Los otros ministros de Sánchez que también crearon sociedades para pagar menos impuestos como Cabezón

Miembros del Gobierno y personas que formaron parte del Gobierno de Pedro Sánchez también contaron, y cuentan, con sociedades instrumentales a través de las cuales canalizan su patrimonio y reducen su factura fiscal. Estas estructuras se suman al entramado societario que utilizó Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, cuyo pasado empresarial ha sido objeto de atención pública por la utilización de sociedades con ramificaciones en el extranjero y administradores interpuestos.

Uno de los casos que más detalle ha permitido analizar es el de Nadia Calviño, exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía. Como desveló este periódico, el chalet familiar de su familia en la urbanización madrileña de Mirasierra no figura a nombre de la entonces dirigente socialista como persona física, sino a través de una sociedad patrimonial, Aldeal Consultores SL, controlada por su marido, Ignacio Manrique de Lara. La vivienda, de amplias dimensiones y ubicada en una de las zonas residenciales más cotizadas de la capital, está integrada en el balance de esa mercantil, lo que permite canalizar a través de la sociedad los gastos, amortizaciones y resultados contables vinculados al inmueble.

Las cuentas anuales de esa patrimonial reflejan la utilización de uno de los instrumentos habituales en este tipo de estructuras: la compensación de pérdidas para neutralizar el pago del Impuesto de Sociedades. En varios ejercicios, la sociedad declaró pérdidas o compensaciones que redujeron sustancialmente la cuota a ingresar a pesar de haber registrado ingresos en los mismos periodos. La técnica es conocida en el ámbito fiscal. El resultado contable negativo acumulado en ejercicios anteriores se utiliza para disminuir la base imponible futura. A ello se suman deducciones, amortizaciones de activos y gastos imputables a la sociedad que reducen la carga tributaria empresarial. La cuestión adquiere relevancia política por el perfil de quien, desde el Consejo de Ministros, defendía reformas fiscales y medidas de presión tributaria mientras su entorno familiar gestionaba su patrimonio a través de una estructura diseñada precisamente para optimizar impuestos.

Otro de los casos publicados por este periódico es el de José Luis Escrivá, exministro de Inclusión y actual gobernador del Banco de España. Antes de su entrada en el Ejecutivo, la adquisición de un inmueble en Benasque (Huesca) se articuló mediante Garesc 100 SL, una sociedad instrumental en la que su esposa figuraba como administradora. El inmueble no estaba directamente a nombre del entonces alto cargo, sino integrado en una compañía mercantil que permitía canalizar gastos, amortizaciones y costes asociados al bien a través del Impuesto de Sociedades. La utilización de personas interpuestas en la administración de la sociedad, una práctica frecuente en el ámbito empresarial, cobró especial interés cuando Escrivá asumió responsabilidades públicas y pasó a defender desde el Gobierno decisiones económicas y fiscales que chocaban con la estructura que él mismo usaba.

Pagar menos impuestos

La normativa permite este tipo de entramados siempre que se declaren correctamente y no exista una ocultación de titularidad real. Sin embargo, la existencia de sociedades instrumentales vinculadas a responsables públicos obliga a un escrutinio adicional cuando esas mismas personas diseñan o ejecutan políticas tributarias que afectan al conjunto de los contribuyentes. En el caso de Escrivá, la sociedad canalizaba la gestión del inmueble y permitía aplicar deducciones y amortizaciones que reducen la base imponible empresarial, una fórmula técnicamente válida pero políticamente incompatible con el discurso del propio Sánchez, que afirmó antes de llegar a La Moncloa que expulsaría de su equipo a cualquier persona que aprovechara este tipo de telarañas mercantiles para pagar menos impuestos.

El caso de Borja Cabezón, de la máxima confianza de Sánchez, ha vuelto a poner el foco en la utilización de estructuras societarias. Este dirigente del PSOE participó en una red empresarial articulada en torno a una Agrupación Europea de Interés Económico constituida en 2010, a través de la cual operaban sociedades con base en España y en el Reino Unido. Una de ellas, domiciliada en Londres, figuraba formalmente a nombre de administradores fiduciarios radicados fuera de España. El esquema permitía que parte de los beneficios se imputaran a la sociedad extranjera, reduciendo así la base imponible en España.

Esa estructura funcionó durante años y combinaba sociedades españolas con una mercantil británica cuyo control efectivo se ejercía a través de intermediarios. La utilización de administradores fiduciarios y la localización de la compañía en una jurisdicción distinta a la española añadían un grado de opacidad a la titularidad real y al reparto de beneficios. Desde el entorno del dirigente socialista se ha negado que exista irregularidad alguna o que haya participación oculta en sociedades extranjeras y se ha defendido que todas sus actividades fueron declaradas conforme a la normativa vigente. Sin embargo, la existencia de una arquitectura societaria con ramificaciones internacionales y reparto de beneficios fuera de España ha alimentado el debate político sobre la coherencia entre discurso fiscal del Gobierno y la práctica del entorno del presidente.