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La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres

Juicio del 'caso mascarillas'. Día 1

Torres y Armengol se desentienden de las irregularidades: «Nunca hablé con Ábalos sobre la compra de material sanitario»

La presidenta del Congreso y el actual ministro de Política Territorial han respondido, por escrito, al Supremo, en su calidad de testigos en el juicio que ha sentado en el banquillo al ex ministro José Luis Ábalos, a quien han salvado, y su ex asesor Koldo García Izaguirre

Francina Armengol y Ángel Víctor Torres han testificado, por escrito, como les autorizó el Supremo, en el marco del 'caso mascarillas', por su etapa como presidentes de la Comunidad Autónoma de la Islas Baleares y Canarias, respectivamente. Cabe recordar que ambos solicitaron al Alto Tribunal acogerse al privilegio procesal del que disponen, en el ejercicio de sus actuales cargos, como presidenta del Congreso de los Diputados y ministro de Política Territorial.

Y en sendos documentos, a los que ha dado lectura la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) presente en la Sala de vistas, se han desentendido de cualquier vinculación o contacto con los responsables de la «organización criminal» destinada a la adjudicación, bajo sospecha, de los contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, de la que es propietario el tercer procesado y principal comisionista, Víctor de Aldama.

La presidenta de Baleares no realiza contrataciones ni transmite indicaciones sobre a quién se debe contratarFrancina ArmengolPresidenta del Congreso

Así las cosas, Armengol ha declarado explicado que, al frente del Ejecutivo balear, no estaba dentro de sus funciones ni el formalizar contratos, ni dar indicaciones sobre a quién asignarlos, en el marco de las pesquisas que apuntan a que su administración regional efectuó varias adquisiciones a la empresa de Aldama. De hecho, ha sostenido que conoció el expediente investigado en el marco del procedimiento, cuando fue publicado en los medios de comunicación.

Armengol ha insistido en varias ocasiones que quien tomó las decisiones correspondientes sobre el material necesario, en un contexto de «escasez» e «incertidumbre» fueron, en todo caso, los órganos de contratación del Servicio de Salud, siempre respondiendo a criterios técnicos y legales. Decisiones que ella respetó, como también ha asegurado haberlo hecho Torres, en el marco de su jurisdicción, donde han negado haber detectado «irregularidad» alguna.

Pese a que, en líneas generales, Armengol ha declarado de manera favorable para el ex ministro de Ábalos, la defensa de Koldo García Izaguirre ha criticado el contenido «inútil» de los documentos presentados por las partes a las que «nosotros nunca hubiéramos formulado estas preguntas (...,) que son absolutamente inútiles para nuestro objetivo», ha sostenido la letrada de la defensa de Koldo, Leticia de la Hoz.

Por su parte, la hoy presidenta del Congreso de los Diputados ha negado haber tenido contacto alguno con Ábalos en relación al objeto central del procedimiento. «Nunca he hablado con él de contratación de material sanitario», ha afirmado, «ni me hizo referencia a ninguna empresa».

Mientras tanto, en relación con Koldo, Armengol sí ha admitido, como ha resultado acreditado en diferentes informaciones periodísticas, que el ex asesor ministerial se puso en contacto con su Administración para ofrecerle la posibilidad de comprar material sanitario, ante lo que Armengol ha defendido no recordar «todas las comunicaciones que se produjeron en ese momento, que sistemáticamente derivábamos a los servicios de salud».

«No recuerdo sus mensajes», ha insistido, aunque «sí puedo decir con absoluta seguridad que» cualquier ofrecimiento en este sentido, «lo remití al órgano responsable de la contratación. Eso fue lo que hice siempre. Nunca he hablado con Koldo García sobre expedientes de compra».

Sobre Koldo, Torres sí ha reconocido que se comunicó con él, una vez «entregadas las mascarillas», para manifestarle «su preocupación por el incumplimiento del contrato en cuanto al pago a Soluciones de Gestión» que era la empresa que las había proporcionado a Canarias. Ante dicha reclamación, Torres hizo «seguimiento de estos expedientes para tener la tranquilidad de que se le daba la correspondiente respuesta administrativa, respetando los criterios del Servicio Canario de Salud».

Es decir, de acuerdo con las manifestaciones escritas trasladadas por el hoy ministro de Sánchez, su única participación en los hechos objeto de investigación se limitaron a la etapa «posterior» a la contratación. «No di ninguna orden respecto a Soluciones de Gestión. Estas intervenciones por mi parte fueron habituales y las hice también con Binter, Hospital de San Roque,...», ha apostillado Torres.