El bloque Conde-Pumpido maniobra para consagrar la Memoria Democrática como un nuevo derecho fundamental del 'sanchismo'

La Ley valenciana de Concordia, aprobada en 2024 por el Partido Popular y Vox, y recurrida por el Gobierno de Pedro Sánchez ante el TC será la punta de lanza de este último para ensanchar el marco constitucional, sin la intervención del Congreso, y consagrar –como ya sucediese con el aborto y la eutanasia– una suerte de nuevo derecho fundamental a la Memoria Democrática en su versión 'sanchista' incuestionable, inmutable e inamovible.

No en vano, en una de las últimas resoluciones adoptadas por la Corte de Garantías en la materia, los siete magistrados del bloque izquierdista, con Cándido Conde-Pumpido en cabeza, acordaban prorrogar la suspensión del texto valenciano hasta resolver sobre el encaje del mismo en nuestro ordenamiento; y, lo hacían bajo la premisa de que lo contrario –esto es, permitir su aplicación– supondría un «perjuicio irreparable» y «una merma en el reconocimiento» de las víctimas y sus familiares. Asumiendo, así, el argumentario del Gobierno que los textos regionales pretenden, «a través de una malentendida concordia, enterrar la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista».

«Destaca la grave afectación que implicaría el levantamiento de la suspensión al cumplimiento del deber de colaboración autonómico con la normativa estatal, señalando que el daño irreparable a la implementación de las políticas públicas de memoria democrática ya se ha evidenciado en hechos concretos» según los «datos que ofrece el Consejo Territorial de Memoria Democrática», reza el auto de la magistrada Laura Díez, que ha permitido a la Corte congelar, durante cinco meses más, tras los cinco primeros de aplicación automática, la ley de Concordia de la Comunidad Valenciana.

Con estas afirmaciones que, según ha podido cotejar El Debate, ya se habían deslizado no tan explícitamente en la prórroga acordada para la ley derogatoria de Cantabria, se va asentando como doctrina que cualquier intento de alterar o derogar el enfoque de la ley estatal vigente en la materia, podría ser considerado inconstitucional.

Una postura con la que el ala mayoritaria del TC está contribuyendo a «petrificar» ad eternum la actual ley de reparación que el Ejecutivo puso en marcha para dignificar y recordar la memoria de las víctimas de la Guerra de España, que se prolongó durante toda la dictadura franquista y que, incluso, se extendió durante los primeros años de la democracia. Una medida, esta última, que generó amplísimas críticas.

Ahora, los magistrados Laura Díez, ponente del cuestionado auto de prórroga de la suspensión, Cándido Conde-Pumpido, presidente del órgano, Ramón Sáez, María Luisa Balaguer, María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo e Inmaculada Montalbán, han ido un paso más allá, apoyados en la tesis de la Abogacía del Estado, apuntando un camino que apunta hacia la reconstrucción del marco jurídico vigente, presentando el derecho a la Memoria Democrática como tal.

Seguir este sendero «supone violentar el pluralismo político» ya que si se mantiene como excusa que la finalidad de la ley actual sólo puede cumplirse a través de ella y que es imposibles que cualquier otra cumpla con el objetivo previsto, en realidad lo que se está haciendo es «reconstruir la Constitución» con un derecho nuevo, «sin consultar al Congreso y, por lo tanto, al pueblo soberano».

Cabe recordar que el TC se concibe con el objetivo de controlar, como intérprete supremo de la Carta Magna, la legalidad en el marco constitucional, no para auto convertirse en «una suerte de Poder Constituyente o de legislador, que no es», recuerdan varios expertos consultados.