El empresario Luis del Rivero desliza que Sánchez pudo ser «el 1» de las 'cloacas' del PSOE tras las reuniones con Leire

El empresario Luis del Rivero, ex presidente de Sacyr, que actuó como enlace entre Leire Díez, la conocida como 'fontanera' del PSOE, y el fiscal Ignacio Stampa –del que la primera trató de obtener información sensible sobre su jefe en Anticorrupción, Alejandro Luzón– ha declarado hoy como testigo en la causa que se cierne sobre la ex militante socialista, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, todos ellos imputados por varios presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Del Rivero ha comentado, esta mañana, ante el juez Arturo Zamarriego, que atendió la solicitud de Díez, con la que se reunión hasta en tres ocasiones, ignorando que tras su interés por el fiscal Stampa se ocultaba la supuesta búsqueda de datos comprometidos de jueces, miembros del Ministerio Público, agentes y mandos de la Guardia Civil al frente de las causas por corrupción que salpican al Gobierno, a cambio de favores. Y lo hizo, además, porque le dijeron que Leire era «importante», dado que llegaba con el aval del entonces secretario de Organización de Ferraz, Santos Cerdán. Si bien éste no habría sido el último eslabón del organigrama en el que, según ha deslizado el empresario en sede judicial, «el 1», que él interpretó en todo momento que se trataba de Pedro Sánchez, pudo estar al tanto de todos los encuentros.

No en vano, ya en la documentación aportada por Stampa a la investigación, publicada en su día por El Debate, constaba una conversación mantenida por Whatsapp entre Del Rivero y el fiscal en el que se afirmaba que, más allá de lo comentado en la visita de Leire Díez, «es el 1 quien decide».

En vista del contenido de las conversaciones, Stampa avisó a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, liderada por Almudena Lastra, de que se había reunido con Díez y Pérez Dolset el 7 de mayo. Una ocasión en la que grabó todo lo ocurrido y en el que se le trasladó «el interés del Gobierno» en contactar con él, no sólo para «disculparse» por el trato «injusto» que recibió, en 2020, durante su investigación interna en la Fiscalía (a manos de la entonces titular de la Institución Dolores Delgado y de su teniente fiscal Álvaro García Ortiz) sino, además, porque se «tendría en cuenta» la posible colaboración de cara a acceder a asuntos opacos de su ex jefe Luzón.

La «mano derecha» de Santos Cerdán

Según dicha grabación, la principal investigada se acercó en busca de información sensible junto a Pérez Dolset y Del Rivero, en la que Díez se presentó como «mano derecha» de Santos Cerdán, y como «la persona que ha puesto el PSOE». «Yo traslado luego», aseguró la exmilitante a Stampa.

Díez aseguró que el encuentro era «estrictamente confidencial». «Es una reunión que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto», manifestó.

Y Pérez Dolset afirmó que cuando se conoció la imputación de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, «el presidente ya dijo que se limpie todo», «sin límite». «Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial», dijo.

Ambos aseguraron a Stampa que tanto Sánchez como el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ahora ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz serían informados del encuentro. «Lo sabrán», garantizaron la 'fontanera' y su acompañante.

Alejandro Hamlyn, todavía fugado

Por su parte, también estaba citado a declarar como testigo el empresario Alejandro Hamlyn, presente en una de las reuniones con Díez, y que se encuentra en paradero desconocido, fugado de la acción de la Justicia.

Mientras continúan las pesquisas para dar con su destino, el juez instructor Zamarriego investiga a Díez como presunta cabecilla de una «actuación delictiva, continuada y coordinada» con el empresario Javier Pérez Dolset, también imputado, y Rusiñol para «recabar información comprometida o irregular de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción» con el fin de «anular o malbaratar» sus investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».