El cupo navarro de las 'mordidas' cierra filas y deja margen a que Ábalos pueda pactar con la Fiscalía

Tras recibir el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el juez Leopoldo Puente imputó a varios empresarios a la vez que a Santos Cerdán al considerar que «habrían podido intervenir en la indebida adjudicación» de contratos de obra pública concreta, a favor de sus respectivas empresas, mediante «la realización de pagos» opacos. Unas 'mordidas' que, «en parte», habrían podido recibir el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, cuya condición de aforado ha determinado la investigación de lo sucedido se siga en el Supremo, su ex asesor Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán, presuntamente responsable de la «gestión» de las cantidades, en favor de sí mismo y de terceros, entre los que además de sus compañeros de andanzas podría encontrarse una posible financiación ilegal del propio PSOE.

Ayer era el turno de Joseba Antxón Alonso Segurola, administrador de la empresa Servinabar, una de las principales implicadas en la trama de 'mordidas' que salpica al Gobierno, y socio de Santos Cerdán, ante el magistrado instructor. Y, durante, las cerca de dos horas en las que se prolongó su comparecencia, Antxón únicamente respondió a las preguntas de su abogado, para negarlo todo. La misma estrategia ya conocida en los casos anteriores y un evidente cierre de filas del cupo navarro de la corrupción que salpica al Gobierno de lleno.

Al igual que antes Koldo y, una semana más tarde, Santos Cerdán, el empresario navarro no sólo no ha aportado información relevante o esclarecedora para la causa sino que se ha limitado a desmarcarse, también, de cualquier relación con el ex secretario de organización de los socialistas, que no fuese la «amistad» que les unía. Nada profesional.

Así las cosas, en respuesta a las preguntas formuladas por su abogado, Alonso se reiteraba en no tener nada que ver en ninguna de las posibles actuaciones delictivas relacionadas con el pago de comisiones ilegales por amaños en adjudicaciones de obra pública, en Navarra.

Unos contratos que, en la mayoría de las ocasiones les fueron adjudicados a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que conformaba su empresa Servinabar con la delegación navarra de otra de las empresas bajo la lupa, Acciona, y de los que fueron elegidos en 5 ó 6 ocasiones, de las más de 20 a las que se presentaron. «Era una condición necesaria» concurrir con este formato de binomio entre una empresa local y la licitadora con la capacidad técnica real de acometer las obras a las que pujaban, explicaba el otro empresario citado, también, este lunes en sede judicial.

El ex directivo de Acciona, Fernando Merino explicaba en el Supremo cómo «tanto en Navarra como en el País Vasco una empresa nacional no tiene opciones», por lo que era «práctica habitual» relacionarse con sociedades locales a las que se les otorgaba el «noventa y nueve como nueve por ciento» de las licitaciones.

Si bien la pequeña empresa Servinabar, constituida para actividades relacionadas con la gestión documental y los eventos, ajena al sector de la construcción, empezó a ser seleccionada, de manera recurrente, como adjudicataria de importantes obras en Navarra tras las que se situaban «empresas nacionales» que «solas» no tenían ninguna posibilidad. Entre ellas, el pabellón Navarra Arena, ubicado en Pamplona; la de Mina Muga, en Sangüesa; o, en activo, en la actualidad, la que tienen en el túnel de Belate, como explicaba el propio Alonso en una escueta intervención ante su letrado.

Y es, precisamente, el silencio deliberado de tres de los presuntos implicados en la trama de las 'mordidas' de Navarra –Koldo García, Santos Cerdán y Antxón Alonso–, una vez terminadas sus comparecencias, el que deja la puerta abierta, una vez más, a que sea el cuarto imputado de peso, José Luis Ábalos, quien decida pactar con la Fiscalía Anticorrupción.

No en vano, desde hace un tiempo su abogado, José Aníbal Álvarez, ha venido indicando al fiscal jefe del caso, Alejandro Luzón, que Ábalos estaría dispuesto a alcanzar un acuerdo de conformidad, a cambio de información.

El exministro se ha mostrado predispuesto a tirar de la manta y aportar aquellos datos novedosos para las pesquisas que, todavía, obran, según parece, en su poder sobre los hechos que se investigan; y, a hacerlo después de la declaración de Santos Cerdán, que terminaba con su inmediato ingreso en la cárcel de Soto del Real.

Una intención que, en todo caso, tendrá que formalizarse a través de una declaración voluntaria en la cual el ex ministro acceda a contestar a todas las partes personadas en el procedimiento y a revelar detalles que todavía no se hayan puesto sobre la mesa de los investigadores. Una posición en la que, parapetado en la inmunidad parlamentaria que le proporciona su condición de diputado, podría permitirse reducir las posibles consecuencias penales de los delitos que tendrá que asumir, a diferencia de sus compañeros.