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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece ante la Comisión de Interior del CongresoAlejandro Martínez Vélez / Europa Press

Marlaska anuncia una inspección de los protocolos policiales porque «algo falló» en el caso del ex-DAO

El titular de Interior defendió la actuación de su departamento porque dio un «cortísimo» espacio de tiempo al alto mando para que asumiera su responsabilidad y dimitiera

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzó este miércoles en el Congreso que su departamento realizaría una evaluación o inspección «extraordinaria» de los protocolos de acoso y agresión sexual en el seno de la Policía Nacional para determinar qué falló para que la víctima denunciante del ex número dos del cuerpo renunciara a las vías internas.

«Se trata de una medida extraordinaria. Es evidente que algo falló», señaló el ministro después de que los grupos de la comisión de Interior –excepto PNV, Sumar y Junts, que no asistió– le instaran a dar cuenta no solo del asunto objeto de la cita, la implementación de la baliza V-16,, sino también sobre la renuncia del comisario principal José Ángel González tras ser denunciado por una agresión sexual a una subordinada.

El PP, Vox y UPN le pidieron la dimisión ante el ataque «más grave» a la Policía, según el portavoz popular Ángel Ibáñez, que le reprochó al ministro «estar oculto» en esta grave crisis, en tanto que Ignacio Gil Lázaro, de Vox, le invitó a dejar el cargo «de inmediato» en el «Ministerio de los escándalos», en el que «huele a podrido».

Con menor beligerancia pero sí con contundencia, desde ERC Francesc-Marc Álvaro le pidió «hablar del tema» que afectaba a la «credibilidad» de la Policía y ponía en cuestión los sistemas de control sobre los comportamientos de sus altos mandos, en tanto que Jon Iñarritu, de Bildu, insistió en que, pese a que la V-16 era el motivo de la comparecencia, los portavoces le urgían respuestas sobre la denuncia al ex-DAO.

El ministro, que estaba preparado para dar explicaciones, usó más de cinco minutos para leer buena parte de las «tres reflexiones» que llevaba escritas sobre las consecuencias de la denuncia de agresión sexual de una inspectora contra el exmáximo responsable uniformado de la Policía Nacional.

Ha defendido que existen revisiones de esos protocolos —existen en la Policía desde 2022— pero que, ante la gravedad de los hechos, la Secretaría de Estado de Seguridad realizaría esta «evaluación extraordinaria» con la intención de determinar «por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió».

«Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera», zanjó antes de apostillar: «Queremos saber con precisión qué ocurrió en este caso y detectar posibles carencias en nuestros protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual o de otro tipo».

«Lo que la víctima denunció es simplemente gravísimo», continuó el titular del Interior, que reiteró que nada más tener conocimiento de la admisión a trámite de la querella –un juzgado citó al denunciado y a la mujer el próximo 17 de marzo– pidió en menos de dos horas la renuncia del comisario ya jubilado Jota, como así era apodado.

Marlaska defendió la actuación de su departamento porque dio un «cortísimo» espacio de tiempo al alto mando para que asumiera su responsabilidad y dimitiera. «Si él no asumía inmediatamente la responsabilidad, sabía que era cesado inmediatamente».

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece ante la Comisión de Interior del CongresoEuropa Press

Respecto a la denunciante, el ministro subrayó que era consciente del «dolor» que estos graves hechos le ocasionaron y le estaban ocasionando y que ella sabía «de primera mano que me tenía a mí, a todo el Ministerio del Interior y a toda la Policía Nacional a su disposición en todo lo que pudiera necesitar».

También fue contundente sobre los hechos «gravísimos» que figuraban en la querella y mostró su confianza plena en que la justicia depurara «con toda firmeza» las responsabilidades que pudieran corresponder al culpable de la agresión.

«Lo que no puedo tolerar», enfatizó, era que se pudiera usar este suceso para «denigrar» la reputación de la Policía o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o que se tratara de presentarlas como cuerpos «donde los agresores sexuales actúan con impunidad, porque simplemente no es cierto».