El Gobierno autoriza una transferencia de 14,6 millones de euros para los actos del 'Año Franco'

El Gobierno ha autorizado una transferencia de 14,6 millones de euros al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres «para atender los gastos asociados al Comisionado para la celebración de los '50 años de España en libertad'», lo que muchos han denominado como Francolimpiada.

Así figura en las referencias del Consejo de Ministros, donde esgrimen la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática para justificar este gasto, que supera, por ejemplo al presupuesto anual del CIS o de la Casa Real. Y todo ello mientras el Gobierno encadena ya tres ejercicios sin aprobar unos Presupuestos Generales.

Según el Ejecutivo, aunque a lo largo del 2025 se han organizado «más de 600 actividades en todo el territorio español», para este 2026 pretenden «afianzar las líneas de trabajo iniciadas en el ejercicio anterior».

Tal y como figura en las referencias del Consejo de Ministros, aspiran a poner «el foco especialmente en cómo este conocimiento del pasado puede ayudar a reforzar los valores democráticos, trabajando especialmente con la población joven», han publicado.

Entre las «actuaciones» que justifican esta transferencia estaría la realización de «convenios de colaboración con entidades públicas y privadas de ámbito nacional y local para actividades de debate, pensamiento y culturales por la democracia, con el fin de organizar múltiples actividades como congresos, ciclos de cine en filmotecas y festivales, jornadas, cursos, conferencias, talleres, encuentros nacionales e internacionales, publicaciones, etc».

También contemplan un «programa de creación contemporánea y actos conmemorativos en torno al conocimiento de la guerra civil, la dictadura franquista y la promoción de la democracia, con múltiples formatos y en diferentes ciudades» o exposiciones como Juventud, dictadura y democracia en los años 70 y Rumor ronco. Preguntas para futuros posibles.

Derrota judicial

Esta transferencia llega solo unos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya devuelto al escritor José María Pemán el honor que en diciembre de 2021 le arrebató el entonces alcalde de Cádiz, José María González, más conocido como Kichi, con la ayuda del PSOE. Concretamente fue el título de Hijo Predilecto de la ciudad; una distinción que ahora ha recuperado gracias a una sentencia que abre la puerta a la recuperación de otros reconocimientos.

Se trata de toda una enmienda al revisionismo de las políticas memorialistas, toda vez que el Kichi se valió en su día de la ley de Memoria Histórica de 2007 –sustituida en 2022 por la de Memoria Democrática– para retirar a Pemán las distinciones obtenidas con anterioridad.

La sentencia, con fecha del pasado 15 de enero, es clara al respecto: no basta con una biografía crítica ni con la mera vinculación de una figura intelectual a uno de los bandos de la Guerra Civil, en este caso el vencedor, para enviar a alguien al ostracismo y silenciarlo para siempre.