PP, Vox y Junts toman el control de la agenda parlamentaria contra los tabúes de la izquierda

La media mitad de Gabriel Rufián en su aventura para crear un frente plurinacional de izquierdas, Emilio Delgado, lo reconocía abiertamente el pasado miércoles en el acto que ambos protagonizaron: «Nos cuesta mucho desde la izquierda, a veces, hablar de seguridad. Cuando alguien vive en un barrio que es complicado, que su hijo no puede bajar a la plaza porque tiene problemas, esa persona necesita que la izquierda diga algo ahí también. Hay que retomar muchas banderas», opinó el diputado de Más Madrid en la Asamblea regional.

Ante una izquierda que ha empezado el año mirándose el ombligo y un Gobierno que rehúye el Congreso porque no tiene mayoría, la derecha ha tomado el control de la agenda en la reanudación del año parlamentario en la Cámara Baja. La dinámica ya venía observándose a finales de 2025, y en este 2026 se ha acentuado ostensiblemente.

En el Pleno de esta semana, que es el tercer Pleno ordinario de febrero y del año (enero está fuera del periodo ordinario de sesiones), se debatirán y votarán una proposición no de ley del PP para «la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en la Unión Europea» y una moción de Vox sobre la política migratoria del Gobierno de España.

No es una excepción, sino la tónica general: en los dos plenos anteriores, en el hemiciclo se ha hablado de inmigración, de delincuencia, del islamismo en España, de la degradación de las instituciones, del deterioro de la democracia, del maltrato al campo, de soberanía alimentaria y de la carestía de la vida y de la vivienda.

Son asuntos, todos ellos, introducidos en el orden del día por los partidos de la derecha. Se debate de lo que el PP, Vox y Junts quieren que se debata, con la izquierda obligada a zambullirse en los marcos ajenos. Es algo de lo que alertaba George Lakoff en su célebre No pienses en un elefante, que durante años fue un manual de consulta imprescindible para los socialistas (data de 2017). «Si mantienes su lenguaje y su marco, y te limitas a argumentar en contra, pierdes tú, porque refuerzas su marco», advertía en él Lakoff a los demócratas norteamericanos.

Y vaya si lo están sufriendo el PSOE y Sumar —sobre todo, aunque no solo—. Así ocurrió la semana pasada con la toma en consideración de una proposición de ley de Vox para prohibir el burka y el niqab, esgrimiendo como motivos «la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público».

La izquierda se enredó con su discurso feminista, difícilmente compatible con el velo integral. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llegó a defender el burka desde la sala de prensa de la Moncloa, invocando la libertad religiosa. La iniciativa, que contó con el apoyo del PP, no salió adelante por el voto en contra del PSOE y sus socios, pero abrió el camino: días después, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció que su Ministerio organizará en los próximos meses un «gran congreso» para tratar este asunto que, según sostuvo, tiene «muchas aristas constitucionales». «Desde el Gobierno de España y desde el Ministerio de Igualdad vamos a propiciar ese gran debate que probablemente nos lleve a tomar algunas decisiones políticas», añadió.

En ese Pleno, los diputados también debatieron una proposición no de ley de Vox sobre la defensa del campo, en favor de la soberanía alimentaria, y una moción del PP sobre «el evidente fracaso de las políticas en materia de vivienda de este Gobierno». Además, el grupo de Santiago Abascal interpeló a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sobre la política migratoria del Gobierno.

En el anterior, el de la semana del 10 de febrero, los socialistas se vieron obligados a cabalgar las contradicciones de estar atados a un partido independista, pero de derechas. El PSOE votó a favor de la proposición de ley orgánica de Junts que castiga la multirreincidencia, permitiendo así su remisión al Senado. Pocas veces una iniciativa genera tanto grado de consenso, porque también votaron a favor el PP, Vox, Junts, el PNV y UPN. En total, 302 diputados.

Que Vox y Junts votaran lo mismo fue bastante comentado, pero lo cierto es que no es tan extraordinario. Normalmente, coinciden en votar en contra de medidas del Gobierno (el decreto ómnibus, la senda de estabilidad del Ministerio de Hacienda, la jornada laboral de 37,5 horas...), aunque a veces también coinciden en votar a favor. Por ejemplo, Vox apoyó la ley ELA del partido de Puigdemont, aunque finalmente la que fue aprobada por las Cortes fue la del Ejecutivo.

Además, la votación de la multirreincidencia produjo un desgarro en la mayoría de investidura, porque todos los socios de izquierdas de Pedro Sánchez, menos ERC, que se abstuvo (por la sombra de Alianza Catalana), se opusieron y recriminaron al PSOE que asuma los marcos de la «ultraderecha».

También fue a ese Pleno una moción del PP sobre «la corrupción económica, política e institucional que afecta al Gobierno y el deterioro de la calidad democrática en nuestro país» y una interpelación a la ministra de Vivienda, también de los populares, «sobre el evidente fracaso de las políticas en materia de vivienda de este Gobierno».

El último Pleno de 2025, el de la semana del 9 de diciembre, contuvo en el orden del día una proposición no de ley del PP sobre la escalada del precio de los alimentos básicos; una interpelación de Vox al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la protección del sector porcino; y una moción del PP para que el ministro Félix Bolaños rindiera cuentas «del deterioro sin precedentes al que este Gobierno ha sometido a las instituciones del Estado».

Y mientras, el Consejo de Ministros desclasificando este martes por las bravas los documentos del golpe de Estado del 23F en su cuadragésimo quinto aniversario porque el Gobierno no ha conseguido aprobar la mil veces prometida Ley de Información Clasificada, bloqueada por Junts en el Congreso como otras 33.