Marlaska, dicen que fue juez

En 2018, un juez entró a formar parte del primer Gobierno que nacía fruto de una moción de censura en España. Como a su colega Margarita Robles, Pedro Sánchez nombró a ese famoso magistrado para dar apariencia de institucionalidad, para que pareciera que su Consejo de Ministros contaba con una conciencia de Estado. ¿Quién podía dudar de un juez que había sido en su larga década en la Audiencia Nacional azote contra los pistoleros de ETA y amable bálsamo para las víctimas de los terroristas? Nadie osó. Pero todos se equivocaron: Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 63 años, casado e hijo de un policía municipal y de una modista) encarnaría desde entonces la criatura más perfecta de Kafka, el más sorprendente caso de metamorfosis que ha vivido nuestra vida política. La toxicidad sanchista envenenó al político de nuevo cuño, que pasó de respetable impartidor de justicia a agitador de la división social.

Llegó al Ministerio del Interior, un Departamento de los llamados de Estado, con fama de hombre de principios, que había labrado su carrera como instructor en el País Vasco en los años de plomo de ETA, desde donde impulsó una causa contra Batasuna, muy mal recibida por Zapatero, al entorpecer su negociación con los terroristas. Los dirigentes batasunos fueron pasando por la cárcel, gracias a los autos que firmaba Marlaska, aunque Otegi solo estuvo entre rejas el tiempo que necesitó para juntar la fianza. Todavía dejaría su impronta el hoy juez en excedencia al no cejar en la investigación del escandaloso chivatazo policial del bar Faisán, sin olvidar que fue el responsable del archivo del caso del accidente del Yak-42. Si hubiera sido nombrado ministro por el PP, nadie se hubiera sorprendido.

De hecho, Rajoy barajó su nombre para reemplazar al fiscal general, José Manuel Maza, prematuramente fallecido. Dicen que, enfadado con los populares porque no le convirtieron en titular del Ministerio Público, se dejó querer por Pedro Sánchez para que le colocara como guinda en su pastel. Solo necesitaba algo: demostrar fidelidad perruna a costa de lo que fuera, también de la dignidad. Sobre todo, de la dignidad. Su designación como ministro fue recibido por el CIS a finales de 2018 con alborozo, pues se trataba de una de las personas con más notoriedad y buena imagen del flamante Ejecutivo socialista. Hoy, sin embargo, es uno de los peor valorados por la cocina de Tezanos y ultrarreprobado por el Congreso.

En esos días de la moción de censura de 2018, mientras Ábalos nos daba lecciones de lo que es la decencia y de lucha contra la corrupción desde la tribuna del Congreso, Marlaska ya preparaba su ascenso político. De las primeras cosas que hizo al ser designado responsable de la seguridad en España fue nombrar a José Ángel González, conocido en el Cuerpo como Jota, director adjunto de la Policía (DAO). El cargo uniformado más poderoso, que solo reporta al director general y al propio ministro. Nadie esperaba que Marlaska se fijara en él, pero Jota tuvo un buen padrino: el comisario jubilado Segundo Martínez, ex jefe de Seguridad de Zapatero en Moncloa. Además, la soledad del insospechado presidente, enfrentado a todo su partido, y la premura de los plazos de conformación del Gabinete, facilitaron que accedieran a puestos de responsabilidad técnica no precisamente los lápices más afilados del estuche. Marlaska emparejaba su futuro a «un botas», apelativo con el que se denomina a los policías que han trabajado sobre el terreno, «absolutamente indiscutido e indiscutible», la cara noble del Cuerpo, según las palabras de quien le había promovido, aquel servidor del Estado «que iba a acabar con los tejemanejes de la policía patriótica del PP». De hecho, se ganó la confianza del ministro con una purga de esa policía.

Tanto confiaba en él que fue capaz de aprovechar un decreto sobre los estragos de la terrible Dana, en la que perecieron 200 personas, para mantener en la poltrona a su cargo de confianza, que ya tenía edad de jubilación. En consonancia, el hoy ya exDAO creyó que su impunidad no tenía límites. Hasta que esos límites se los puso el 17 de febrero de 2026 la querella de una subordinada, que le acusaba de haberla violado en su piso oficial de la calle de Alberto Alcocer. Antes y después de la agresión, la denunciante dijo haber sido objeto de coacciones y hasta sospecha que pudo ser trasladada a la calle de Miguel Ángel, de Madrid, porque allí tenía su despacho el jefe hoy caído. Era un clamor entre los agentes que el comportamiento de González no era admisible, pero a Marlaska nunca le llegó, según asegura hoy: «Estoy muy decepcionado», se lamentó en un rápido canutazo en el Congreso. Nada supo hasta que, según la versión oficial, el martes pasado la subdirectora general de Recursos humanos (hoy DAO interina), Gemma Barroso, y el director político del cuerpo, Francisco Pardo, le informaron del escándalo más grave en nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tras el caso Roldán. El ministro llamó a Sánchez y Moncloa activó el protocolo habitual: destitución, el raca raca de la tolerancia cero y remitir al informe de la investigación interna.

