Sindicatos policiales alertan del riesgo de colapso con la regularización de inmigrantes: «Es un coladero»

La regularización extraordinaria de hasta 500.000 inmigrantes en situación administrativa irregular, anunciada por el Gobierno y pendiente de desarrollo normativo, ha encendido todas las alarmas entre los sindicatos policiales. Desde Jupol, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, advierten de que el proceso, tal y como está planteado, puede derivar en un colapso operativo sin precedentes en las unidades de Extranjería y Fronteras. «Es una medida adoptada sin contar con quienes tienen que aplicarla. Va a ser un caos», resumen fuentes del sindicato consultadas por El Debate.

El Ejecutivo prevé que las solicitudes comiencen a tramitarse a partir de abril, una vez se publique el real decreto en el Boletín Oficial del Estado, con un plazo abierto hasta el 30 de junio. Sin embargo, desde Jupol alertan de que las plantillas actuales no están preparadas para absorber una avalancha de expedientes que obligará a revisar identidades, certificar estancias previas en España y comprobar antecedentes penales y policiales, todo ello con medios ya saturados.

«Las unidades de Extranjería están desbordadas incluso sin regularización. Con cientos de miles de solicitudes adicionales, habrá que dejar aparcadas otras funciones esenciales», explican desde el sindicato. Entre ellas, citan la lucha contra las mafias de inmigración ilegal y la trata de seres humanos, investigaciones complejas que requieren tiempo y especialización. «Vamos a pasar de perseguir redes criminales a hacer exclusivamente papeleo», lamentan.

Uno de los puntos que más preocupa a los agentes es la dificultad real de verificar los antecedentes de los solicitantes. «Encontrar antecedentes penales ya es complicado en muchos países de origen, pero localizar antecedentes policiales es prácticamente imposible cuando la persona ha entrado de manera irregular», explican fuentes de Jupol. A ello se suma, añaden, que uno de los requisitos clave del proceso –demostrar la permanencia en España antes del 31 de diciembre– es «relativamente fácil de falsificar» si no se realizan comprobaciones exhaustivas.

El sindicato también alerta de un efecto llamada que, aseguran, ya empieza a percibirse en puntos especialmente sensibles del territorio. «En Ceuta, Melilla o incluso en la frontera con Francia se está notando un incremento de presión migratoria. Todo está en el aire y ahora mismo es un coladero», señalan. Según explican, los centros de acogida en Ceuta se encuentran bajo una fuerte presión, con recursos limitados y una capacidad cada vez más tensionada ante la expectativa de una regularización que facilitaría, además, la libre circulación por la Unión Europea.

Desde Jupol insisten en que el mensaje que se proyecta al exterior es peligroso. «Se lanza la idea de que entrar y permanecer de forma irregular en España puede acabar teniendo recompensa administrativa», alertan. Un mensaje que, a su juicio, beneficia directamente a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, que utilizan este tipo de anuncios como argumento para captar migrantes y lucrarse con su desesperación.

El sindicato también denuncia la inseguridad que genera un proceso extraordinario diseñado sin consenso y con criterios poco claros, como qué antecedentes deben considerarse relevantes o en qué momento del procedimiento. «Los agentes se exponen a cambios constantes de instrucciones, interpretaciones dispares y un aluvión de recursos», explican.

Desde Jupol reclaman al Ministerio del Interior que rectifique el enfoque y abra un proceso de diálogo real con los profesionales encargados de aplicar la medida, exigiendo refuerzos urgentes de personal, medios tecnológicos y apoyo administrativo antes de poner en marcha la regularización. «Los policías cumpliremos con nuestra labor, pero no se puede improvisar una decisión de este calibre sin planificación», concluyen.