Sánchez esconde el fracaso de su Ley de Información Clasificada tras el caramelo del 23-F

La desclasificación de los documentos relacionados con el 23-F que Pedro Sánchez anunció este lunes a través de las redes sociales esconde, en realidad, un gran fracaso. Es el reconocimiento implícito de que el Gobierno es incapaz de sacar adelante su proyecto de ley de Información Clasificada, que debía sustituir a la actual Ley de Secretos Oficiales -del franquismo- y que el PNV lleva años reclamando.

Es, en definitiva, una rendición a Junts, que tiene bloqueados 34 proyectos de ley del Ejecutivo en el Congreso. Disfrazada, eso sí, de triunfo de la democracia, cuando lo que hará el Ejecutivo es aprobar la desclasificación en el Consejo de Ministros y sin pasar por la Cámara Baja, como ya acostumbra. Ora con un plan de rearme de 10.471 millones de euros, ora con la regularización de medio millón de inmigrantes.

Después de muchas idas y venidas a lo largo de las dos últimas legislaturas, el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de julio el proyecto de ley de Información Clasificada, que el ministro Félix Bolaños anunció con toda la solemnidad en la sala de prensa de la Moncloa. El Gobierno había aprobado el anteproyecto (un borrador que luego ha de pasar por los órganos consultivos y los trámites de audiencia e información pública) tres años antes, en agosto de 2022. Se lo tomó con calma.

La norma preveía la desclasificación automática de documentos confidenciales por primera vez. Establecía cuatro categorías: alto secreto, secreto, confidencial y restringido, y a cada una le asignaba gradualmente un límite temporal de clasificación, teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido. Para los de alto secreto eran 45 años, prorrogables a otros 15 en caso de motivación. Este lunes se cumplen 45 años del 23-F.

La norma llegó a la Comisión de Justicia del Congreso y ahí ha seguido todo este tiempo; sin un solo avance, con sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas, con los socialistas dando una y otra vez patadas al mismo balón porque Carles Puigdemont no quería jugarlo. Para desesperación del PNV, que lleva desde el año 2016 reclamando a Mariano Rajoy primero, y a Pedro Sánchez después, la actualización de la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

Finalmente, la montaña ha parido un ratón, porque la desclasificación atañe solo al golpe de Estado. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, no ocultó su decepción este lunes, en una primera valoración del anuncio del presidente. «Efectivamente, la memoria no puede estar bajo llave. Por eso hay que seguir y desclasificar también los documentos sobre el caso Zabalza o los sucesos del 3 de marzo en Gasteiz. Y a partir de ahí, todos los demás. Hagamos memoria de verdad. Con todo», escribió en X. El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, también le recordó a Sánchez los deberes pendientes: «Falta, y animo a Pedro Sánchez a que lo diga en la revisión, la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales, porque estamos todavía en la ley de secretos oficiales del franquismo de 1968», afirmó.

La parálisis legislativa

El proyecto de ley de Información Clasificada es solo uno de los 34 que el Gobierno tiene empantanados en el Congreso. Incapaces, como lo son los socialistas, de articular mayorías que les permitan hacer algo más que gobernar por decreto ley. Muchos, cuando no la práctica totalidad, están condenados a decaer sin haber sido aprobados cuando el presidente decida disolver las Cortes y convocar las elecciones.

El listado ni siquiera incluye los decretos leyes del Consejo de Ministros que después el Congreso convalidó y decidió tramitar como proyectos de ley por presión de los grupos parlamentarios -que no por voluntad del PSOE-. Porque, contando estos últimos, la lista asciende a 60 proyectos de ley. Su tramitación se eterniza mediante constantes ampliaciones del plazo de enmiendas porque al PSOE cada vez le cuesta más llegar a acuerdos con sus socios de izquierdas y derechas independentistas y nacionalistas, con todos a la vez. También con Podemos.

En esa treintena amplia hay proyectos de ley que, incluso, vienen de la legislatura pasada. Es el caso de la Ley de Familias, ideada por Ione Belarra cuando era ministra de Derechos Sociales y repescada por su sucesor, Pablo Bustinduy. La norma está a punto de cumplir dos años atascada en las tuberías de la Cámara Baja.

También están a la sombra el polémico proyecto de ley orgánica con el que el ministro Bolaños pretende modificar de una sentada la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; la Ley Integral de Impulso de la Economía Social; la Ley de Industria y Autonomía Estratégica; la ley que ha de regular las actividades de los grupos de interés o lobbies (otra que lleva coleando varias legislaturas); la Ley de Impulso de la Economía Social; la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Rectificación; la Ley de la Función Pública; y la Ley reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, entre otras.