El abogado de la víctima del DAO afirma que no pactará nada con Interior: «Mi cliente no se vende»

«De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente, yo sí que renunciaré y sí que dimitiré», aseguraba Fernando Grande-Marlaska durante la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles, en el Congreso de los Diputados.

Una afirmación que, no sólo le suponía un aluvión de críticas por descargar la responsabilidad de su renuncia al cargo, en la agente que se ha querellado contra el ya ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, por agresión sexual sino que, además, planteaba dudas sobre si semejando afirmación se debía a un posible acuerdo con el Ministerio del Interior. Extremo, este último que ha descartado su abogado, Jorge Piedrafita, en declaraciones a El Debate: «No se va a pactar nada. Mi cliente no se vende». E insiste: «Es una persona íntegra que no se ha plegado a ninguna oferta de puesto o embajada».

De hecho, y como él mismo explicaba en el escrito presentado en sede judicial que ha sido admitido y, como consecuencia, ha provocado la inmediata dimisión del DAO –antes de que trascendiese lo ocurrido a los medios de comunicación– ya se habían producido intentos desde el entorno de González Jiménez para, a cambio de promesas de ascensos o destinos, comprar el «silencio» de la mujer, inspectora del Cuerpo policial.

Así las cosas, fue en el mes de julio del año pasado cuando apareció en escena, el comisario Óscar San Juan, miembro del entorno más directo del ya ex DAO que contactó con la agente para ofrecerle, literalmente, que eligiera el destino o puesto de trabajo que quisiera, con el objetivo de frenar cualquier denuncia. Ya entonces la agente rechazó la propuesta de compensación laboral y dejó claro que no aceptaría ningún trato.

Mientras las piezas continuaban maniobrando, la víctima, quien había obtenido un ascenso profesional, de manera objetiva, antes de que se produjesen los gravísimos hechos, solicitó hasta una treintena de destinos paras alejarse, al máximo, de su agresor pero, sin embargo, acabó siendo enviada a la sede central de la Dirección General donde tenía su despacho su agresor y donde se vio obligada a 'convivir' con él, durante un tiempo, hasta que solicitó la baja laboral, con retirada de su arma reglamentaria, diagnosticada por trastorno ansioso-depresivo reactivo a la agresión y al acoso posterior.

Como consecuencia de todo lo anterior, esta misma semana se producía la apertura de diligencias de investigación penal del Juzgado número 8 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid, contra el máximo mando operativo de la Policía por agresión sexual, coacciones y malversación de recursos públicos. Dos horas después de que los medios de comunicación se hicieran eco de la misma, José Ángel 'Jota' González Jiménez, anunció su dimisión y puso fin a una etapa de siete años como máximo mando operativo uniformado de la Policía Nacional.