Vox acusa al PP de «boicotear» el pacto extremeño y Feijóo defiende «lo que está firmado»

La cuestión de la prioridad nacional ha despertado críticas entre la izquierda y en algunas voces del Partido Popular. Este martes en rueda de prensa la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha denunciado que líderes regionales del PP, como Juanma Moreno Bonilla o Isabel Díaz Ayuso, sin citarles, están «boicoteando» el acuerdo suscrito para Extremadura, y ha advertido a la formación de Alberto Núñez Feijóo de «consecuencias» si no cumple con ese concepto de prioridad nacional que se recoge en el pacto de gobernabilidad firmado.

El presidente andaluz en funciones ha marcado distancia con ese acuerdo, en plena precampaña electora, y ha asegurado que «es un lío» pactar con Vox, y la presidenta madrileña tildó ayer de «ilegal» el concepto de prioridad nacional. Así, Millán ha señalado que consideran la estrategia de los populares «bastante extraña» y le ha instado a ser «más responsable y respetuoso con un acuerdo que es, ni más ni menos, la voluntad popular de los extremeños».

Por parte de la dirección nacional del PP, la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha negado boicot, y ha defendido que su partido es «coherente» con lo firmado en ese pacto y con lo que dice públicamente. Según ha señalado, el PP ha demostrado su «voluntad de diálogo» y es «coherente» con lo que han pedido los extremeños en las urnas, y se ha felicitado de que el acuerdo «es bueno para los extremeños». «Creo que se ha llegado a un acuerdo positivo», ha afirmado en declaraciones a los medios.

Vox remarca que el concepto significa que los españoles van primero a la hora de recibir servicios públicos y ayudas, y fuentes del partido precisan que la idea es establecer una serie de criterios y requisitos, por ejemplo, años de residencia, que garanticen que los recursos acaben en manos de españoles. No obstante, admiten que un porcentaje mínimo de inmigrantes podrían beneficiarse eventualmente. El PP, por su parte, rebaja el concepto, lo vincula al arraigo y lo ligan a un sistema de baremos, garantizando que los inmigrantes legales no serán discriminados frente a españoles de nacimiento.

Desde el Gobierno extremeño en funciones, la portavoz, Elena Manzano, ha mostrado esta mañana «máximo respeto institucional» a «cualquier consideración» que se pueda realizar sobre el acuerdo PP-Vox en Extremadura, tras las declaraciones de algunos barones populares, y ha invitado a «todos los ciudadanos, incluidos los presidentes de las CCAA» a leerlo «con detenimiento» para comprobar que se basa en «los principios de legalidad, igualdad y justicia».

La moción de Vox y la aclaración de Feijóo

El PP presentó este martes una enmienda a una moción de Vox sobre inmigración que se votará en el Congreso para que se adecue al texto aprobado por ambos partidos en Extremadura, todo ello en plena polémica por cómo entienden las formaciones el concepto de «prioridad nacional».

El PP ha informado en un comunicado que con la enmienda se pretende traer al Congreso de los Diputados «el alma del acuerdo de Extremadura», signado por las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal el pasado jueves.

La enmienda pide que se promueva el acceso a todas las ayudas subvenciones y prestaciones públicas, así como a la vivienda protegida y al alquiler social, inspirándose en el principio de prioridad nacional y que este implica que se procure «la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».

Muñoz explicó que el partido ha presentado la enmienda porque quieren que refleje el espíritu del pacto de Extremadura y que el texto de la enmienda es «prácticamente literal» al acordado con Vox.

Alberto Núñez Feijóo subrayó ayer por la tarde que su formación aplicará el acuerdo alcanzado con Vox en Extremadura «siempre de acuerdo a las leyes» y ha insistido en que la concesión de las ayudas y prestaciones en la región se harán basadas en el «arraigo» de los solicitantes «con independencia» de su nacionalidad.

«Lo importante no es lo que consideramos, sino lo que está firmado y lo que está escrito. Y lo que se está firmado, que se está practicando en otras comunidades autónomas de distinto signo, es valorar el tiempo que lleva una persona viviendo en un ayuntamiento, en la comunidad o en el país, siempre de acuerdo con las leyes», ha añadido.