Conde-Pumpido blinda la amnistía con la vista puesta en el Consejo de Estado y postula como sucesora a la jueza del borrado de los ERE

Cándido Conde-Pumpido se acerca sin prisa, pero sin pausa, a su despedida como presidente del Constitucional, a partir del próximo día 17 de diciembre, en la que ha sido una de las etapas más aciagas del órgano de garantías. Tras nueve años en la Corte y al frente de la misma durante los últimos tres, el jurista gallego atesora una vasta colección de polémicas decisiones que han terminado por desgastar su credibilidad como jurista. Conde-Pumpido llegó al Tribunal bendecido por el actual Gobierno socialista para asegurar, entre otras cosas, el visto bueno a la ley de amnistía y ha logrado apuntalar la norma para borrar, penalmente, el rastro del procés.

No en vano, el Constitucional retomaba esta semana el debate sobre la amnistía con dos nuevas sentencias donde se limitaba a aplicar la doctrina impuesta en su primer fallo, en el que dio luz verde a la norma, haciendo una primera aproximación al encaje de la malversación que el Supremo se negó a incluir en el catálogo de delitos beneficiados; y, de hecho, el bloque izquierdista admitía el recurso de amparo del ex presidente catalán Carles Puigdemont, precisamente, por la decisión del Alto Tribunal de no perdonarle ese delito. Cinco anunciados votos particulares en contra ponían el contrapunto pensando en la futura y eventual decisión de Europa al respecto de la 'cocina' Pumpido que «ha vuelto a retorcer el Derecho a su antojo» para mayor «satisfacción» de quienes le confiaron la tarea de salvar las leyes más ideológicas del Ejecutivo socialista.

A pocos escapa ya en su entorno que el presidente del TC sigue haciendo méritos para asegurarse un cándido retiro en el Consejo de Estado, tras los servicios prestados, a partir de enero de 2026. Un puesto vitalicio, un sueño dorado que, además, podría llegar de la mano de la próxima vacante por enfermedad de una de sus consejeras permanentes, la que fuera además presidenta de la institución consultiva, y regresase a ella con una maniobra a medida, María Teresa Fernández de la Vega.

La delicada situación de salud por la que atraviesa la ex vicepresidenta del Gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero, ha planteado la necesidad de pensar en un reemplazo bien sea por renuncia voluntaria de su actual titular, bien por la declaración de su incapacidad formal por parte de un tribunal. Dos posibilidades que están sobre la mesa y podrían cuajar en las próximas semanas facilitando la llegada de Conde-Pumpido quien no oculta sus anhelos de alcanzar una estabilidad y un estatus de prestigio, definitivo, con el que compensar las durísimas críticas recibidas desde la judicatura y la sociedad por su forma de actuar en sentencias como la de la propia amnistía o la de los ERE de Andalucía.

No en vano, esta última, que anuló las condenas impuestas a los principales cabecillas políticos del PSOE de la Junta socialista de Manuel Chaves, primero, y José Antonio Griñán, después, parece que servirá a su ponente, la magistrada Inmaculada Montalbán como mérito para suceder a Conde-Pumpido, tras su jubilación, al frente del Constitucional. Cada vez son más fuertes las voces que apuntan a la intención del actual presidente del Tribunal de promocionar a la jueza andaluza como su sustituta.

No en vano, cabe recordar cómo ya en su llegada a la vicepresidencia de la Corte, Montalbán contó con el apoyo de la mayoría aritmética del Pleno, seis votos del ala izquierdista frente a los cinco del bloque profesional que respaldaron al candidato natural al cargo, el magistrado Ricardo Enríquez. Sin embargo, Conde-Pumpido prefería saltarse la norma no escrita por la que ambos puestos suelen ser de sensibilidades distintas, para asegurar el equilibrio institucional del órgano; y, obviar el hecho de que Montalbán, frente a Enríquez, se encontraba en el primer tercio de su designación, cuando la tradición marca que tanto el titular de la Presidencia, como su número dos, deben encontrarse en el último tercio de su mandato.

La «voluntad» de un presidente que «lo marca todo»

Cándido Conde-Pumpido se marcha con más detractores que admiradores tras su paso por el Constitucional donde ha hecho de las decisiones procedimentales, en la mayoría de las ocasiones, «su cortijo». Sin ir más lejos, la adjudicación de la ponencia de los ERE a su mano derecha, Montalbán, fue objeto de malestar, por no hablar del voto particular de la magistrada Concepción Espejel contra la sentencia de la amnistía en el que denunció las maniobras del presidente para asignar la redacción de la misma , una vez más, a su protegida.

Tampoco ha salido mejor parado el veterano jurista en la pugna procesal con las Administraciones locales y la Junta de Extremadura en el recurso de amparo instado contra la decisión por la que el Supremo ordena, en firme, demoler la denominada Isla de Valdecañas, una urbanización de lujo situada entre los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, ambos en la provincia de Cáceres. El Constitucional avalaba el fallo del Alto Tribunal acordando señalar la impugnación para deliberación y votación, repartir simultáneamente el recurso y las alegaciones de las partes, designar ponente, estudiar el asunto y dictar una sentencia de 40 folios «en el mismo día».

Y, todo ello, con base en una «providencia de convocatoria del 23 de septiembre de 2025 en la que, sin embargo, las firmas digitales del presidente Conde-Pumpido y la del secretario son del día 24. Al igual que en la sentencia que, siendo del mismo día 23, sin embargo no aparece rubricada por los doce miembros del Pleno hasta seis días después», denuncian algunas fuentes próximas a la causa.

«Por no hablar de cómo el titular de la Corte ha bloqueado cualquier posibilidad de celebrar vista pública» pese a que así lo solicitaron varias de las partes personadas en el asunto «en base al artículo 52.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)». Tampoco ha «dado si quiera trámite al recurso de súplica instado por la Junta de Extremadura» contra la decisión anterior, «en un nuevo ejercicio de prepotencia infinita» de la Presidencia, añaden las mismas fuentes.