Marlaska aplicó el manual monclovita para crisis que en otros países harían caer Gobiernos: primero preguntar a su segundo, Paco Pardo, si sabía algo (que parece que sí), luego pedir la salida del agresor, después silbar al techo pío pío que yo no he sido y, como novedad, acogerse a la voluntad de la víctima para dimitir. Un patrón del sanchismo, al que él se convirtió de hoz y coz hace siete años largos. Nada más llegar, destituyó a su amigo el coronel Manuel Sánchez Corbí, su mano derecha en la lucha contra ETA. El mismo que le salvó la vida a él y a su marido Gorka, con el que se casó nada más ser aprobado el matrimonio homosexual por Zapatero en 2005, cuando la banda intentó matarlos en Ezcaray. Todo porque Corbí denunció que los fondos reservados estaban paralizados. Jamás volvió a dirigirle la palabra.

De lo que sí se ha cansado es de decretar alertas antifascistas sustentándose en embustes, como las del chico que denunció una paliza homófoba en Malasaña y que finalmente confesó que nadie le pegó y que había mentido para evitar que su novio le dejara. O la bochornosa escena en la que Marlaska contó que había recibido, en el contexto de la campaña electoral madrileña de 2021, cartas que contenían cartuchos de bala y amenazas de muerte. Lo más desternillante es que el mismísimo ministro del Interior nunca contó las conclusiones de la investigación de ese episodio. Sin embargo, este ministro considerado icono gay, que hizo pública su homosexualidad en un libro publicado en 2006, no movió ni un dedo cuando, en un día del Orgullo, los diputados de Ciudadanos fueron insultados y acosados, pero como no eran «progres» no los defendió. Siempre que vienen mal dadas, se ha puesto de perfil: bien sea para esclarecer los brutales hechos del asalto a la valla de Melilla que dejó 37 muertes a un lado y otro de la frontera o para dotar de medios a los Cuerpos de Seguridad, a los que ha desprotegido tras anular la mal llamada «ley mordaza».

Tras la catástrofe en el Levante español, lo primero que hizo fue escaquearse y emitir una nota culpando de todo a Mazón. Y su penúltima trola fue afirmar que Pedro Sánchez había sufrido la violencia de ultraderechistas en Paiporta. Calla para seguir vivo políticamente porque su cabeza estuvo a punto de rodar el día que enfadó a Sánchez por la secreta compra de munición a Israel, lo que desbarató la imagen de Pedro cantando «Imagine». Vale más por lo que calla que por lo que dice -porque ni se ha dignado defender a la UCO de las arremetidas de Leire y los suyos- y en Moncloa saben que es mejor mantenerle si sigue cumpliendo su misión, aunque acumula escándalos y desastres como la falta de políticas migratorias, el blanqueamiento de ETA con el acercamiento de sus alimañas al País Vasco o la desprotección de los agentes que luchan contra el narcotráfico en el sur de España, dos de cuyos servidores perecieron en su desigual lucha contra las narcolanchas.

De aquellos días quedó grabada la imagen de una de las viudas negándole que entrara en la capilla ardiente. Por no hablar del oprobio, censurado hasta ocho veces por el Supremo, contra el coronel Pérez de los Cobos. Una venganza aplicada por Marlaska porque el servidor de la Benemérita se negó a facilitarle una información reservada por un juez. Es decir, por no querer delinquir. Uno de los ejemplos más vergonzosos en su dilatada biografía fue dejar que Puigdemont entrara en España en agosto de 2024 y se marchara de rositas ante nuestras narices, a pesar de que el Supremo le perseguía y le persigue por promover la secesión de Cataluña.

Marlaska pretende sobrevivir al peor de los desdoros: que su hombre de confianza, que juró proteger nuestras vidas, esté hoy encausado por violar a una subordinada. Sentado en su escaño esta semana, como el increíble hombre menguante, parece solo el fantasma de lo que un día fue. Dicen que es juez.