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Montaje fábrica de DNIsEl Debate

Las «fábricas» de DNI y el robot que redefine España

Al tsunami de nacionalidades vía Memoria Democrática hay que añadir el acelerón desplegado por el Ejecutivo activando la Inteligencia Artificial para resolver los expedientes de nacionalización

La norma que equipara el DNI físico con el digital introduce una mutación institucional estratégica al convertir los consulados y embajadas en centros expendedores de identidad nacional.

En realidad, lo que Moncloa introdujo por la vía del Real Decreto presentado por Marlaska el 1 de abril pasado era otro cambio de profundo calado en España que nuevamente pasó sin debate público previo y sin preguntas incómodas.

Hasta entonces, el DNI solo podía obtenerse en España de manera presencial y física. Ahora, si Interior y Exteriores lo acuerdan, puede expedirse al menos desde los 178 consulados de carrera y toda la red de embajadas.

En la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 255/2025 el Ejecutivo de Sánchez establece que «las personas con nacionalidad española que se encuentren en el exterior podrán solicitar que se les expida el Documento Nacional de Identidad en las embajadas y consulados en los que la Dirección General de la Policía cuente con los recursos técnicos y humanos necesarios para su expedición».

Albares y Marlaska lo ocultaron en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

En la misma rueda de prensa en la que Grande-Marlaska anunciaba la aprobación del Real Decreto del DNI digital, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, presentaba la Estrategia Acción Exterior del Gobierno 2025- 2028.

Ninguno de los dos mencionó la disposición que incorporaba una novedad de tan singular alcance y trascendencia.

Tampoco sus respectivos departamentos de comunicación hacían la menor referencia al asunto. Ni la nota de prensa de Interior con los detalles del real decreto ni la Estrategia de Acción Exterior mencionaban el cambio estratégico de convertir a los consulados y embajadas en centros expendedores de DNI.

En un foro de mucha menor importancia el número dos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Xavier Martí Martí, anunció al día siguiente que ya estaban preparando un proyecto piloto para expedir DNIs en la red de consulados y embajadas en colaboración con el Ministerio del Interior, para sorpresa de los asistentes al Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).

El subsecretario de Albares avanzó también la apertura de dos nuevos consulados, uno en la localidad cubana de Camagüey y en India, así como la implantación del nuevo sistema de Registro Civil electrónico y único (DICIREG) en 2025.

¿Por qué ni Marlaska ni Albares mencionaron la novedad de la expedición de DNIs fuera de España ni que el Gobierno estaba ya diseñando el proyecto piloto?

Ese mismo día, el presidente del Ejecutivo asistió en solitario a la presentación de la aplicación del DNI en el móvil en el madrileño complejo policial de Canillas. Sin ningún ministro y sin declaraciones.

Una imagen vale más que mil palabras: el DNI digital es obra de Pedro Sánchez.

El tsunami de la Memoria Democrática

La Ley de Memoria Democrática aprobada por el Congreso en julio de 2022 gracias a que Bildu salvó la votación a cambio de ampliar la investigación de violaciones de derechos humanos hasta diciembre de 1983, ha provocado que más de 2,3 millones de presuntos descendientes de exiliados o emigrantes españoles pidan la nacionalidad.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmaba el pasado 18 de noviembre que ya se les ha concedido este derecho a medio millón de solicitantes acogiéndose a esta ley.

La avalancha de nuevas peticiones de nacionalidad ha sido posible debido a que la Disposición Adicional Octava de la ley sanchista abre la puerta a todos aquellos nacidos fuera de España con «algún padre, madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».

Mientras que la Ley de Memoria Histórica de Zapatero «solo» concedió la nacionalidad a 241.763 personas, la actual ley de Sánchez y Bildu multiplica por diez las solicitudes. Tan solo en Argentina han solicitado acogerse a ella alrededor de un millón de personas. Cuba, México, Brasil y Miami le siguen en la lista.

El Partido Popular presentó en diciembre pasado una batería de preguntas al respecto. Considera que este volumen «sin precedentes de solicitudes» tramitados en los consulados españoles «plantea dudas sobre la capacidad real del sistema, la seguridad jurídica, la fiabilidad de los controles, los mecanismos de verificación documental y el impacto en el modelo de la nacionalización, que ya ha experimentado incrementos muy significativos en los últimos años».

El robot de Sánchez que decide quién es español

Al tsunami de nacionalidades vía Memoria Democrática hay que añadir el acelerón desplegado por el Ejecutivo activando la Inteligencia Artificial para resolver los expedientes de nacionalización. Desde finales de 2022 el robot del Gobierno provocó un incremento del 300 % de resolución de expedientes.

El triministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, metió el turbo definitivo.

La IA sanchista trabaja en paralelo cinco procesos robotizados: concesiones por residencia, concesiones sefardíes, denegaciones, comprobaciones con la DG de la Policía y la carga de información del Instituto Cervantes. El organismo dirigido por Luis García Montero es el responsable de elaborar y administrar los dos exámenes obligatorios: la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE) y, si aplica, el diploma de español.

El resultado es abrumador: de agosto de 2022 a enero de 2025 se han realizado 3.873.784 procesos robotizados generando 3.000 propuestas de concesión de la nacionalidad española al día.

Lo más sorprendente de las 780.000 propuestas de concesión mediante la automatización de los expedientes de nacionalidad española por residencia se han aprobado «más de 780.000», según el propio Ministerio de Justicia.

Comunicado del Ministerio de JusticiaCaptura de pantalla

La minuciosa información del éxito de la automatización de los procesos en la Administración de Justicia fue presentada por la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia (DGTDAJ) durante el II Congreso de IA, Derecho que tuvo lugar el 22 de mayo de 2025 organizado por la Fundación Lefevre.

¿Cómo es posible que se aprueben de forma automática por la IA más de 780.000 propuestas de concesión de nacionalidad española de un total de 780.000 propuestas? Salvo error en la publicación, algo no cuadra en los datos del ministerio.

Cabe preguntarse también cuántas nacionalidades más se han concedido por este método hasta hoy.

Y, sobre todo, ¿qué auditoría independiente supervisa ese algoritmo que automatiza la concesión de la nacionalidad española? ¿Dónde están los informes públicos sobre sesgos? ¿Quién valida las validaciones?

Salto exponencial en la reconfiguración demográfica

Este salto exponencial en la reconfiguración demográfica de España no es simplemente eficiencia en los trámites administrativos. Es una reestructuración del poder porque la nacionalidad no es solo un DNI o pasaporte, es censo, es decir, votos. En román paladino, redistribución del poder político.

Moncloa ha implementado a varias bandas un potente artefacto que cierra el círculo de la cadena de producción de nuevos españoles: nacionalidades concedidas + Registro Civil Digital (DICIREG) + IA resolviendo expedientes (sin control externo) + red consular y embajadas habilitadas para expedir los DNI = millones de nuevos españoles desde Buenos Aires a Camagüey sin pisar territorio español y sin mayor control que los peones de Marlaska y Albares junto a su algoritmo de diseño.

Lo que el Gobierno presenta como modernización, es un cambio del censo en toda regla que va del BOE a las urnas.

Acelerar simultáneamente la concesión masiva de nacionalidades vía Memoria Democrática, la robotización de concesión de expedientes vía residencia y la expedición en el exterior de DNIs digitales, redefine el perímetro político de España, la nueva frontera del poder sanchista.

Todo ello sin contar con el proceso de regularización de inmigrantes que el presidente se sacó de la manga en enero, supuestamente para contentar a Podemos. La «teoría del reemplazo» con la que «barrer de fachas y racistas este país con gente migrante y trabajadora» plasmada por Irene Montero cobra una vigencia con el DNI digital y el robot de Sánchez que redefine España verdaderamente alarmante.