Conde-Pumpido pretende regular el derecho de huelga en un nuevo «exceso» de sus competencias

Ante la parálisis del legislador, dado que en España no existe una Ley de Huelga como tal, el Constitucional de Cándido Conde-Pumpido se prepara para llevar a cabo «una reformulación en positivo de la materia del Derecho Huelga». Es decir, una vez más, en un exceso de sus competencias, la Corte de Garantías se propone 'legislar' sobre una aspecto que sólo corresponde al Parlamento. Una deriva que ya ha sido denunciada, en otras ocasiones, como durante la polémica de las cuestiones prejudiciales, sobre la sentencia de los ERE de Andalucía; la inconstitucionalidad de las leyes derogatorias de otras normas, a partir de la Memoria Democrática; o, la consagración del aborto y la eutanasia como una suerte de derechos fundamentales en nuestro ordenamiento, cuando sólo se trataba de determinar su encaje constitucional.

Ahora, la excusa, es el conflicto surgido a partir de una protesta laboral planteada por los trabajadores de la compañía Ryanair que ha terminado en el Constitucional, en sendos recursos de amparo registrados, por una parte por el personal de vuelo de la aerolínea y, por otra, por el personal de tierra, resultando que uno de ellos recayó en la Sección Cuarta, con propuesta de admisión de los magistrados Ramón Sáez, María Luisa Balaguer y de inadmisión de Enrique Arnaldo; y, el otro en la Sección Segunda con propuesta de inadmisión conjunta de los magistrados Ricardo Enríquez, José María Macías y Juan Carlos Campo.

Al existir una discrepancia de criterios, sobre una misma cuestión, el asunto se elevó al Pleno de la Corte donde está pendiente de ser resuelto. Y, para ello, por primera vez, el presidente Cándido Conde- Pumpido utilizaba su voto de calidad, inclinando la balanza a favor de la admisión e incumpliendo, de paso, su propio criterio sobre cómo en caso de intervenir, lo haría siempre para apoyar la posición de la mayoría que, en este caso, era partidaria del rechazo.

En la mesa del Tribunal, en realidad, la oportunidad de que el bloque izquierdista dicte una resolución sobre el Derecho de Huelga en el que, una vez más, se acabará incurriendo en un «exceso de jurisdicción» de la Corte, denuncian varias fuentes consultadas por El Debate, para rellenar un hueco normativo que no existe, usurpando el papel del legislador que es al único al único al que le corresponde, en exclusiva, la tarea de regular.

Y es que, según ha podido saber este diario, en el seno del órgano que preside Conde-Pumpido, toma fuerza la tesis de que no es la empresa la que debe intervenir en la conformación de los servicios mínimos, en caso de huelga, sino que la fijación de los mismos debería ser el resultado de un proceso de negociación entre ésta y los sindicatos, que la Administración sólo tendría el deber de validar.

Un planteamiento que, sin embargo, no consta reconocido en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, donde se establece el derecho al legítimo ejercicio de la protesta por parte de los trabajadores, frente al empleador o a un determinado sector. Y, ahí es donde Conde-Pumpido ha entrado en juego. En primer lugar, permitiendo que la cuestión haya llegado al Pleno, votando con la minoría de magistrados, pese a que siempre ha defendido que, en caso de necesidad, haría lo contrario. En segundo, porque no es la primera vez que el titular del TC utiliza un recurso para invadir competencias ajenas, bien para descalificar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo o, como en este caso, para sustituir la voluntad de la soberanía popular, que sólo corresponde al Poder Legislativo, expresada a través de sus representantes electos en el Congreso y en el Senado.

Una «deriva muy preocupante» del TC

De hecho, era el propio presidente del Constitucional quien, este lunes, en la conferencia pronunciada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, apelaba a la legitimidad de la Corte para «actualizar» derechos, apoyado en la «capacidad institucional de adaptación».

«La Constitución no queda petrificada en la voluntad histórica de 1978, sino que se proyecta dinámicamente a través de la jurisprudencia constitucional», afirmaba Conde-Pumpido durante la inauguración de la jornada.

Así las cosas, e invocando el principio de no regresión, Conde-Pumpido ha ido cristalizando una serie de derechos que, a priori, no están reconocidos como tales en nuestro ordenamiento jurídico; interpretando normas penales, aunque no está previsto dentro de sus funciones; y, creando un nuevo marco constitucional, por la puerta de atrás, sin respetar los cauces previstos en nuestra Carta Magna para su reforma, que reclama de mayorías muy cualificadas y que exige la consulta al pueblo soberano.

«El presidente del Constitucional se ha erigido en una suerte de legislador constituyente que utiliza su mayoría aritmética para imponer a la mitad del tribunal, y por tanto de la sociedad española, su relato político sobre determinados temas jurídicos de calado en los que, ni siquiera internamente, no existe unanimidad», denuncian desde el sector judicial, ante este nuevo intento por arbitrar el Derecho de Huelga, como ya hiciera en el caso del aborto o la eutanasia y como aspira a hacer en el de la Memoria Democrática, donde se trabaja para «consagrar la verdad impuesta sobre la realidad histórica», como un nuevo derecho fundamental del 'sanchismo'.