La derecha está en máximos y Sánchez quiere que parezca que el beneficiado es él

Nadie vio venir que el PSOE, por boca de Óscar López, acabaría culpando del fracaso de Pilar Alegría en las elecciones del pasado domingo al fallecido Javier Lambán, que fue presidente de Aragón entre 2015 y 2023. No como López, que intentó serlo de Castilla y León en las elecciones de mayo de 2011 y el popular Juan Vicente Herrera le dio una paliza de casi 22 puntos, que fue la ventaja que le sacó.

Los socialistas han pasado de no hacer autocrítica por las sucesivas derrotas electorales a echar el muerto al muerto, con perdón de la ordinariez. Y a que su máxima aspiración sea ver cómo el PP se cuece a fuego lento en la olla de Santiago Abascal, con la esperanza de que las desavenencias entre los populares y Vox acaben convenciendo a los españoles de que con quién van a estar mejor que con Pedro Sánchez. Obviando por completo que la derecha está en máximos precisamente por el rechazo al sanchismo.

El intento de María Guardiola de explorar una abstención del PSOE para ser investida nuevamente presidenta de Extremadura solo refleja la desesperación de quien reivindica sus 29 escaños frente a los 11 que obtuvo Vox. Guardiola convocó elecciones para dotar a su tierra de Presupuestos y estabilidad, y ni lo uno ni lo otro tendría con una abstención de los socialistas que, por otro lado, estos se han apresurado a rechazar de plano.

A pesar del paso en falso de la presidenta extremeña en funciones, en el PP confían en evitar la repetición electoral. Aunque, tras lo sucedido en Extremadura y Aragón y lo que se viene en Castilla y León, en el partido ha cundido la impotencia frente a Vox. Y se preguntan cómo negociar con quienes, según los populares, enarbolan condiciones inasumibles porque no quieren entrar de nuevo en los gobiernos autonómicos para no desgastarse con la gestión. «En este punto, tenemos que plantarnos y dejar claro en qué podemos ceder y en qué no. No pueden pretender (en alusión a los de Abascal) encontrar en el PP algo que no sea el PP», opina una voz veterana del PPCyL, el próximo en medirse a Vox en las urnas, el 15 de marzo.

Y Sánchez frotándose las manos

Y Sánchez está disfrutando con ello, aunque lo disimule bajo la apariencia de una honda preocupación por el avance de la «ola ultra». El miércoles, durante su comparecencia en el Congreso sobre el accidente de Adamuz, el presidente del Gobierno volvió a hacer pública su intención de agotar la legislatura. Fue cuando dijo: «Yo no sé qué harán los ciudadanos y las ciudadanas en julio de 2027, cuando haya unas elecciones generales». Más que a intención, sonó a obstinación. Tanto a sus devotos como a sus críticos les ha quedado aún más claro tras la derrota en Aragón. «Lo que no puede ser es que aquí termine hundiéndose en la trinchera toda la infantería para que simple y llanamente siga existiendo el cuartel general», se quejó el jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que insistió en que las elecciones generales deberían ser antes que las municipales y autonómicas de mayo de 2027.

Lo de gobernar hasta entonces es otra cosa. Durante ese mismo Pleno, la portavoz de Bildu advirtió a Sánchez: «El ‘que viene la ultraderecha’ por sí solo ya no vale, lo acaba de comprobar este domingo. O pone en marcha una nueva oleada de derechos o se dedicará a resistir y esa resistencia condenará no solo a su Gobierno, sino a la ciudadanía». Pero con la boca pequeña, porque el partido de Mertxe Aizpurua es el más interesado en que Sánchez dure esta legislatura y otra más, como se ha encargado de afirmar Arnaldo Otegi en más de una ocasión.

Un día antes, en el Consejo de Ministros se produjo una escena que ejemplifica bien cómo el Gobierno se dedica mucho a predicar y a anunciar y muy poco a dar trigo, porque no puede. El Ejecutivo aprobó ese día su nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible, en la que incluyó una prestación universal por crianza de hasta 200 euros por cada hijo menor de edad.

En la rueda de prensa posterior, al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 le preguntaron que cuándo podría estar operativa. Y Pablo Bustinduy tuvo que reconocer la trampa: si no hay Presupuestos, no habrá ayuda; ergo, no habrá ayuda. «Yo confío en que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado pueda dar pasos en esa dirección», respondió lacónico el ministro del ramo, que de paso se autodescartó para liderar el nuevo Sumar que Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comunes presentarán el próximo sábado, sin que Podemos esté ni se le espere (he ahí el principal problema).

A estas alturas de la legislatura, todo el mundo sabe que lo único que se aprueba en el Parlamento es lo que Junts quiere que se apruebe. Como la reforma del Código Penal impulsada por el partido independentista para aumentar las penas a la multirreincidencia, que el jueves recibió luz verde en el Congreso (queda el trámite en el Senado) con una amplísima mayoría de 302 votos a favor: los del PP, el PSOE, Vox, Junts, el PNV y UPN.

El PSOE se apresuró a felicitarse por avanzar en la lucha para atajar la multirreincidencia «desde un enfoque de izquierdas», cuando la realidad era más simple que todo eso: Sánchez necesita recuperar a los de Carles Puigdemont. Por eso los socialistas desbloquearon una proposición de ley que tenían aparcada desde septiembre de 2024 (desde su toma en consideración), aun a costa de zambullirse en lo que ellos llaman «el marco de la ultraderecha».

Acabada la votación, Junts se apresuró a aclarar que esta aprobación «no cambia nada» en su relación con el Gobierno. Y a anunciar que mantienen su oposición al decreto ley del escudo social que la Cámara Baja ha de convalidar, previsiblemente, la última semana de febrero. No obstante, y a pesar de que la formación de Puigdemont y el Gobierno afirman que no hay contactos entre ambos porque a Junts no le interesa que se sepa, sí los hay. Y en el Ejecutivo esperan poder salvar esa votación. De momento están rezando a San Puigdemont.