09 de diciembre de 2022

Pedro Sánchez y Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado, en 2018

Pedro Sánchez y Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado, en 2018EFE

Crisis institucional

Temor a que Sánchez asalte también el Consejo de Estado en una maniobra con Teresa Fernández de la Vega

La «inaudita» dimisión de la vocal permanente Victoria Camps, esta misma tarde, abre la puerta a devolver a la actual presidenta del órgano su cargo vitalicio en el órgano consultivo

Nuevo «escándalo» para Pedro Sánchez que trata de dominar, también, el Consejo de Estado. La última maniobra del Ejecutivo en su estrategia por asaltar las altas instituciones de nuestro país y controlarlas, más allá de su mandato, apunta ahora hacia el máximo órgano consultivo del Gobierno. La dimisión «inaudita» de la consejera permanente Victoria Camps –propuesta por el PSOE– permitirá al Consejo de Ministros restaurar a su anterior titular, María Teresa Fernández de la Vega, en uno de los nueve únicos cargos vitalicios de España.
De la Vega perdió su condición tras ser designada como presidenta del Consejo, cargo discrecional –en julio de 2018, tras la moción de censura que llevó a los socialistas a la Moncloa–. Fuentes cercanas a la institución apuntan ahora a El Debate, una posible dimisión del cargo, en los próximos días, para recuperar su antigua plaza y mantenerse indefinidamente ante una futura y eventual legislatura, con un Gobierno de otro signo.
Las mismas fuentes consultadas apuntan al «fraude» que, desde un punto de vista orgánico, supondría este atajo. Un escenario sin precedentes equiparables ya que, hasta la fecha, la única dimisión conocida de un consejero permanente fue la de Pedro Cortina, en 1983, quien renunció a su plaza, en un acto de «coherencia y valentía por sus desacuerdos con el Gobierno» de Felipe González. Tan sólo en otros dos casos, y por razones de fuerza mayor como una enfermedad grave, en sendos miembros de avanzada edad –Jerónimo Arozamena y Miguel Vizcaíno– puede encontrarse una dimisión de este calado.
En la órbita institucional son varias las voces que se muestran críticas con esta «puerta giratoria» en la que se «intercambian cargos públicos», «sin pudor alguno» –y no cualquier cargo– «según interese». Una muestra más de cómo Pedro Sánchez «trataría de atemperar los puestos de mayor peso institucional del Estado a su gusto» ante un posible escenario adverso para el PSOE en las próximas elecciones generales de 2023. Los más desconfiados no descartan «nuevas dimisiones en cascada» de los miembros «de mayor edad» para ser repuestos por «otros más jóvenes» que continúen en el Consejo de Estado aún cuando el actual Ejecutivo no repita legislatura.
Con ello, la mayoría socialista del órgano consultivo, que «durante los últimos años ha sido bastante suave en sus posiciones con el Gobierno», quedaría garantizada sine die.
No en vano, la actual Comisión Permanente está compuesta por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, de la antigua UCD, al frente de la Sección 1ª.
Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, de la segunda, Paz Andrés Sáenz de Santamaría, al frente de la tercera, Fernando Ledesma Bartret, en la cuarta, Alberto Aza Arias, sección 5ª y la recién dimitida Victoria Camps Cervera, en la séptima, a propuesta del PSOE.
José Luis Manzanares Samaniego, designado por el PP, en la sección 6ª; el letrado independiente Enrique Alonso García, responsable de la octava; y, la exmagistrada del Constitucional Adela Asua Batarrita, impulsada por el PNV, como cuota al socio nacionalista del Ejecutivo. Tal es así que el propio Sánchez, «creó una sección a propósito para ella», en un órgano que «históricamente sólo ha constado de ocho plazas permanentes», apuntan varios expertos en la materia.

Un órgano de relevancia constitucional

El Consejo de Estado esta formado por la Comisión Permanente -encargada de gestionar el día a día y responsable de la confección de los dictámenes consultivos en materia legal, sobre los decretos y demás normas del Gobierno de turno y compuesta por la Presidencia, los consejeros permanentes y la Secretaría General-; el Pleno, que se reúne cada mes o cada dos meses -y al que se suman también los consejeros natos y los electivos; la Comisión de Estudios; las Secciones; el Cuerpo de Letrados; y, todo el personal administrativo.
Cada consejero y consejera permanente preside, a su vez, una de las nueve secciones entre las que se distribuyen las consultas remitidas al Consejo en función, básicamente, de la temática sobre las que versan o el Ministerio de procedencia, en caso de ser solicitadas por el Gobierno.
El Tribunal Constitucional, pendiente de renovación, dictaminó que el Consejo es un órgano del Estado con relevancia constitucional al servicio de la concepción del Estado que la propia Carta Magna establece. Su función principal es dictaminar sobre las consultas que formula el Gobierno, velando por la observancia de la Constitución y del resto de ordenamiento jurídico y por el correcto funcionamiento de la Administración Pública.
El órgano se pronuncia a través de sus dictámenes -que emite a petición de la autoridad consultante- en los que expresa su criterio sobre las cuestiones consultadas. Estas cuestiones pueden ser preceptivas, es decir obligatorias, o facultativas. Los dictámenes aprobados por la Comisión Permanente, en su inmensa mayoría, no son vinculantes, lo que da más independencia si cabe a las deliberaciones colegiadas tanto de la Comisión Permanente como del Pleno institucional.
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