La vuelta de Puigdemont para la campaña cierra el círculo de la legislatura de la amnistía

Uno de los motivos por los que a Junts le tembló el pulso antes de decidirse a tumbar los dos decretos leyes de vivienda que el Gobierno llevó al Congreso el pasado viernes fue la amnistía de Carles Puigdemont. Los independentistas temían que, si asestaban a Pedro Sánchez un golpe de ese calibre, este pudiera adelantar las elecciones. Y que ello, a su vez, provocara que el Tribunal Constitucional acabase retrasando su decisión sobre los recursos de amparo presentados por los cabecillas del procés contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía al delito de malversación que cometieron.

Sin embargo, no fue así. Junts bajó su pulgar el viernes en el Pleno y Sánchez convocó los comicios para el 29 de noviembre. Pero lo que temían los independentistas no pasó: Cándido Conde-Pumpido y la mayoría de izquierdas del TC resolvieron favorablemente el recurso de Dolors Bassa y dieron vía libre al regreso del prófugo, nueve años después de su huida.

A falta de que Puigdemont decida la fecha, su regreso a España como un hombre libre para hacer campaña electoral cerrará el círculo de la legislatura de la amnistía. Aquella que empezó en noviembre de 2023 con un acuerdo entre el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y Puigdemont para redactar una ley que consagrara la impunidad del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Sánchez no lo hizo por convicción, sino por la necesidad de contar con los siete votos de Junts para su investidura. Ese era el precio.

El día de su aprobación en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo sostuvo: «No se atrevan a vendernos la reconciliación, porque esta ley divide a España en dos y divide a Cataluña en dos. Esto no es reconciliación, es sumisión». Y Santiago Abascal denunció: «Asistimos a un colosal acto de corrupción, el mayor de toda nuestra democracia. Aquí se ha producido una compra de votos».

El PP y Vox intentaron pararla en las calles con manifestaciones tan multitudinarias como no se veían desde el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, dilatar su aprobación en el Senado. Recurrieron al Tribunal Constitucional, a la Comisión de Venecia y al Tribunal de Justicia de la UE. Pero no funcionó. El único dique de contención parcial fue el Tribunal Supremo, fueron los jueces Pablo Llarena y Manuel Marchena, que se negaron a ampliar la amnistía al delito de malversación. Hasta que el Constitucional los ha desautorizado ahora.

Este martes, en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros, a Sánchez le preguntaron si ahora sí va a hacerse esa foto con Puigdemont pendiente desde diciembre de 2024; que fue la primera vez que el presidente abrió la puerta a reunirse con el líder de Junts, en el marco de las negociaciones para los Presupuestos de 2025 -que después nunca existieron-. Sánchez dejó claro que no: «Estamos en tiempo electoral. Estamos los candidatos defendiendo nuestras opciones políticas, que son legítimas, y por tanto no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni otro», se escabulló. Por el contrario, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se mostró dispuesto a recibir a Puigdemont en el Palau, como al resto de los expresidentes.

Los socialistas no temen que la vuelta de Puigdemont resucite el debate de la amnistía a nivel nacional, con los partidos metidos en harina electoral. Que es, precisamente, lo que intentó hacer ayer el PP: «Nada puede borrar que la amnistía es otro engaño más de Sánchez. Es imposible convertir una mentira en verdad, ni una inmoralidad en algo justo. Vender favores a cambio de poder debe castigarse en las urnas», escribió Núñez Feijóo en X.

En el PSOE argumentan que la amnistía ya tuvo un coste para ellos al comienzo de la legislatura, pero que ahora está más que amortizada porque sus beneficios son palpables. Argumentan que no hay más que ver el espaldarazo que la sociedad catalana dio al PSC en las elecciones de 2024, cuando ganó con 42 escaños. Y, también, que el resto de España ha comprobado sus efectos positivos para la «reconciliación». Les ayuda, creen, el hecho de que Puigdemont no vaya a ser el cabeza de cartel de Junts: lo será nuevamente la actual portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, como ya ha confirmado la formación.

El Sánchez de 2019

Hace siete años, también hubo elecciones generales en noviembre, como ahora. Entonces estuvieron marcadas por los graves disturbios provocados por los radicales independentistas tras la sentencia del Tribunal Supremo, que condenó a los responsables del procés por los delitos de sedición y malversación. Hubo casi 700 heridos (de ellos, más de 300 eran mossos y policías nacionales) y el Ministerio de Fomento cifró en 7,3 millones las pérdidas económicas por los actos de sabotaje y vandalismo.

En aquella campaña, Sánchez prometió recuperar el delito de rebelión en el Código Penal y traer de vuelta a Puigdemont a España para que fuera juzgado. De aquel entonces es esta frase que dejó para la posteridad: «La Fiscalía, ¿de quién depende? Pues ya está». Ayer, por el contrario, en el arranque de la nueva batalla electoral, Sánchez presumió en la Moncloa de todo lo contrario. Presumió de su política de apaciguamiento, primero con los indultos y luego con la amnistía. «Era un problema político que teníamos que resolver desde la política», rememoró. «No las hacíamos pensando en un partido político, ni en un político o política independentista. Lo hacíamos pensando en la convivencia entre catalanes», añadió.