La estrategia de Ábalos, Koldo y Cerdán para ensuciar la primera derivada del 'caso PSOE' en el Supremo

Santos Cerdán quiere ser escuchado en la vista de este jueves, día 12, en el Supremo. La cita, marcada como vista preliminar del juicio al que se enfrentarán en unas semanas sus ex compañeros de partido José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre, ha sido objeto de todo tipo de maniobras de por parte de los dos procesados. Pero, ahora, además, Cerdán, en un documento de 24 páginas planteado por sus abogados, la ha convertido en objeto de deseo ya que entiende que «se va a resolver sobre aspectos esenciales del procedimiento» más amplio, en el que él mismo sí «se encuentra aún investigado», y que por el momento se celebrará sin su «participación».

Pese a que los propios abogados de Cerdán reconocen en su escrito que «no hay un soporte procesal específico» para la misma, «es cierto que sí se contemplan supuestos análogos en el artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para el caso de cuestiones civiles y administrativas prejudiciales y el 803 ter.a) y siguientes para el caso de personas afectadas por el decomiso». «En ambos casos», Cerdán asegura que «se permite la participación en el proceso de un tercero ajeno al investigado/acusado».

Dicha presencia sería, según los expertos consultados por El Debate, «poco ortodoxa» y no cuenta con precedentes, dado que el acto, en sí mismo, no es una audiencia pública, algunas fuentes consideran que podría admitir discusión jurídica en base al artículo 785 de la LECrim, donde se regula dicha vista preliminar. El texto que, no obstante, fue aprobado el año pasado, apunta a que «la publicidad» de esta convocatoria «debería estar restringida a las partes», matizan las mismas fuentes.

A estas alturas, resulta evidente que la maniobra de Santos Cerdán contribuye a oscurecer, todavía más, un proceso que tanto Ábalos como Koldo han tratado de dilatar, sin éxito, en los últimos días, instando su declaración telemática y auspiciando todo tipo de excusas para justificar su ausencia. De hecho, ahora, Cerdán plantea a la Sala Segunda la «imperiosa necesidad» de que se dé una «solución» a su 'problema' ya que, «de modo contrario» se vería «privado de su derecho a la defensa de modo irreversible», quedando así «limitado a un proceso sin garantía alguna».

De hecho, insiste Cerdán en su argumentario, como lo han hecho en todo momento las defensas de Ábalos y Koldo, durante este proceso, en la idea de que desde la Sala de lo Penal del Supremo se estarían restringiendo «sin justificación» sus «derechos constitucionales». No en vano, tanto el ex ministro como su ex asesor instaron en varias ocasiones la nulidad de lo actuado, entorno a las entradas y registros de sus domicilios y despachos, en el marco de la 'Operación Delorme' que es de donde nace el estado actual de la causa que se sigue en el Alto Tribunal, en el que han defendido, por escrito, su inocencia.

«En concreto (...)», Cerdán hace referencia al Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 24, 6 y 14, respectivamente, «privando a un ciudadano, el Sr. Cerdán, y el resto de partes que se encuentran en la misma situación, del derecho a un proceso con todas las garantías, entre ellas el derecho a un procedimiento contradictorio, el derecho a los recursos que, en definitiva, provocan la absoluta indefensión de esta parte».

Un mecanismo que evoca las tácticas de los líderes separatistas del procés, cuestionando la competencia del Supremo para continuar con este caso, una vez Ábalos ha renunciado a su acta como diputado y, en consecuencia, ha perdido el aforamiento; y, deslizando, en todo caso, que la inexistencia de un recurso posterior a la futura y eventual sentencia dictada, se convertirá en una impugnación, en amparo, ante el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido.