El alto cargo de Ribera detenido por la UCO usaba el estudio de decoración de su mujer para cobrar comisiones ilegales

Eugenio Domínguez, exsubdirector de Calidad Medioambiental del Ministerio de la Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea, ha sido detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusado de amañar declaraciones de impacto ambiental para favorecer proyectos energéticos a cambio del cobro de comisiones ilegales. Tal y como ha podido saber este periódico, los investigadores sospechan que parte de esas mordidas se canalizaban a través de un estudio de interiorismo vinculado a su esposa, utilizado presuntamente para dar salida al dinero procedente de los pagos mientras el funcionario mantenía capacidad de decisión sobre expedientes clave para el desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos.

Las pesquisas de los agentes, a las que ha tenido acceso El Debate, acreditan que la esposa del exalto cargo figura vinculada a dos sociedades: Estudio de Asesoramiento Dherco SL y Acorde Gestión SL. La primera de ellas fue constituida el 28 de agosto de 2023, una fecha que coincide con el periodo en el que la investigación sitúa el presunto cobro de comisiones por parte de Domínguez tras su jubilación del ministerio. Los especialistas en delitos económicos de la Guardia Civil tratan de determinar si se trataba de un negocio efectivo dedicado al asesoramiento en decoración o si, por el contrario, funcionaba como estructura instrumental para canalizar ingresos vinculados a la trama.

La actividad que ofrecía públicamente el estudio consistía en servicios de asesoramiento en decoración e interiorismo doméstico. Entre los trabajos que promocionaba se incluían la selección de materiales para reformas, elección de colores, mobiliario, azulejos o sanitarios, así como acompañamiento en compras para proyectos de vivienda. También se ofrecía asesoramiento integral en reformas y coordinación de presupuestos con empresas constructoras o de obra. Los investigadores revisan ahora si esas prestaciones se correspondían con una actividad real o si el negocio se utilizaba como pantalla para justificar entradas de dinero.

La investigación policial se centra en la actuación de Domínguez cuando ocupaba un puesto clave en el Ministerio para la Transición Ecológica, donde su departamento intervenía en la elaboración de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Este documento resulta determinante para la autorización de proyectos energéticos o industriales, ya que evalúa si una instalación puede desarrollarse sin causar daños significativos al entorno natural. Las declaraciones de impacto ambiental son un procedimiento técnico complejo. Los proyectos deben someterse a estudios detallados que analizan su afección sobre fauna, flora, paisaje, recursos hídricos o suelos. Si el informe concluye que el impacto es incompatible con la protección ambiental, la administración puede bloquear la iniciativa. En cambio, una DIA favorable abre la puerta a que la instalación obtenga permisos administrativos y financiación.

Los investigadores sostienen que Domínguez utilizó su posición para alterar evaluaciones ambientales, facilitando que determinados proyectos obtuvieran resoluciones favorables pese a no cumplir los requisitos técnicos. Según fuentes de la investigación, la empresa energética aragonesa Forestalia figura entre las principales beneficiarias de esas decisiones administrativas. Los agentes sospechan que el exalto cargo presionaba a funcionarios de su departamento para que las evaluaciones técnicas concluyeran de forma favorable a determinados proyectos eólicos o solares. A cambio, según las pesquisas policiales, recibía contraprestaciones económicas que podían materializarse en pagos directos, participaciones societarias o transferencias a través de terceros.

Se paralizó su jubilación

En esta línea, la investigación apunta también a la posible utilización de sociedades instrumentales y personas interpuestas para ocultar el origen del dinero. Los investigadores analizan además la participación de intermediarios, entre ellos un notario que habría intervenido en la formalización de operaciones vinculadas a las empresas bajo sospecha. La operación policial se saldó con la detención de varias personas. Además de Domínguez, fue arrestada su esposa, así como Fernando Samper, presidente de Forestalia, y otros implicados vinculados a sociedades que han participado en el entramado económico bajo investigación.

Uno de los elementos que ha llamado la atención de los investigadores es la continuidad administrativa que mantuvo Domínguez en el Ministerio tras su jubilación. Coincidiendo con el periodo en el que la investigación sitúa la manipulación de expedientes ambientales, el funcionario recibió un contrato de asesoramiento con rango equivalente al nivel 30 de la Administración, la categoría más alta de la función pública. Ese contrato fue formalizado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y permitió que Domínguez continuara trabajando en la tramitación de proyectos energéticos durante varios meses después de su salida oficial del puesto. Según los investigadores, ese periodo coincide con una etapa en la que se intensificaron las presuntas irregularidades detectadas en expedientes ambientales relacionados con parques eólicos.

Las pesquisas policiales se centran ahora en analizar decenas de proyectos energéticos que obtuvieron declaraciones de impacto ambiental favorables en ese periodo. Según fuentes próximas a la investigación, algunos de esos expedientes estaban relacionados con instalaciones proyectadas en Aragón y, en particular, con desarrollos eólicos de Forestalia. Los agentes revisan actualmente la documentación incautada en registros realizados en domicilios y sedes empresariales. La investigación continúa bajo de sumario y se encuentra dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, que coordina las diligencias con la Fiscalía especializada en delitos medioambientales.