El Gobierno acusa al PP de torpedear la regularización desde sus ayuntamientos ante el caos inicial

El Gobierno ha acusado al PP de dar «directrices políticas» a sus ayuntamientos para que torpedeen el proceso de regularización masiva, que en sus primeros días ha provocado escenas de caos y largas colas en muchos consistorios. La razón es que los Servicios Sociales de estos son expendedores del certificado de vulnerabilidad, preceptivo en algunos casos (no en aquellos en los que el demandante se acoge a los supuestos de arraigo laboral o familiar).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz destacó la colaboración de muchos funcionarios públicos y ayuntamientos, y la contrapuso a la de «otros que, siguiendo directrices políticas del PP, están boicoteando no ya al Gobierno, boicoteando las esperanzas y los derechos de miles de personas. El PP está solo y desdibujado en su boicot al procedimiento de regularización», lamentó.

Preguntada después por casos concretos, Elma Saiz señaló directamente al Ayuntamiento de Madrid, y destacó la paradoja de que la Comunidad de Madrid se diga «amiga de las personas migrantes», especialmente de los hispanoamericanos, que representan dos de cada tres solicitantes. «Qué incoherencia».

Saiz restó importancia a la vorágine inicial y dejó claro que el proceso se extenderá hasta el 30 de junio como estaba previsto, sin posibilidad de prórroga. La portavoz, que también es ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, anunció que su departamento va a mantener reuniones con la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP. Ahora, con el procedimiento ya iniciado.

La ministra dio las primeras cifras: 60.656 solicitudes presentadas, de ellas 5.454 de forma presencial. Hasta el 30 de abril ya hay 35.966 citas asignadas. Uno de los aspectos que mayor polémica y confusión ha generado es la circular de Instituciones Penitenciarias pidiendo a las prisiones que informen a los presos extranjeros de esta regularización extraordinaria.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que Instituciones Penitenciarias está «cumpliendo con sus obligaciones» y que ningún preso con antecedentes penales tendrá permiso de residencia, como así lo estipula el real decreto aprobado por el Gobierno la semana pasada. Los presos preventivos, como también las personas en libertad, serán evaluadas por la Policía Nacional por si pudieran suponer un riesgo para la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos. «Ninguna persona con antecedentes penales va a ser regularizada. Evidentemente, los presos condenados tienen antecedentes penales. También hay gente en libertad que, después de cumplir pena, sigue teniendo antecedentes penales, y tampoco es susceptible de regularización. Hay presos preventivos que pueden tener antecedentes penales por hechos por los que han sido condenados anteriormente y que todavía estén vivos. Tampoco tienen opción alguna a ser regularizados, porque es requisito imprescindible es carecer de antecedentes penales», enumeró el ministro.

Tanto Grande-Marlaska como Saiz defendieron que éste es «un procedimiento muy garantista para el solicitante y para el conjunto de la sociedad», a pesar de las denuncias del PP y Vox.