El CGPJ desconoce la tramitación que ha iniciado el Gobierno para incluir el aborto como un derecho constitucional

«A día de hoy», en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «no se sabe nada de la tramitación» que se le está dando a la reforma constitucional con la que el Gobierno aspira a incluir el aborto como un derecho fundamental, en nuestro ordenamiento. Según ha podido saber El Debate, ni el CGPJ, ni el Consejo Fiscal han sido requeridos por el Ejecutivo socialista para pronunciarse al respecto. A diferencia del Consejo de Estado que, este mismo jueves, avalaba un dictamen favorable a blindar constitucionalmente el aborto.

Si bien en sentido estricto, el Gobierno no está obligado a recabar ningún pronunciamiento más que el del Consejo de Estado, que sí debe ser escuchado de forma «preceptiva», en este tipo de iniciativas, entre la comunidad jurídica ha causado cierto malestar el hecho de que «se hurte a dos órganos especialistas» la posibilidad de manifestarse al respecto. En primer lugar porque «se trata de una actuación en la que se discute si el derecho al aborto puede quedar cristalizado sin una reforma agravada de la Constitución». En segundo término, porque la aprobación de este cambio estructural en la protección actual de la práctica, «va a suponer una cuestión de alto calado constitucional», además, de afectar, a futuro, a las «decisiones» que, en la práctica, tendrán que tomar sobre la materia jueces, magistrados y fiscales.

Así las cosas, cabría la posibilidad de que otros órganos constitucionales, como el Congreso o el Senado, por ejemplo, al igual que sucedió en con la Ley de Amnistía, activen tanto al CGPJ como al Consejo Fiscal, bajo las premisas de la relevancia que tendrá la actuación del Gobierno sobre el aborto, en materia de independencia judicial o en la aplicación del principio de igualdad.

El atajo del artículo 43 de la CE

El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, se pronunciaba, este mismo jueves, sobre el dictamen redactado por la ex ministra socialista de Sanidad María Luisa Carcedo que, de manera definitiva, ha resultado positivo a reconocer el aborto como un derecho en la Constitución y, por lo tanto, inamovible con independencia del signo del Ejecutivo de turno, tanto a nivel central, como en las diferentes autonomías.

Y lo hacía en base a un informe, adelantado por El Debate, el pasado 13 de febrero, favorable a que la interrupción voluntaria del embarazo se consolidase a través de su incorporación al artículo 43 de la Carta Magna –que reconoce el derecho a la protección de la salud–, en lugar de activando el mecanismo reforzado que habría supuesto incluirlo en el debate del derecho a la vida, recogido en el artículo 15 de la Carta Magna –con el que se abolió la pena de muerte en España, durante la Transición– y que se encuentra dentro del mismo Titulo I, pero en un Capítulo reforzado del texto.

No en vano, el carácter agrio de la deliberación y la disconformidad de una amplia representación de los vocales del órgano, obligaba a la ponente Carcedo a modificar su propuesta inicial. Aún así, ésta salió adelante en el segundo intento de votación en el que, aún así, se dieron un total de seis votos en contra: los de Herrero de Miñón (uno de los padres de la Constitución); Benigno Pendás García (presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas); José María Michavila Núñez (exministro de Justicia); Pedro María Sanz Alonso (expresidente del Gobierno de La Rioja); Juan Carlos Aparicio Pérez (exministro de Trabajo y Asuntos Sociales) y Teodoro López Calderón (Jefe del Estado Mayor de la Defensa).

Llamó la atención la ausencia de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, en la cita.