La comisión contra la corrupción creada por el Gobierno arranca saltándose sus propias normas

La Comisión Interministerial para el impulso del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, un órgano ideado por Pedro Sánchez para calmar la tempestad desatada por el caso Cerdán el pasado verano, ha empezado su andadura incumpliendo sus propias normas. Según el real decreto por el que se creó, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de agosto, la comisión debe reunirse al menos una vez al trimestre. Sin embargo, el Gobierno ha tardado siete meses en convocarla por primera vez.

Ello evidencia hasta qué punto el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, con el que el presidente trató de sobreponerse al ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE el pasado mes de junio fue un enorme eslogan. Y una huida hacia adelante. De hecho, ninguna de las 15 medidas que contenía el documento está hoy en vigor. Varias de ellas están incluidas en el anteproyecto de la Ley de Integridad Pública que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada, sin visos de que en el futuro lejano supere el trámite parlamentario por falta de apoyos. Otra es la creación de secciones especializadas en la lucha contra la corrupción en cada tribunal de instancia, de la que tampoco se tiene noticia.

Por el contrario, la puesta en funcionamiento de la Comisión Interministerial debería haber sido inmediata, porque ahí no entran en juego el Congreso ni las matemáticas parlamentarias: convocarla dependía únicamente de la voluntad y de la agenda de la vicepresidenta María Jesús Montero, que es quien la preside. «La Comisión será convocada por su Presidencia por decisión propia siempre que lo considere necesario, o a petición de alguno de sus miembros. En todo caso, se convocará de manera ordinaria trimestralmente», según el real decreto que le dio forma en agosto, el 711/2025.

Sus integrantes se reunieron este martes en la Moncloa para constituirla, bajo la batuta de Montero; quien, además de vicepresidenta, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE y candidata a tiempo parcial -de momento- en Andalucía, también preside este órgano interministerial con nula actividad en los últimos siete meses. Solventaron el trámite en apenas media hora antes del Consejo de Ministros. En el encuentro participaron el resto de los miembros: la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; y los ministros Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska, Ernest Urtasun y Óscar López.

Se suponía que también debía estar sentado a la mesa el responsable de la Agencia Independiente de Integridad Pública, pero es que esta aún no se ha constituido, así que difícilmente podía hacerlo. De hecho, dicha agencia forma parte de esa Ley de Integridad Pública, que va con mucho retraso: el Consejo de Ministros la vio en primera vuelta la semana pasada. En su lugar acudió la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Lidia Sánchez.

«Durante la sesión, la Comisión ha analizado el grado de avance del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, aprobado por el Consejo de Ministros en el marco del Plan de Acción para la Democracia, así como el calendario de desarrollo de sus principales medidas, orientadas a reforzar la integridad institucional, la transparencia pública y la prevención de prácticas corruptas en el conjunto de las administraciones», según explicó después el Ejecutivo.

Desde el Gobierno justificaron que la Comisión Interministerial no se haya reunido hasta ahora, que fue la semana pasada cuando el Gobierno dio luz verde al anteproyecto de la Ley de Integridad Pública, «que incorpora buena parte de las medidas contempladas en el Plan».

Es impensable que las Cortes lleguen a aprobar esa ley en esta legislatura, aunque los socialistas finjan que sí. Incluye, entre otras medidas, la obligatoriedad de que los partidos encarguen auditorías externas, así como que hagan públicas las donaciones que superen los 2.500 euros (cabe recordar que la Audiencia Nacional tiene abierta una pieza separada sobre la financiación del PSOE). Además, el endurecimiento del Código Penal para los delitos relacionados con la corrupción y elaborar un registro público con las empresas que tienen prohibido contratar con las administraciones públicas al haber sido condenados en firme sus responsables.

Cuando se creó, esta comisión interministerial hizo la decimoquinta de las creadas por Sánchez desde que llegó a la Presidencia, a mayores de las que ya existían de ejecutivos anteriores (la mayoría, inoperativas). En estos casi ocho años, el Gobierno ha ido creando una maraña de omisiones interministeriales y comisionados especiales que se suma a la ya de por sí mastodóntica estructura gubernamental, encabezada por los 22 ministerios.