Conde-Pumpido se reivindica como presidente del TC a la espera de una renovación que ha sido postpuesta por el Senado

Cándido Conde-Pumpido ha vuelto a sacar pecho de su gestión al frente del Tribunal Constitucional (TC) tras tres polémicos años de gestión al frente de una Corte profundamente dividida, bajo su polémico mandato.

En una nota informativa en la que hace autobalance, Conde-Pumpido pone en valor un total de 192 sentencias dictadas por el Pleno del órgano, en los últimos 36 meses desde su llegada, de las cuales «153 sin votos particulares», destaca. Una estadística en la que, sin embargo, ha olvidado aclarar que más de un centenar de esas resoluciones de 'consenso' se refieren a un mismo asunto: las prestaciones por nacimiento de hijo en familias monoparentales, que recurrieron en amparo y a las que, de manera sistemática, una vez fijada la doctrina en la materia, se les ha ido aplicando la misma, tal y como ha podido confirmar El Debate.

Lo que, en realidad, y sin querer, sitúa al actual Constitucional en un escenario de «discrepancia constante», lamentan los expertos, con un «número de votos particulares emitidos tan desmesurado como insólito» frente a otras etapas y «bajo otros liderazgos», apuntan fuentes especialistas en la materia consultadas por este diario, incluso cuando él mismo ya era miembro del Pleno.

Una imagen de unanimidad que, por lo tanto, «no se corresponde con la realidad» de un órgano instalado, con frecuencia, en el «choque institucional» con el Supremo y que ha venido a «excederse» en sus funciones para «entrar en cuestiones de legalidad que no le corresponden», «consagrar nuevos derechos en un ejercicio de activismo judicial» sin precedentes o «salvar las normas más polémicas» del actual Gobierno socialista de Pedro Sánchez, como sucedió, «por ejemplo, con la Ley de Amnistía».

No en vano, pese a que Conde-Pumpido, actualmente en funciones prorrogadas, ha destacado cómo desde su llegada se han resuelto «relevantes cuestiones jurídicas, sociales, políticas y económicas» en el seno del TC, no ha hecho referencia a la polémica anulación de la sentencia condenatoria de la Sala Segunda del Alto Tribunal a los ERE de Andalucía; ni, cómo, a colación de la misma, se vio obligado a recular en su posición sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos judiciales españoles, en dicho caso la Audiencia de Sevilla (pero también el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, TSJM) por la que aspiraba a vetar dichas consultas dirigidas a Europa, contra varios fallos de la Corte, de mayoría izquierdista.

De hecho, en este procedimiento, más allá del fallo impuesto por su bloque, la adjudicación de la ponencia de los ERE a su mano derecha, Inmaculada Montalbán, ya fue objeto de malestar, por no hablar del voto particular de la magistrada Concepción Espejel contra la sentencia de la amnistía en el que denunció las maniobras del presidente para asignar la redacción de la misma, una vez más, a su protegida.

El presidente del TC, prorrogado en su cargo desde este mismo mes de enero, fecha límite de su mandato, se ha situado en la parrilla de salida con más detractores que admiradores tras su paso por el Constitucional, pese a sus «evidentes intentos» por maquillarlo, donde ha hecho de las decisiones procedimentales, en la mayoría de las ocasiones, «su cortijo».

A pocos escapa ya en su entorno, y cada vez más entre la opinión pública, que el presidente del TC sigue haciendo méritos para asegurarse un cándido retiro en el Consejo de Estado, tras los servicios prestados. Un puesto vitalicio al que, además, podría acceder aprovechando la próxima vacante por enfermedad de una de sus consejeras permanentes, la que fue presidenta de la institución consultiva y regresó a ella con una maniobra a medida, María Teresa Fernández de la Vega.

Por el momento, tendrá que esperar, ya que el pasado 15 de enero, el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán –del que depende la renovación de los cuatro magistrados designados por la Cámara Alta que, junto a Conde-Pumpido, tendrán que dejar sus puestos– comunicó al todavía titular de la Corte su decisión de «ampliar para todas las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas el plazo para la presentación de candidaturas» regionales a dichas vacantes.

Así las cosas, la fecha límite prevista para el próximo día 16 de febrero ha quedado postpuesta hasta el 4 de mayo, sin perjuicio de que pudiesen decretarse nuevas prórrogas, determinadas por el calendario electoral en marcha que impide, por ejemplo, a Extremadura elegir ningún perfil dado que su Parlamento regional no está todavía constituido; al igual que Aragón, quien formuló la solicitud de la que ha derivado el nuevo vencimiento, o Castilla y León que será la siguiente en la lista de los comicios en marcha.