Teresa Fernández de la Vega en imagen de archivo
Como avanzó El Debate en exclusiva
Dimite Teresa Fernández de la Vega como presidenta del Consejo de Estado para recuperar su plaza vitalicia
La renuncia fue registrada hace unos días. Se trata de una maniobra calculada que permitirá a Pedro Sánchez devolver a la socialista a su antiguo puesto en el órgano consultivo
Se confirma la última maniobra del Ejecutivo en su estrategia por asaltar, también, el Consejo de Estado. Tras la «inaudita» dimisión de la consejera permanente Victoria Camps –propuesta por el PSOE– que la semana pasada adelantó El Debate en primicia, lo hace este martes la actual presidenta del órgano consultivo, María Teresa Fernández de la Vega, una salida que permitirá al Consejo de Ministros restaurarla en su puesto anterior como vocal de la Comisión Permanente, uno de los nueve únicos cargos vitalicios de España. Según fuentes próximas al Consejo, la hasta ahora jefa de gabinete de la Vega «se ha ido despidiendo del personal» a lo largo de esta misma mañana.
De la Vega perdió su condición vitalicia al ser designada como presidenta del Consejo, cargo discrecional –en julio de 2018, tras la moción de censura que llevó a los socialistas a la Moncloa–. De ahí que, en una carambola a tres bandas el Ejecutivo necesite formalizar hoy mismo la dimisión de su sucesora en el cargo, la consejera Camps; admitir la presentada por Fernández de la Vega, hace unos días; y, devolverle su cargo anterior como consejera de la sección séptima. Un atajo con el que podrá mantenerse indefinidamente en el puesto ante una futura y eventual legislatura, con un Gobierno de otro signo.
Además, el Ejecutivo tendrá que designar a un nuevo presidente. Mientras tanto, y si no se hace este mismo martes de forma simultánea, la Ley Orgánica reguladora de la institución contempla una Presidencia en funciones, de manera transitoria, que recaerá en el titular de la sección primera, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Lo que garantiza que, «en ningún momento se produzca un vacío de poder».
Un auténtico «fraude»
En el seno del Consejo se afea el «fraude» que, desde un punto de vista orgánico, supone esta componenda. Un escenario sin precedentes equiparables ya que, hasta la fecha, la única dimisión conocida de un consejero permanente fue la de Pedro Cortina, en 1983, quien renunció a su plaza, en un acto de «coherencia y valentía por sus desacuerdos con el Gobierno» de Felipe González, apuntan fuentes de máxima solvencia consultadas por El Debate.
Tan sólo en otros dos casos, y por razones de fuerza mayor como una enfermedad grave, en sendos miembros de avanzada edad –Jerónimo Arozamena y Miguel Vizcaíno– puede encontrarse una dimisión de este calado.
Y, en el ámbito institucional son varias las voces que se muestran críticas con esta nueva «puerta giratoria» del Gobierno en la que se «intercambian cargos públicos», «sin pudor alguno» –y «no cualquier cargo»– «según interese». Una muestra más de cómo Pedro Sánchez estaría «tratando de atemperar los puestos de mayor peso institucional del Estado a su gusto», ante un posible escenario adverso para el PSOE en las próximas elecciones generales de 2023.
Los más desconfiados no descartan «nuevas dimisiones en cascada» de los miembros «de mayor edad» del Consejo de Estado para ser repuestos por «otros más jóvenes» que continúen en sus cargos aún cuando el actual Ejecutivo no repita mandato. Con ello, la mayoría socialista del órgano consultivo, que «durante los últimos años ha sido bastante suave en sus posiciones con el Gobierno», quedaría garantizada sine die, como mínimo, durante los próximos veinte años.
No en vano, la actual Comisión Permanente está compuesta por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, de la antigua UCD, al frente de la Sección 1ª. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, de la segunda, Paz Andrés Sáenz de Santamaría, al frente de la tercera, Fernando Ledesma Bartret, en la cuarta, Alberto Aza Arias, sección 5ª y la recién dimitida Victoria Camps Cervera, en la séptima, a propuesta del PSOE. José Luis Manzanares Samaniego, designado por el PP, en la sección 6ª; el letrado independiente Enrique Alonso García, responsable de la octava; y, la exmagistrada del Constitucional Adela Asua Batarrita, impulsada por el PNV, como cuota al socio nacionalista del Ejecutivo.
Para esta última, fue el propio Sánchez quien «creó una sección a propósito», en un órgano que «históricamente sólo ha constado de ocho plazas permanentes», apuntan a El Debate varios expertos en la materia.
Nuevo «manoseo» constitucional
El Consejo de Estado esta formado por la Comisión Permanente -encargada de gestionar el día a día y responsable de la confección de los dictámenes consultivos en materia legal, sobre los decretos y demás normas del Gobierno de turno y compuesta por la Presidencia, los consejeros permanentes y la Secretaría General-; el Pleno, que se reúne cada mes o cada dos meses -y al que se suman también los consejeros natos y los electivos; la Comisión de Estudios; las Secciones; el Cuerpo de Letrados; y, todo el personal administrativo.
Cada consejero y consejera permanente preside, a su vez, una de las nueve secciones entre las que se distribuyen las consultas remitidas al Consejo en función de la temática sobre las que versan o del Ministerio de procedencia, previa solicitud del Gobierno.
El Tribunal Constitucional, ahora pendiente de renovación, dictaminó que el Consejo es un órgano del Estado con relevancia constitucional al servicio de la concepción del Estado que la propia Carta Magna establece. Su función principal es dictaminar sobre las consultas que formula el Gobierno, velando por la observancia de la Constitución y del resto de ordenamiento jurídico y por el correcto funcionamiento de la Administración Pública.
El órgano se pronuncia a través de sus dictámenes -que emite a petición de la autoridad consultante- en los que expresa su criterio sobre las cuestiones consultadas. Estas cuestiones pueden ser preceptivas, es decir obligatorias, o facultativas. Los dictámenes aprobados por la Comisión Permanente, en su inmensa mayoría, no son vinculantes, lo que da más independencia si cabe a las deliberaciones colegiadas tanto de la Comisión Permanente como del Pleno institucional.
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