cuestión distinta era el enfoque jurídico y constitucional porque, de acuerdo con su propia defensa de la norma, ésta cumplía todos los requisitos formales exigibles a la misma.

No obstante, la resolución fue adoptada por seis votos frente a cuatro magistrados discrepantes, que generaron sus respectivos pronunciamientos particulares, entre acusaciones de «insulto al TJUE» al no haberse suspendido la deliberación sobre el encaje legal del texto pese a la existencia de varias cuestiones prejudiciales abiertas en Europa, al hilo de la polémica medida. Es, precisamente, esta situación, en la que se encuentra la Justicia española, pendiente de obtener una respuesta de la Corte luxemburguesa, lo que ha hecho saltar todas las alarmas en el seno del TC ante la eventual y futura visita de Conde-Pumpido, en marzo, a la sede del Tribunal.