El Supremo condena con 28 años de cárcel al asesino del abogado canario Juan Betancor

El Tribunal Supremo ha rechazado aplicar la atenuante de drogadicción y embriaguez, además de la de confesión, a un hombre que quemó vivo hasta matar al dueño de la finca en la que trabajaba, porque los hechos «no dejan de revestir esa superior crueldad que hace razonable que el tribunal sentenciador se decante por no ir al mínimo de la pena imponible». Así lo ha decidido la Sala de lo Penal en una sentencia, recogida por Europa Press, en la que rechaza el recurso de casación del hombre contra la condena a 28 años de prisión por delitos de asesinato, coacciones y detención ilegal. La víctima, el abogado canario Juan Betancor, habría sido asesinada de manera premeditada.

La sentencia considera probado que el condenado, de 75 años y natural de Cabo Verde, «movido por odio y resentimiento acumulado desde años atrás», acabó con la vida de Juan Betancor de forma «cruel», como lo había planeado, la mañana del 29 de mayo de 2022.

El alto tribunal recoge que los hechos ocurrieron en un municipio de Canarias en mayo de 2022, cuando el acusado, arrojó un bote de pintura lleno con gasolina y gasoil que «empapó» a la víctima «desde la cabeza hasta los pies» y «prendiendo simultáneamente con un encendedor el acelerante».

El hombre, según el Supremo, «se inflamó de modo inmediato» y «pidió auxilio a su esposa». Ambos eran los dueños de la finca en la que vivía el acusado desde hacía 16 años, en una construcción acondicionada para que residiera a cambio de que este cuidase la finca entre semana y realizara ciertas labores de mantenimiento.

Según el TS, además, cuando la mujer de la víctima acudió en su auxilio, el acusado, Antonio P.G., «agarrándola del cuello» y con un cuchillo «de grandes dimensiones», le exigió que le diese el móvil «o si no la mataría», y la encerró con llave en la finca. Tal y como recoge el Supremo, la víctima fue hallada con vida por la Policía en un aljibe al que se había tirado «con la intención de apagar las llamas con el agua», el condenado cerró la tapa y la cubrió con un horno viejo y la puerta de un coche para evitar que pudiera salir. Murió un día después en un hospital de Madrid por el «estado de quemado crítico» al tener el 86 % de su cuerpo afectado por el fuego.

Dos agentes de la Policía Local localizaron al acusado en una carretera cercana y, cuando se acercaron, les dijo que iba a entregarse. Además, añadió: «Hice lo que tenía que hacer, yo lo hice, no voy a decir nada más», según señala la sentencia.

Por estos hechos, el TS recoge que la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria lo condenó a 28 años de prisión, una orden de alejamiento de 500 metros de la esposa de la víctima y el pago a esta de una indemnización de 100.000 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratificó la condena, rechazando su recurso. Pero vista la «superior crueldad» de los hechos y la «persistencia en la idea de matar, que se extiende en el tiempo», el Supremo considera que este caso «permite hablar de una actuación premeditada, reveladora de un dolo específico propio», por lo que desestima este motivo.

Los magistrados consideran que «los hechos relativos a la esposa del fallecido mejor hubieran sido considerados como constitutivos de un delito de amenazas», pero recalcan que «no se puede decir» que el empleo de «un medio tan peligroso como es un cuchillo de grandes dimensiones», no sea de «menor gravedad que si no se emplea», rechazando también esta parte de la alegación.