Una militante del sindicato de inquilinas protesta durante un debate sobre vivienda en el Congreso de los Diputados
Expulsan del Congreso a dos activistas del Sindicato de Inquilinas por pedir a gritos que bajen los alquileres
Una de ellas ha lanzado los pasquines en los que se podía leer: «Diputados, ¿el día 28 de qué lado vais a estar? ¿De las vecinas o de los rentistas?»
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha ordenado desalojar del hemiciclo a dos activistas del Sindicato de Inquilinas que han pedido a gritos desde la tribuna de invitados que se baje el «precio de los alquileres» y han tirado octavillas a favor de la aprobación del decreto ley de vivienda que se votará en el Pleno la próxima semana.
El incidente ha tenido lugar al inicio de la sesión plenaria, cuando se debatía una proposición de ley del PP con medidas sobre vivienda. Mientras hablaba la diputada 'popular' María Soledad Cruz-Guzmán, una de las jóvenes ha gritado «pase lo que pase, hay que bajar el precio de los alquileres».
«No pueden alterar el orden», le ha advertido Armengol, quien ha ordenado el desalojo de las dos activistas. Antes de abandonar la tribuna de invitados, una de ellas ha lanzado los pasquines en los que se podía leer: «Diputados, el día 28 de qué lado vais a estar, de las vecinas o de los rentistas?».
Octavillas lanzadas por miembros del Sindicato de Inquilinos en el Pleno del Congreso.
A su vez, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha criticado este martes el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 al considerar «insuficiente» su dotación real y porque, a su juicio, no permitirá ampliar el parque público. Esta entidad señala en un comunicado que el anuncio del Ejecutivo tiene lugar en un contexto en el que el acceso a la vivienda es «una de las principales preocupaciones sociales».
El presupuesto anunciado de 7.000 millones de euros en cinco años, argumenta el Sindicato de Inquilinas, se reduce en la práctica a 336 millones anuales destinados a vivienda protegida, tras descontar la aportación autonómica. Esta última cifra, sostienen, representa «apenas el 1 % del gasto militar anual», que es de 33.000 millones de euros al año, lo que consideran un nivel de inversión «ridículo» frente a la magnitud de la crisis habitacional.
En el comunicado, han asegurado que «una inversión así no permite ampliar de forma significativa el parque público de vivienda», además de impedir retirar a la vivienda «del ciclo especulativo ni frenar la espiral alcista de precios». La confederación ha criticado que el plan no incluya medidas para regular los alquileres de forma efectiva ni para avanzar hacia contratos indefinidos o prórrogas obligatorias. Así mismo, denuncian la ausencia de mecanismos para intervenir en la compraventa de vivienda o penalizar a grandes tenedores que mantienen pisos vacíos. A su juicio, el enfoque actual destina recursos públicos a complementar el mercado en lugar de corregir sus desequilibrios y, en este sentido, defienden que es necesario «una regulación e intervención pública para expulsar la especulación y bajar los precios, no más incentivos al mercado».